Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el jueves 8 de marzo de 2018
P. Rico-Atiende Sistema de Retiro posibles reclamos como parte del Título III de Promesa
San Juan, 8 mar (INS).- Los participantes y pensionados del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno que recibieron notificaciones como parte de los procedimientos del Título III de la legislación federal Promesa, no deben alarmarse ni preocuparse, ya que sus posibles reclamos están siendo atendidos dentro del procedimiento legal en curso.
El administrador de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (ASR), Luis M. Collazo Rodríguez, aclaró ayer que el aviso enviado es parte de un procedimiento legal que requiere notificación adecuada.
“No deben preocuparse sobre las reclamaciones que puedan tener en relación a sus aportaciones, derechos de pensión y beneficios, ya que seguirán manteniendo sus derechos durante el proceso legal en curso”, destacó.
Collazo Rodríguez dijo que deben tener presente, sin embargo, que como pensionados, participantes o miembros del Sistema de Retiro no se les requiere que completen y devuelvan el formulario como evidencia de reclamación.
La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) indicó previamente que con respecto a beneficios por pensión y cualquier otro beneficio posterior a la jubilación, cualquier jubilado, empleado activo y exempleado de un deudor, según el Título III, o cualquier persona que participe o haya participado de un plan de pensiones administrado por un deudor, según el Título III, y cualquier beneficiario de las personas mencionadas anteriormente, están exentos de presentar una reclamación conforme a la orden emitida por la jueza federal Laura Taylor Swain, que atiende la bancarrota de Puerto Rico.
Esto incluye, además, a cualquier exempleado de un deudor del Título III que reciba una pensión anticipada, un incentivo financiero u otros beneficios provistos en virtud de la Ley 70 del 2010 o la Ley 211 del 2015 o leyes similares, explicó Collazo Rodríguez.
El funcionario aseguró que quienes necesiten llenar el formulario y presentar una reclamación, deberán consultarlo con sus asesores o llamar al número 844-822-9231 para más información. También, pueden enviar un correo electrónico a puertoricoinfo@primeclerk.com. INS
P. Rico-Comisión de Energía “o sucesora” no intervendrá en negociación de venta de la AEE, se reducirá al control tarifario
San Juan, 8 mar (INS).- La Comisión de Energía de Puerto Rico será transformada para adecuarse a la nueva realidad que confrontará el país con la privatización de todo el sistema eléctrico.
Inclusive, en tres ocasiones ayer Christian Sobrino, junto a Omar Marrero ante la prensa para explicar el proyecto de ley en La Fortaleza, aludió la Comisión de Energía “o su sucesora”.
La nueva realidad es que no existirá más en Puerto Rico un servicio público de generación y transmisión energética, en manos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). No obstante, hay dos empresas privadas que generan energía eléctrica, que venden a la AEE a menor precio, la carbonera AES y Ecoeléctrica.
No obstante, la Comisión o sucesora permanecerá regulando las tarifas, pero con una nueva serie de funcionarios, que pueden incluir al sector privado regulado, los cuales ahora no integran la Comisión.
La privatización de la AEE, cuyo proyecto ya se encuentra ante la Legislatura, incluirá no solo de la generación, sino que habrá concesionarios privados “a largo plazo” para la transmisión y distribución.
Se explorará el mercado y entonces se diseñará “el producto de la transacción”.
Sobrino indicó a la agencia Inter News Service (INS) que la Comisión será fortalecida con la inclusión de nuevos miembros. “Se habla de sucesora porque es un issue técnico-legal”, dijo Sobrino.
“La Autoridad queda, hasta cierto punto, en ley. De la misma manera por ejemplo de Puertos (la Autoridad), que no corre el aeropuerto, pero sí existe. Y si quitaras ahora los puertos marítimos, va a continuar existiendo como entidad legal. Porque es la entidad legal que contiene el derecho, es un aspecto puramente técnico, porque esa entidad que tiene la facultad delegada en ley para llevar a cabo ciertas operaciones, al concesionarla tiene que continuar en existencia para que esa concesión continúe”.
Indicó a INS que “fortalecerá” la Comisión “con algunos elementos como añadir unos miembros”.
