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San Juan, 1 mar (INS).- La jueza presidente del Tribunal Supremo (TSPR), Maite Oronoz Rodríguez, se revocó a si misma y decidió ahora inhibirse de ver la revisión de un caso en la que su esposa, la jueza de Tribunal de Apelaciones Gima Méndez, fue la juez ponente.
Hace unas semanas, Oronoz resolvió no inhibirse de ver un caso de despido injustificado contra la aseguradora Humana. Ese caso lo había ganado la demandante Maribel Maldonado Martínez en el Tribunal de Instancia de San Juan, En la apelación, la juez del apelativo Gina Méndez revocó a Instancia, y en la revisión sostuvo su determinación.
Los abogados de la demandante, Nanette Rickenbach y José Ayala Santana, acudieron al Tribunal Supremo y un panel de tres jueces, que incluyó a Oronoz, sostuvo al Apelativo. La defensa entonces solicitó a la jueza presidente que fuera el pleno del Tribunal Supremo, es decir, los nueve jueces de esa corte, los que pasaran juicio sobre la reconsideración, en vista de que Oronoz habría estado revisando una determinación de su propia esposa, lo que para lso demandantes es un claro conflicto de intereses.
Esta solicitud de los demandantes la denegó la jueza presidente y afirmó que no se inhibiría, aunque los demandantes no habían pedido la inhibición, sino que pasase al pleno la revisión.
Sin embargo, luego de varios días, al trascender públicamente todo este asunto en un diario de circulación nacional (El Vocero), hoy, la jueza presidente reconsideró su anterior denegatoria y, al acoger la petición de los demandantes como una solicitud de inhibición, decidió no participar en esa revisión.
Por ello, seleccionó a la jueza asociada del TSPR Anabelle Rodríguez para que encabece un panel especial, cuya composición esta jueza asociada determinará, para que evalúe la revisión de la determinación judicial de la jueza apelativa Gina Méndez desestimando la demanda contra Humana.
“Reexaminada la solicitud de la peticionaria (Maribel Maldonado Martínez) que fuera acogida como una moción de inhibición, se reconsidera la resolución que se emitió el 9 de febrero de 2018, con el propósito de disponer para la no intervención de la jueza suscribiente (Oronoz)”, resolvió hoy la jueza presidente.
Entonces, resuelve la controversia al remitir “el presente asunto al juez asociado o la jueza asociada de mayor antigüedad hábil para que designe a otro juez u otra jueza para constituir la sala especial que habrá de atender la primera moción de reconsideración de la peticionaria” (la demandante).
Sin embargo, aparentemente la controversia está lejos de terminarse con la determinación de hoy de Oronoz.
La agencia Inter News Service (INS) supo que el hecho de que Oronoz y Méndez sean un matrimonio, y una revise las determinaciones de otra, como llegó a ocurrir en este caso, es solo parte de la controversia.
Hasta este momento, los defensores de los derechos de la demandante Maribel Maldonado Martínez, los abogados Nanette Rickenbach y José Ayala Santana, solicitaban que sea el pleno del Tribunal Supremo el que revise la determinación en la que participó la jueza apelativa Méndez contra su cliente.
Oronoz insistió en asignar a un panel, no al pleno, dicha revisión, solo que no participará del panel.
Sin embargo, INS supo que, más allá de que la jueza Méndez Miró y la jueza presidenta Oronoz sean un matrimonio y podría configurarse la apariencia de un conflicto de intereses o una indeseabilidad de que ambas participen en resolver un mismo caso, como plantearon los abogados de la demandante, hay un elemento anterior a estos que hasta hubiera podido provocar la inhibición de la jueza Méndez Miró en el caso por despido injustificado en el que fue la magistrada ponente de la determinación.
El problema que ahora se plantea es que la abogada Shiara Diloné Fernández es socia del abogado Carl Schuster, que es representante legal del demandado Humana Insurance, una poderosa empresa del país.
Diloné Fernández es una gran amiga de Méndez y Oronoz, y hasta llegó a dirigirse al público durante los actos de juramentación de Oronoz hace unos años.
Han sido amigas por más de 15 años, dijo Diloné Fernández en la ocasión especial, donde estuvo el gobernador Alejandro García Padilla y las más altas figuras políticas del país.
