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Santo Domingo, 7 mar (INS).- El Poder Ejecutivo estudia un anteproyecto de ley que prohibiría que las personas condenadas por corrupción participen en el proceso de compras y contrataciones públicas del Estado hasta que haya transcurrido un lapso igual al doble de la condena.
Tampoco podrían ser proveedores del Estado los parientes de funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de la institución contratante.
El anteproyecto de ley, en cuya elaboración participó una comisión de técnicos, juristas e instituciones, cuenta con el apoyo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), que considera que el sistema de compras y contrataciones públicas del país amerita una reforma urgente y sustancial.
El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, explicó que esa iniciativa democratizaría los procesos en la relación Estado-ciudadanía, logrando un gran avance institucional en materia de calidad administrativa, transparencia, seguridad jurídica y gobernabilidad democrática.
El propio presidente Danilo Medina, durante su discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero, informó que presentaría la pieza legislativa para hacer más transparente el proceso de compras públicas, y en el que puedan participar más empresarios.
“A pesar de que la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas ha logrado hacer un trabajo encomiable frente a los fuertes obstáculos que le presenta la normativa actual, se ha topado con múltiples limitaciones para combatir la corrupción y crear un clima de transparencia en el marco de este sistema”, dijo Castaños Guzmán.
Aseguró que el respaldo de Finjus a esa normativa jurídica responde al compromiso inaplazable de mejorar los mecanismos legales y las políticas públicas para el funcionamiento económico y transparente del Estado.
Opinó que toda la ciudadanía debe participar en el proceso de reforma y el Poder Ejecutivo comprometerse a hacer todo lo necesario para generalizar la discusión y consensos que, en otros ámbitos, han logrado dar con las trasformaciones.
Entre los puntos que contiene el anteproyecto y que mejorarían la actual legislación “está la definición de concesión de manera clara y sin ambigüedades; la distinción entre contrato de obra pública y de consultoría, así como el esclarecimiento de los distintos estados de excepción contemplados en la Constitución”.
También queda clara la fase de precalificación y se prohíbe el fraccionamiento de los contratos, entre otros. INS
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