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San Juan, 19 feb (INS).- Luego de un mes de presentado ante la Legislatura el Plan de Reorganización número 4, mediante el cual se transfieren algunas funciones del Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR) al Departamento de Educación (DE) y otras se “externalizan”, continúa en el limbo el proyecto, donde permanecerá otro rato luego que el presidente de la Cámara y luego el gobernador lo retirasen.
Información proveniente de La Fortaleza indica que, si no se adscribe finalmente al Departamento de Educación, podría ser cobijada en el Departamento de Estado, donde hay otra serie de programas de licenciamiento. Incluso, se ha llegado a analizar si debe ser movido el CEPR al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.
Este plan 4 ha sido, hasta ahora, una piedra en el zapato de la administración. Ni siquiera la secretaria de Educación, Julia Keleher está al tanto del destino del CEPR y, a recientes preguntas de la agencia Inter News Service (INS), evidenció que solo espera a que otros decidan.
En ese momento, durante una presentación a la prensa del plan para transformar la educación, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo que aun se analizaba el destino del CEPR, aunque dejó ver que las tareas de acreditación se “externalizarán”, pues así se hace en casi todos los estados.
“Externalizar” significa que el gobierno se deshace de esas funciones para que las corra la empresa privada, que es distinto a “privatizar”.
Ahora, supo INS, se analiza si lo que reste del CEPR se envía al Departamento de Estado.
En conversación la semana pasada con INS, Keleher negó que el presidente de la Cámara de Representantes haya retirado de su consideración el plan 4 por un problema de planificación, ya que la Legislatura tenía ante si, simultáneamente, el proyecto de transformación educativa, que todavía se analiza.
Sobre detener el plan de reorganización del CEPR), dijo a INS, que “si les parece (a la Cámara) más razonable que la gente quería un solo proyecto, me parece bien”.
Añadió que no cree “que haya sido un problema de planificación. Más bien, hay varios elementos que tienen que ver con el gobierno y hay unas interconexiones dentro de todo ese trabajo, y al empezar a correr todo ese programa que era de reorganización del gobierno, se tocó el tema del Consejo, (y) surgieron las preguntas”.
Sobre el CEPR, sin embargo, su composición y descomposición, Keleher se mostró evasiva. Los planes de reorganización no pueden ser enmendados por la Legislatura. De necesitarse cambios se requerirá que el ejecutivo someta el plan nuevamente.
Keleher ha acudido a la Legislatura a defender su proyecto de transformación educativa, el Proyecto de la Cámara 1441 (Ley de Nuevo Modelo Educativo para el Puerto Rico del Siglo XXI), que incluye las escuelas charter, los vales educativos para estudiar en colegios privados y la libre selección de escuelas.
Con el plan 4, según se sometió, sería al DE, mediante la nueva división que se crea -el Programa de Evaluación y Licenciamiento- al que le correspondería evaluar y licenciar las escuelas privadas y públicas, una función altamente técnica que hasta ahora desempeña con autonomía el CEPR.
La Asociación de Escuelas Privadas ya levantó la voz de alerta en torno a este plan pues el Departamento de Educación, que es su competidor por la matrícula estudiantil, sería el que las evaluara y licenciara.
Este conflicto de interese ya fue levantado en el 1993 como razón gubernamental para dividir al entonces Consejo de Educación Superior, que tenía dos cabezas: ser la junta de síndicos de la Universidad de Puerto Rico; y ser el ente que evaluaba y licenciaba las universidades privadas y públicas. El entonces gobernador Pedro Rosselló González fue quien sometió el proyecto para deslindar las funciones.
Igualmente, al ahora estar el CEPR bajo el DE y ser uno de sus organismos, el DE se estaría evaluando y licenciando a si mismo, y a las escuelas privadas.
Lo que actualmente es el Area de Licenciamiento y Acreditación (ALA) del CEPR, se convertirá, según el artículo 5 del plan 4, en el “Programa de Evaluación y Licenciamiento, adscrito al Departamento de Educación, para llevar a cabo funciones previamente atendidas por el Consejo de Educación. Este Programa contará con un Comité de Evaluación y Licenciamiento compuesto por tres miembros a ser nombrados por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado”. En el CEPR actual hay 9 consejeros.
La ley vigente encomienda a ALA “atender los procesos de otorgamiento de Licencias de Autorización y Licencias de Renovación a las Instituciones de Educación Básica (IEB) e Instituciones de Educación Superior (IES), así como para atender las acreditaciones que hayan sido solicitadas por las IEB”.
Además, es responsable de emitir certificaciones que validan los grados conferidos por las instituciones de educación autorizadas mediante la Licencia del CEPR a solicitud del ciudadano o la entidad interesada.
El DE también heredaría atender las instituciones denominadas Iglesias-Escuelas, al amparo de la Ley 82 de 1995.
En Puerto Rico, el requisito de licenciamiento es obligatorio para Instituciones de Educación Privadas y Públicas. Por otra parte, el proceso de acreditación es voluntario para las Instituciones de Educación Privadas y obligatorio para las Instituciones de Educación Básica Públicas pertenecientes al Departamento de Educación, según consta en la información que provee el CEPR en su página digital.
El plan 4 propone “transferir, traspasar, agrupar y consolidar en el Departamento las funciones de conservación y custodia de los expedientes académicos de instituciones que hayan cerrado operaciones. También se propone un modelo donde la Institución de Educación Básica certifique ante el Departamento su cumplimiento con unos requisitos a ser establecidos mediante legislación”.
El requisito de autorización de las Instituciones de Educación Superior se mantiene con los requisitos contenidos en el anterior plan de reorganización 1 de 2010, “pero dicha autorización será emitida por el Comité (de tres personas a establecerse).
El gobierno proyecta ahorros de $8 millones en su primer año y sobre $40 millones durante la vigencia del plan fiscal.
Con el plan 4, la secretaria de Educación también asumirá la responsabilidad de “custodiar los expedientes que le sean transferidos provenientes del extinto Consejo de Educación de Puerto Rico; establecer normas o procedimientos para la conservación, custodia, disposición y/o devolución al propio estudiante de los expedientes académicos que le sean transferidos provenientes de instituciones cerradas; entrar en acuerdos con cualquier entidad para la digitalización, custodia o disposición de los expedientes académicos que le sean transferidos provenientes de instituciones cerradas; en cuanto a los expedientes académicos bajo su custodia, expedir copias certificadas de las transcripciones, previo el pago del cargo que a esos fines se establezca mediante reglamentación; promulgar las normas y reglamentos aplicables a las solicitudes de autorización para la operación de instituciones de educación de conformidad con la legislación aplicable”.
También debe “preparar, mantener y publicar un registro de las Instituciones de Educación Básica; autorizar, a través del Comité, la operación de Instituciones de Educación Superior; asistir administrativamente al Comité en el desempeño de sus funciones y deberes; recibir y adjudicar, a través del Comité, quejas sobre incumplimientos de parte de Instituciones de Educación con las normas aplicables; y cualquiera otra facultad, función, deber o poder necesario para implementar el presente Plan y dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 122-2017.
Otro problema que se plantea es que ahora las universidades privadas serán evaluadas por una dependencia que supervisa la secretaria de Educación, quien es a su vez un miembro ex oficio de la Junta de Gobierno de la UPR. INS
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