P. Rico-Falta mucho por avanzar a la mujer puertorriqueña para alcanzar sus derechos

Por Nelson del Castillo

San Juan, 8 mar (INS).- Contrario a la percepción general, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora no es propiamente para celebrar, a juzgar por las opiniones de tres destacadas activistas: la periodista Norma Valle Ferrer, la profesora Edda López y la abogada Amárilis Pagán Jiménez.

“Este no es un día para festejar sino para renovar compromisos de lucha por la equidad y el desarrollo de una sociedad más justa en la cual no exista el sexismo, el racismo, la homofobia, el clasismo ni el capitalismo salvaje”, manifestó Valle Ferrer a la agencia Inter News Service (INS).

La catedrática refiere que a más de un siglo de conmemorarse el 8 de marzo, “siempre lo pensamos como una fecha nueva”.

Para Valle Ferrer la celebración de un día de la mujer a la altura de 2018 “es porque las mujeres conformamos más de la mitad de la población del mundo y todavía recibimos un salario inferior al que reciben los hombres por el mismo trabajo”.

Además, advirtió, que “porque las mujeres cargamos con el peso del trabajo doméstico no remunerado, al mismo tiempo que trabajamos asalariadas (y) porque a las mujeres todavía se les trata en la sociedad de una forma sesgada que significa desigualdad en el lenguaje, en la calle, en la casa”.

“Las mujeres cada día enfrentamos más precarización, más inequidad, más exclusión; se nos precariza mediante la carga desigual de responsabilidades de cuidado y manutención de las poblaciones más excluidas socialmente, nuestra niñez y nuestra población envejecida”, sostiene por su parte López.

La secretaria Asuntos de la Mujer del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) opinó en declaraciones por separado que “en un país deformado laboralmente, se nos han arrebatado garantías de condiciones de trabajo dignas”.
“Las jefas de familia que se incorporan a un nuevo empleo ahora corren el riesgo de ser despedidas durante los primeros nueve meses de empleo sin justa causa, porque ese es el nuevo período probatorio”, recordó la también integrante de la Coalición 8 de Marzo.

López apuntó que solo acumulan seis días de vacaciones durante un año hasta que cumplan 15 años en ese empleo y la opción a una vivienda segura es ahora cada vez más lejana, incierta.

“La educación, la apuesta de un país a su futuro, enfrenta la nada trivial amenaza de ser desmantelada; es sabido que más de un 75% del magisterio del país son mujeres, y la mayoría del estudiantado vive en hogares liderados por jefas de familia”, detalló López.

Pagán Jiménez, por su parte, consideró que este 8 de marzo es uno de los más críticos y difíciles para las mujeres del país, que “estamos en un momento de muy alta vulnerabilidad en el que el acceso a nuestros derechos humanos está cada vez más limitado”.

“Si hiciéramos un análisis integral de acceso a los derechos humanos por parte de las mujeres del país tendríamos que considerar varios puntos importantes: el primero tal vez sería el factor desigualdad, que no es algo aislado ni sencillo; me refiero a características relacionadas con clase social, raza, edad, estatus migratorio, nivel educativo, diversidad funcional, localización geográfica, orientación sexual e identidad de género”, dijo la directora ejecutiva del Proyecto Matria.

Pagán Jiménez señaló como el estadístico como el segundo factor, “preguntarnos cuál es perfil de la población que vive la pobreza en la Isla, y el tercero sería la respuesta del Estado a las necesidades básicas de las mujeres en Puerto Rico antes y después del ciclón María”.

“Cuando damos esa mirada, es imposible pensar que en Puerto Rico las mujeres están bien, o que hay un adelanto real a sus derechos. Si bien es cierto que hay una historia de logros tales como leyes laborales, la ley de violencia doméstica, el aumento de mujeres en las universidades y una mayor visibilidad en espacios empresariales, todo eso se queda corto cuando te percatas de que las mujeres que gozan de buena calidad de vida en el Puerto Rico de hoy son una excepción a la regla y no la norma”, subrayó la abogada activista.

La portavoz de Matria resaltó que al día de hoy, miles de mujeres están desempleadas, manejando situaciones de salud propias o de la familia ante un sistema que no les atiende, desorientadas e indefensas cuando son víctimas de violencia, deambulando, buscando agua para sus casas como si estuviéramos en el siglo XIX, a oscuras en comunidades aisladas, envejecidas y solas, sin cuido… son tantas las violencias”.

La catedrática Valle Ferrer coincidió en que con el paso en septiembre de 2017 de los huracanes Irma y María, “las mujeres han sido triplemente victimizadas, pues son las más pobres de los pobres, las más agotadas de la gente cansada, las más sufridas víctimas de los desastres y de la incompetencia de los gobiernos estatal y federal, de la corrupción y de la dejadez”.

En tal sentido López argumentó que luego de ambos fenómenos naturales “las mujeres hemos enfrentado un alza en los casos de violencia de género y agresiones sexuales”.

“Desde noviembre a la fecha 12 mujeres han sido asesinadas, y durante el mes de enero se registró un alza de 29% más casos de violaciones que en el mismo mes durante 2017; además, se han reportado cinco mujeres desaparecidas, dos de ellas menores de 17 años, las que se añaden a las que permanecen desaparecidas desde 2013”, dijo la dirigente del PIP.

López insistió en que “las mujeres vivimos un deterioro y empobrecimiento aún mayor, no sólo por los desastres naturales, sino por el desastroso manejo político de la crisis por parte de las autoridades estatales y federales”.

Ls tres activistas apuntaron por separado a la agencia INS los efectos de las estrategias de privatización del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, que incluye la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y de la educación pública, con el propósito de satisfacer las exigencias de la junta de control fiscal impuesta por Washington. INS

ndc