Algunos periódicos publicaron la foto de esta abogada hablando a la concurrencia y recogieron sus anécdotas de amistad con Oronoz.
Por otro lado, INS también supo que la jueza apelativa Méndez, para el momento en que el multinacional bufete Littler (antes Schuster-Aguiló) acudió al Tribunal de Apelaciones-panel de San Juan, era miembro del panel apelativo de Humacao.
Se colocó entonces a la jueza Méndez, en el panel de San Juan por una orden administrativa de la jueza presidente Oronoz, y terminó siendo también la magistrada ponente. Luego de ver el caso regresó a su panel de Humacao, se indicó a la agencia INS.
Méndez tenía apenas un mes como juez apelativa, pues el Senado la confirmó en diciembre de 2016 y fue asignada originalmente al panel de Humacao.
El caso ante el panel de San Juan se resolvió en 2017. Para colocar a Fernández en ese panel, se sacó de atender el caso al juez Roberto Sánchez Ramos, ex secretario de Justicia durante la administración de Aníbal Acevedo Vilá. Este continuó siendo miembro del panel, pero fue eximido de ver ese caso.
Sánchez Ramos también era otro juez novato, con apenas varios meses más que Méndez en el cargo. Al momento de ser confirmado en el Senado, en 2016, donde confrontaba problemas para su confirmación, la jefa de gabinete del presidente senatorial Eduardo Bhatia era precisamente Gina Méndez.
Diloné Fernández es miembro capital del bufete Littler, especializado en asuntos patronales y el más grande en el mundo en la práctica del derecho laboral representando a patronos, desde el 1 de enero de 2014.
Alega Maribel Maldonado Martínez, demandante, que no hubo una revisión justa e imparcial de su caso debido a la relación matrimonial entre Oronoz y la juez ponente Méndez Miró.
“Enfatizamos urgentemente en la eficacia de la intervención del pleno de este Tribunal Supremo en esta segunda reconsideración, ya que llama mucho la atención que la honorable juez presidente, Oronoz, formó parte de la Sala de Despacho que intervino y emitió la Resolución de la cual recurrimos, la cual su juez ponente es su esposa y/o compañera sentimental de la juez presidente, la honorable Gina Méndez Miró”, según fue citada la solicitud de la demandante por un periódico de circulación general (El Vocero).
En su petición se invoca el Canon 18 de los abogados que obliga a sus defensores, Nanette Rickenbach y José Ayala Santana, a defender con decoro a su cliente. Y al entender “que la intervención de la juez Oronoz atenta contra el debido proceso de ley de una revisión justa e imparcial”, solicitan que sea todo el pleno de jueces el que vea la revisión.
Señalaron igualmente que en la resolución de la jueza Oronoz no se menciona ningún posible conflicto de intereses de ella con su esposa.
Sobre la nueva información obtenida por INS, de la estrecha amistad entre una de las socias del bufete Littler (Diloné Fernández) con las juezas de la abogada nada se menciona.
Por otra parte, la demandante también levantó el Canon 20 de los jueces, que obliga su inhibición por causas que arrojen “razonablemente” dudas sobre su imparcialidad para adjudicar.
Oronoz había sostenido la causa adjudicada por su esposa la jueza Méndez y la del bufete donde es socia destacada su amiga, la abogada Diloné Fernández, al declarar no ha lugar la solicitud de la demandante.
Oronoz explicó en su resolución del 19 de febrero que “conviene mencionar que la inhibición de un miembro de este tribunal es una decisión individual y personalísima, no plenaria, según la Regla 4 (e) (2) del Reglamento del Tribunal Supremo”.
Por otro lado, Oronoz le imputa a los demandantes varios incumplimientos procesales y que sus solicitudes han sido revisadas por otros paneles de jueces.
La enfermera graduada Maldonado Martínez demandó en abril de 2015 por despido injustificado y represalias, luego de querellarse internamente contra una supervisora de enfermería. Tenía 17 años trabajando en la empresa. Humana sostiene que solo eliminó la plaza al reorganizarse. A la enfermera se le despidió sin pagarle mesada, que asciende a sobre $200,000. INS
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