Sobrino, representante del gobernador en la Junta de Control Fiscal, dijo que el proyecto establece que la Comisión de Energía “o el ente regulador en su momento” va a continuar reglamentando y dando supervisión al mercado energético en Puerto Rico. El proyecto de ley dice eso en blanco y negro”.
También continuará regulando las tarifas.
Cuando se habló inicialmente de la privatización de la AEE, el gobierno dejó entrever que la Comisión sería eliminada, hasta que la junta de control fiscal recomendó que, al contrario, es por eso que debía ser fortalecida.
Ese organismo público, dijo Sobrino, continuará regulando las tarifas, pero en el marco regulatorio que provee la Ley 29, de Alianzas Público Privadas.
No obstante, esa Comisión sufrirá muchas enmiendas en sus tareas.
“Nosotros anticipamos que la Comisión de Energía va continuar llevando a cabo y dando apoyo técnico en el proceso de privatización de la AEE”, aseguró. No obstante, insistió en que ante los mercados “hay que aclarar cuáles son las partes con las cuales se lleva a cabo la transacción” de venta, en términos legales.
El mecanismo legal lo provee la ley de alianzas público-privadas, que es “transparente y exitoso”, indicó al recordar la privatización de la PR-22 y el aeropuerto internacional.
Este proceso de venta ha sido apalancado con expertos contratados por la junta de control fiscal, y que debe configurarse al Título III de Promesa (quiebra).
“Aquí va a haber muchas partes a la vez. La Comisión de Energía tiene un rol de regular el mercado energético, pero en la parte de la transacción el proyecto se clarifica quiénes son las partes”, aseguró.
Aseguró también que eso no compromete la transparencia del proceso pues hay “niveles” en la ley 29 de informes públicos, supervisión de una comisión legislativa, y la revisión del contrato por la junta de control fiscal.
Además, debido al título III de la ley federal Promesa se debe informar sobre cómo se lleva a cabo el proceso.
Si bien la Comisión de Energía seguirá regulando las tarifas, Sobrino indicó que “eso va a estar sujeto a un marco regulatorio más robusto que se va a estar desarrollando en los próximo meses, junto a la Legislatura”.
Indicó que en la nueva Comisión, cuya ley sufrirá enmiendas, para incorporar “gente del sector privado participante, porque el actual sistema regulatorio que existe solamente contempla un actor, la Autoridad de Energía Eléctrica”.
“Como aquí vamos a abrir a través de la privatización a varias partes del sector privado hay que hacer un cambio regulatorio para ver qué está pasando no solo con el concesionario de energía, sino qué está pasando hasta detrás del metro eléctrico”., explicó el funcionario a pregunta de INS.
El control tarifario, dijo, se asegura “con un ente externo, independiente y seleccionado en revistas de profesionales, un proceso de hunting”, y que serán nombrados con términos escalonados para darle consistencia a la visión regulatoria.
La nueva Comisión de Energía encontró eco en el representante Pichy Torres Zamora, quien acudió a la conferencia de prensa en apoyo al proyecto. Este solicitó una comisión más fuerte y más comisionados.
No obstante, el proyecto de privatización deroga una serie de funciones de la actual Comisión, como la facultad de dar alivio energético, solicitar el plan integrado de recursos, establecer normas y reglamentos de política pública sobre las empresas privadas eléctricas.
El Plan Integrado de Recursos, de 2015, será revisado para que contemple la nueva realidad empresarial de electricidad, dijo Sobrino, que se comporta distinto a como es con un monopolio estatal.
De hecho, se ha eximido la aplicación del Plan Integrado de Recursos actual a las empresas que compitan, para evitar “cerrarle las puertas a una transacción más abierta al sector privado”, señaló.
La Comisión o sucesora sobrevivirá para regular el mercado energético, no para intervenir en la transacción de venta de la AEE, dijo.
Establecer una tarifa razonable que no supere los 20 centavos kilovatios se atenderá a través de las negociaciones con las empresas y la contratación, así como en el plan fiscal de la AEE a la junta. INS
P. Rico-Comisionada residente y presidente de la FCC se reúnen con sectores de las telecomunicaciones para discutir planes de reestructuración
San Juan, 8 mar (INS).- La comisionada residente, Jenniffer González Colón, junto al presidente de la Comisión federal de Comunicaciones (FCC), Ajit Pai, discutieron ayer los planes de renovación y expansión de la red de telecomunicaciones en la Isla con ejecutivos de la industria de telecomunicaciones.
