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Santo Domingo, 8 mar (INS).- El Departamento de Estado de EEUU habría cancelado el visado a los 14 implicados en el expediente por soborno promovido en el país por la constructora brasileña Odebrecht, entre ellos exministros, políticos, legisladores y empresarios.
La información es reseñada por el periódico El Nacional, que cita a una fuente de alto nivel de la legación diplomática estadounidense en el país.
El diario indica que un fiscal especial de Nueva York le da seguimiento al caso que lleva una de las salas de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana.
La medida afecta a dos senadores y un diputado, a quienes a pesar de poseer pasaportes oficiales, también Estados Unidos habría ordenado a su embajada en República Dominicana suspenderles los visados B1-B2.
Los perjudicados son el exministro Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, exdiputado Ruddy González; el expresidente del Senado, Andrés Bautista, el exministro Temístocles Montás; César Sánchez, Máximo De Óleo, Radhamés Segura, Roberto Rodríguez Hernández y Bernardo Castellanos.
Al empresario Ángel Rondón Rijo le habían quitado la visa en medio del proceso, mientras los legisladores afectados con sus visas de turismo son los senadores oficialistas Tommy Alberto Galán y Julio César Valentín, así como el diputado opositor Alfredo Pacheco Osoria.
Rondón Rijo, conocido como “El hombre del maletín”, es señalado como el enlace de Odebrecht que distribuyó 92 millones de dólares en sobornos para favorecer a la multinacional suramericana con contratos de infraestructuras públicas.
De acuerdo al protocolo de la embajada de Estados Unidos, es posible que algunos de los encartados no se hayan enterado de la medida, ya que generalmente se enteran al momento de intentar salir del país.
Al grupo se le atribuyen los delitos de soborno, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, conforme lo establecen los artículos 2 y 3 de la Ley 448-06 sobre soborno; 123, 124, 166, 167, 169, 171, 172, 175, 176, 265 y 266 del Código Penal; 2 y 7 de la 82-79 sobre declaración jurada de patrimonio que era la norma vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos; y 3, 7 y 18 de la Ley 72-02 sobre lavado de activos.
El 26 de diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó al mundo sobre una violación de la ley de prácticas corruptas y de un acuerdo entre dicho departamento de justicia y la empresa constructora Odebrecht.
En la tarde de ese mismo día, la Procuraduría General de la República convocó a las instituciones oficiales dominicanas y sus responsables a depositar los contratos suscritos con la empresa brasileña.
Entre el 10 y el 17 de enero de 2017, fiscales ayudantes del procurador interrogaron a Marcelo Hofke, representante local de la empresa, quien habría admitido el pago de los sobornos.
El 7 de junio, el juez especial de la Instrucción en la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, dictó prisión preventiva para 9 de los 14 imputados, dos arrestos domiciliarios, y a los tres legisladores impuso garantía económica millonaria, presentación periódica e impedimento de salida del país.
El 8 de agosto de 2017 el magistrado varió la medida de coerción de prisión preventiva a presentación periódica, impedimento de salida y garantía económica a Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, los únicos que hasta ese momento guardaban prisión.
El 31 de enero, la Procuraduría recibió el cheque 44588 emitido por Odebrecht por 30 millones de dólares, por concepto de un avance de indemnización luego de firmarse un acuerdo de homologación.
Se recuerda que el 20 de diciembre de 2017, Estados Unidos anunció acciones contra las personas que han cometido abusos contra los Derechos Humanos o actos de corrupción a nivel mundial. INS
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