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Por Obed Betancourt
San Juan, 15 feb (INS).- El presidente del Senado Thomas Rivera Schatz presentó hoy una resolución para investigar los alegados esquemas fraudulentos de compra en el Municipio de San Juan.
El Senado ya investiga graves irregularidades supuestamente cometidas en la Comisión Estatal de Elecciones, tanto durante la presidencia de su renunciante presidente Rafael Ramos como cuando este presidió, como juez, una junta de inscripción permanente durante las elecciones de 2016.
En esas irregularidades se involucró a varios actuales funcionarios de gobierno, como la subsecretaria de gobierno Itza García, el secretario de la gobernación William Villafañe, la comisionada electoral Norma Burgos, y la directora de Asume, Waleska Maldonado, entre otros.
Esa resolución de investigación también la presentó Rivera Schatz.
Mientras, la Resolución del Senado 627 solicita “investigar todo lo relacionado al alegado esquema de corrupción de la administración municipal de San Juan, en torno al manejo de las órdenes de compra, requerimiento de estimados, favoritismo en la adjudicación a suplidores donantes y pagos a sobreprecios, entre otros, incluyendo, pero sin limitarse a, las alegaciones de persecución y represalias contra empleados de denuncian irregularidades en los procesos y la inacción y encubrimiento por parte de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz”, indica la resolución.
Hoy trascendió en un diario de circulación nacional (El Vocero) que dichas aseveraciones surgieron en la demanda incoada por la ex funcionaria de ese municipio Yadira Molina, y ex directora de compras, quien alegadamente tuvo que renunciar al cargo por coacción y presiones haber denunciado el esquema en el que se involucró hasta el administrador y al subadministrador del municipio.
En su sección dispositiva, la resolución refiere a la Comisión de Gobierno la investigación, de “todo lo relacionado con el alegado esquema de corrupción de la administración municipal de San Juan en torno al manejo de las órdenes de compra”, estimados, favoritismo, suplidores, donantes, sobreprecios.
Además, la resolución solicita que se investigue las alegaciones de la demandante Molina porque en la Isla, así como en el nivel federal, un “whistleblower”, es decir, una persona que denuncia irregularidades o actos de corrupción de gobierno, tiene especial protección bajo ambas jurisdicciones.
La investigación debe arrojar si la alcaldesa Carmen Yulín Cruz, que figura como demandada por Molina en el proceso federal, cometió inacción y encubrmiento de los actos denunciados.
La alcaldesa no reaccionó hoy a la demanda debido a que el caso se encuentra sub judice.
La Comisión de Gobierno tiene 120 días para someter su informe al Senado.
Rivera Schatz invitó públicamente al senador Aníbal José Torres, portavoz alterno del Partido Popular Democrático (PPD, el principal de oposición), en el Senado, a que fuese coautor de la medida de investigación, puesto que fue este legislador quien destapó la semana pasada algunas de las irregularidades en la CEE.
Sin embargo, la medida contra el municipio, en manos del PPD, solo lleva la firma de Rivera Schatz. El actual presidente del PPD, Héctor Ferrer Ríos, era, al menos durante el año pasado, abogado de ese municipio con un sueldo que promediaba $10,000 mensuales. INS
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