Los directivos presentaron la situación de la infraestructura de las telecomunicaciones en Puerto Rico y discutieron con el presidente Pai como la FCC puede ayudar a las compañías a reestructurar la red.
El presidente Pai, dio a conocer ayer su plan de trabajo que incluye una inversión de $954 millones para la red de comunicaciones en Puerto Rico e Islas Vírgenes. En octubre pasado, la FCC hizo disponible $76.9 millones para restablecer las redes de comunicaciones en la isla, perjudicadas por el azote de los huracanes Irma y María.
En la reunión estuvieron presentes todos los miembros de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, incluyendo su presidenta Sandra Torres, directivos de Claro, Neptuno, AT&T, T-Mobile, C&W, Worldnet, Critical Hub, Telrrite, PR Wirless, Aeronet, Liberty y otros.
La comisionada invitó a la reunión al senador Miguel Laureano, presidente de la Comisión de Telecomunicaciones y al representante José Aponte, presidente de la Comisión de Asuntos Federales.
La agenda de reuniones de la comisionada residente junto al presidente de la FCC incluyó la invitación, por parte del Puerto Rico Broadcasting Emergency Task Force, a una reunión para presentarle esfuerzos de radiodifusores durante y después del huracán.
Ante el gran interés entre los radiodifusores por esta actividad, la comisionada residente abrió las puertas de su oficina para concertar un encuentro entre el presidente de la FCC y las radioemisoras regionales que lo solicitaron, en reconocimiento a la labor encomiable de estas, con su trabajo informativo, fuente primaria de información en sus comunidades y más aún luego del impacto de los huracanes.
González Colón y Pai se reunieron con el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Justo González, personal de operaciones de la AEE, el LTC Cullen Jones, comandante del Distrito de Nashville del Cuerpo de Ingenieros y quien está en Puerto Rico en sustitución del comandante a cargo de la restauración del servicios eléctrico, Col. Kirk; para discutir asuntos relacionados a la fibra óptica.
Además, la congresista y el Chairman sostuvieron una reunion con directivos de T-Mobile, entre ellos Jorge Martel, vicepresidente y gerente general en Puerto Rico, Mike Sievert, Chief Operation Officer y Neville Ray, Chief Technology Officer.
La congresista ha abogado a favor de las redes de comunicaciones en Puerto Rico ante la FCC en otras ocaciones como la instó a acelerar el proceso de reubicación de canal de las estaciones de televisión de Puerto Rico e Islas Vírgenes, para que estas no tuvieran que incurrir en gastos adicionales. El presidente del ente federal, Ajit Pai, atendió el reclamo de las televisoras y aprovechó la ocasión para elogiar el trabajo de la congresista en los esfuerzos de recuperación de la isla.
El plan de la FCC para desembolsar $954 millones para la red de comunicación en Puerto Rico e Islas Vírgenes se divide en tres fases:
una inversión inmediata de aproximadamente $64 millones en fondos adicionales para esfuerzos de restauración a corto plazo;
una propuesta para asignar aproximadamente $631 millones en fondos a largo plazo para la restauración y expansión de conectividad de banda ancha fija en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, y;
una propuesta para asignar aproximadamente $259 millones en fondos a mediano plazo para la restauración y expansión de 4G LTE Mobile. INS
P. Rico-Rechazan todos los alcaldes proyecto de Rosselló Nevares que otorga préstamo a municipios y se alían con idea de Rivera Schatz
San Juan, 8 mar (INS).- La Federación de Alcaldes y la Asociación de Alcaldes no favorecieron ayer “tal y como está redactado” el proyecto de administración que crea un sistema de ayuda económica de emergencia tras el paso de los huracanes Irma y María mediante préstamos del gobierno central.
Los dirigentes de ambos organismos consideran que es burocrático, los requisitos para el préstamo no son realistas, las métricas no son adecuadas y no cuentan con el dinero para pagar el mismo. El préstamo sería de un máximo de $5 millones por municipio para lo cual el Estado identificó $100 millones.
El presidente de la Federación de Alcaldes, Carlos Molina y su homólogo de la Asociación, Rolando Ortiz, coincidieron con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en que la distribución del dinero no sea mediante préstamo y que lo que se tome en consideración sean la población, nivel de pobreza y el impacto de los huracanes en los municipios.
Asimismo, solicitaron que en vez de un préstamo sea una asignación de fondos directa porque los municipios a penas sobreviven para realizar sus pagos por tener grandes problemas de liquidez y continuar brindando servicios esenciales la ciudadanía.
“Si hay identificados $100 millones se deben distribuir tomando como criterio, población, nivel de pobreza y el impacto de los huracanes en los municipios. Desde el principio identificarlo, determinar la cantidad que toca a cada municipio y enviar el dinero. Esa es mi opinión.”, dijo Rivera Schatz quien dijo que la identificación de fondos debe ser de forma directa y uniforme con los 78 municipios para por lo que no descartó presentar un Proyecto sustitutivo que pudiese ser aprobado la semana que viene.
Las expresiones se produjeron en vista pública de la Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas que preside Rivera Schatz en la que se evaluó el Proyecto del Senado 822 presentado por el gobernador Ricardo Rosselló a principios de febrero pasado.
Ambos alcaldes concordaron con Rivera Schatz de que el proceso para solicitar el préstamo es “tortuoso”.
Molina señaló que los municipios necesitan el dinero inmediatamente y se debe distribuir de forma equitativa porque “no tienen para pagar nómina”. En el caso de Arecibo, municipio del cual es alcalde, antes de los huracanes recibían $275 mil mensuales del IVU y al día de hoy no llegan a $150 mil. Asimismo, recibían de las remesas del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) de $500 mil a $600 mil pero actualmente llegan a $300 mil. “Eso te pone en la decisión ¿a quién le pago primero? “, cuestionó.
Ante el reclamo de ambos alcaldes y de otros que participaron de la audiencia pública el presidente senatorial dijo que como parte de su propuesta evalúa distribuir equitativamente $1 millón por cada municipio para totalizar $78 millones y así ahorrarle al Estado $22 millones. Rivera Schatz reconoció que los gastos de los municipios son de más de $1 millón pero esta ayuda sería inmediata y directa y se evitaría la burocracia estatal que propone la Rama Ejecutiva mediante préstamos.
“Un préstamo es a ver si te lo dan después que (el municipio) recibió todas las remesas, fondos federales y (al demostrar) que no tiene otra opción entonces le darían el préstamo”, comentó el presidente del Senado a lo que el alcalde de Cayey dijo estar de acuerdo mientras que Molina dijo que “con una solicitud (de préstamo) no se resuelve el problema”.
El alcalde de Camuy, Edwin García Feliciano, dijo que la urgencia es para atenderla con prontitud y “no dentro de tres a cuatro meses” (en alusión al tiempo que puede tardar la aprobación del préstamo). A estas palabras se unió el alcalde de Maunabo Jorge Márquez Pérez al argumentar que si la ayuda tarda meses no sería una ayuda sino “un ejercicio de financiamiento”.
Los senadores presentes acogieron las recomendaciones de los alcaldes.
Mientras, el senador Carlos Rodríguez Mateo, quien fue alcalde, estableció que si la medida se aprueba tal y como está redactada votará en contra porque “no se debe estar reinventado la rueda… (La fórmula propuesta por el presidente del Senado) elimina la barrera burocrático y justicia tardía no es justicia. El Proyecto tal y como está redactado tiene mi voto en contra”.
Según la propuesta de La Fortaleza previo a que el gobierno acceda al préstamo el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) deberán certificar que les adelantaron a los municipios la totalidad de las asignaciones presupuestarias que les corresponden conforme al presupuesto gubernamental. La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y OGP serán los entes encargados de determinar las partidas presupuestarias de las cuales provendrá el capital para los préstamos.
El préstamo provendría del gobierno central con hasta un máximo de hasta $5 millones por municipio elegible, hasta totalizar $100 millones del presupuesto vigente.
Al ser una asignación presupuestaria la Asamblea Legislativa tiene la potestad constitucional de distribuir el dinero e identificar cómo se haría por lo que Rivera Schatz dijo que el Senado no claudicará en su deber ministerial.
Los municipios serán elegibles para recibir la “Asistencia de Emergencia” una vez la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf) certifiquen que tienen una necesidad “inminente” de liquidez causada por pérdida de recaudos a consecuencia de dichos huracanes y que han realizado un “esfuerzo razonable” para obtener financiamiento del gobierno federal a través del CDL. En caso de haberse aprobado la aplicación para el programa antes destacado deberán probar que las necesidades de liquidez exceden la cantidad del mismo.
En torno a la JSF, Rivera Schatz cuestionó si se opondrán a otorgar $1 millón a cada municipio cuando solicitaron un aumento en su presupuesto operacional de $20 millones porque “$60 millones no le dan”.
“Yo le digo que sí a los municipios el que le quiera decir que no que se lo diga. Yo no le quiero poner trabas a los municipios el que se las quiera poner que se las ponga. A mi me van a juzgar por lo que yo haga no por lo que yo tema. Tan sencillo como eso. La JSF puede hacer y decir lo que quiera y a mí no me importa. Ninguno de ellos han tenido la experiencia que han tenido todos los alcaldes y alcaldesas y legisladores de ir a ver la necesidad urgente de la gente que se quedó sin energía, sin agua, sin casa, sin ropa, sin medicamentos y sin esperanza”, añadió el presidente senatorial al recordar que el ente federal anunció que estaba dispuesta a liberar $1 billón del presupuesto tras el paso del huracán María.
A la audiencia pública también asistieron la alcaldesa de Canóvanas Lornna Soto Villanueva, el alcalde de Camuy Edwin García Feliciano, el alcalde de Maunabo Jorge Márquez Pérez y el alcalde de Cidra Javier Carrasquillo. Mientras que el municipio de Mayagüez envió representación. INS
P. Rico-Salud realiza operativos para confiscar productos de cannabis medicinal y advierte de que casos podrían terminar en multas severas o revocación de licencias
San Juan, 8 mar (INS).- El secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, informó ayer que la agencia ha realizado operativos para confiscar productos de cannabis medicinal y advirtió de que los casos podrían terminar en multas severas o revocación de licencias.
Rodríguez Mercado indicó que la División de Cannabis Medicinal ha dedicado sus esfuerzos a velar por el cumplimiento “estricto” de las disposiciones de la Ley Medicinal, particularmente aquellas relacionadas a la fiscalización de los establecimientos autorizados por la normativa.
El funcionario puntualizó que Salud “está siendo proactivo en la fiscalización de la industria. Hemos llevado a cabo una serie de operativos que han culminado en confiscación de productos. La mayoría de estos casos podrían incluso terminar en multas severas o revocación de licencias”.
El titular de la agencia fue enfático en establecer que se están implementado las medidas necesarias para evitar el abuso del programa, “cuyo único norte es el bienestar de los pacientes que al día de hoy sobrepasan los 20 mil”.
En cuanto al tema de la vaporización de la flor como método de administración, dijo que la Ley Medicinal “claramente establece que solo se puede utilizar en casos de diagnósticos de una enfermedad terminal o en aquellos casos donde no hayan otras alternativas idóneas de tratamiento”.
Antonio Quilichini, director ejecutivo de la junta reglamentadora del Cannabis Medicinal, señaló al respecto que “un médico autorizado que actúe contrario a la ley será sancionado con las multas aplicables, que podría incluir la revocación de su licencia médica”.
Se indicó que la junta reglamentadora de Cannabis está trabajando un reglamento nuevo, que será presentado en las próximas semanas y establece medidas más rigurosas que la propia Ley Medicinal.
“Nuestro enfoque son los pacientes, por eso no podemos permitir generalizaciones. Hacerlo sería criminalizar y promover el estigma hacia esta población que promedia los 52 años de edad”.
Añadió que “fiscalizaremos para que el uso recreativo del cannabis no se condone o estimule, y que las empresas que se dedican a la producción, distribución e investigación de estos medicamentos tengan siempre como norte el mejor bienestar del paciente”. INS
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