Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el miércoles 14 de febrero de 2018
P. Rico-Rosselló Nevares asegura que reduce el déficit el plan fiscal revisado presentado por el gobierno
San Juan, 14 feb (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares destacó ayer que el paquete de ayuda suplementaria otorgado por el Congreso cambió sustancialmente el plan fiscal presentado por el gobierno.
De acuerdo con el mandatario, el plan fiscal revisado reduce en seis años el déficit estructural anual del gobierno central para terminar con un superávit acumulado de más de 3,000 millones para el año fiscal 2023.
Otro de los aspectos del plan fiscal revisado es que a solicitud de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) contempla el año fiscal 2023.
El plan fiscal revisado considera la inyección de 18,000 millones en fondos federales, que incluyen 1,500 millones de fondos de Community Disaster Block Grant Disaster Recovery (CDBG-DR), fondos con mayor flexibilidad para su uso, y cerca de 16,500 millones asignados bajo la Ley de Presupuesto 2018 (“Bipartisan Budget Act of 2018”) de los cuales 4,800 millones son para atender el precipicio fiscal de Medicaid y 11,700 millones para el programa CDBG.
Asimismo, el plan fiscal revisado establece una reserva anual de 130 millones y contempla una inversión de 400 millones en mantenimiento y desarrollo de la infraestructura del gobierno.
Además, incorpora la implementación de medidas que contrarrestan el efecto de baja de recaudos tras la reducción de tasas contributivas de individuos y corporaciones.
El plan fiscal revisado contempla reducciones en el gasto del gobierno “sin precedentes”, según La Fortaleza, y trabaja en reformas para eliminar la burocracia.
Establece también un programa del Departamento de Educación destinado a proveer las herramientas necesarias para que los jóvenes de Puerto Rico desarrollen habilidades para competir en el mercado laboral.
Al mismo tiempo, el plan fiscal hace justicia a los municipios al postergar la eliminación del subsidio anunciado en el primer plan fiscal hasta 2022 y, a su vez, se aumenta los subsidios a recibir en cada año en comparación con el plan fiscal anterior.
Bajo el plan fiscal certificado, los municipios perderían todo el subsidio del gobierno central para el año fiscal 2019, lo que equivale a 350 millones.
Además, reconoce las eficiencias en la regionalización y autonomía de los municipios para reducir costos y lograr mejores servicios para la ciudadanía.
También contempla reformas estructurales en educación, salud, reforma tributaria, reforma de infraestructura y digital, entre otras, que incentivarán la economía incluyendo la reforma contributiva.
EEUU-Comisionada residente se reúne con la administradora de CMS para atender disparidad en tarifas de proveedores de salud en Puerto Rico
Washington, 14 feb (INS).- La comisionada residente Jenniffer González Colón se reunió ayer con la administradora de los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, siglas en inglés), Seema Verma, para solicitar mayores recursos para mejorar las tarifas de proveedores de salud en Puerto Rico, que incluyen médicos, laboratorios, hospitales, farmacias y otros proveedores de salud, así como los programas de Medicaid y Medicare Advantage (MA).
“En Puerto Rico tenemos sobre 580,000 seniors que utilizan MA y que merecen un sistema de salud con los médicos, proveedores de salud y los recursos necesarios para responder a sus necesidades, en igualdad de condiciones con los estados. Sin embargo, la realidad es que las tasas de reembolso de pagos de MA aplicables a Puerto Rico son, en promedio, las más bajas de toda la nación, 39% más bajas que el estado de Hawai, e inclusive, son 26% más bajas que las de Islas Vírgenes”, expresó la comisionada.
Añadió que “este nivel de pagos es insostenible y es uno de los factores que provoca el éxodo de profesionales de la salud. Ante esto, le solicité a la administración que ejerzan su autoridad administrativa para lograr avances, que disminuyan la disparidad que sufre Puerto Rico”.
La reunión entre González y Verma surge a raíz de que CMS publicara su borrador del “2019 Medicare Advantage and Part D Advance Notice” (el “Advance Notice” o reglamento propuesto) y de la aprobación de acuerdo bipartita que allega 4,900 millones para Puerto Rico.
En la reunión, según González Colón, la administradora adelantó que Puerto Rico podría, en su manejo del programa regular de Medicaid, utilizar los recursos asignados para flexibilizar y aumentar los pagos a proveedores de salud en Puerto Rico.
En tanto, el Advance Notice de CMS conlleva un periodo de comentarios públicos que se extiende hasta el 5 de marzo de 2018.
“Nuestros seniors continúan en aumento en la isla. Ambos programas de Medicaid y Medicare Advantage representan la atención de salud de estos pacientes. CMS tiene la autoridad administrativa de aumentar el nivel de las tasas de reembolso de pago para MA en su próximo ‘call letter’ (reglamento final) para que Puerto Rico, al menos, se equipare a los niveles que se le asignan a los beneficiarios de MA en las Islas Vírgenes, para mitigar la fuga de proveedores y pacientes del sistema de salud de Puerto Rico”, expresó González Colón.
En una carta de CMS a la comisionada, con fecha del 9 de febrero pasado, Verma reiteró su disposición de mantener los beneficios ya concedidos y explorar alternativas para proveer apoyo adicional para Puerto Rico, tanto por vía administrativa como en la búsqueda de soluciones por vía de acción del Congreso.
“Puedo confirmar que la administradora Verma ha mostrado una disposición genuina de ayudar a nuestra isla tal y como lo hizo el año pasado con el pago de honorarios a proveedores por la vía administrativa. Ahora, confío que logremos un trato justo en los fondos de Medicare para los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico en el año 2019″, maniestó González Colón.INS
P. Rico-Rivera Schatz emplaza a la secretaria de Justicia por el caso de la CEE y al gobernador le amenaza con pasarle por encima de su veto a la ley religiosa
San Juan, 14 feb (INS).- El presidente del Senado tuvo un día ajetreado ayer en las redes sociales, en una defendiendo la inmunidad que legislativa que tiene el senador Aníbal José Torres, del Partido Popular Democrático (PPD), y en otra amenazado al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, al indicarle que podría pasarle por encima al veto que este impartió a la llamada ley de “libertad” religiosa, si así lo determinara también la Cámara de Representantes.
Ayer, el senador Torres acudió a un interrogatorio citado por la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, para que hablara sobre lo que sepa en el caso en el que se involucró a altos funcionarios de gobierno, entre ellos a un juez, tomando entre todos determinaciones electorales que solo le competían al juez en el 2016.
Se involucró en una conversación a través de la red social “whatsapp” al juez Rafael Ramos, Itzia García, actual subsecretaria de gobierno, la comisionada electoral Norma Burgos, a Waleska Maldonado, actual directora de Asume, y al secretario de la gobernación William Villafañe, entre otros.
Además, el juez Ramos habría participado activamente en la campaña política, según la evidencia que divulgó públicamente el senador Torres. Este fue nombrado presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en enero, y a las dos semanas tuvo que renunciar por el escándalo revelado.
La jueza presidenta del Tribunal Supremo Maite Oronoz lo suspendió mientra inicia su investigación al respecto. Los cánones de ética judicial prohíben la participación de jueces en campañas políticas. El Senado también investiga las operaciones de la CEE.
“Buenas tardes Señora Secretaria del Departamento de Justicia, Hon. Wanda Vázquez. Si usted entiende que no le asiste la razón al Senador Popular Aníbal José Torres Torres en el reclamo que él hace de inmunidad legislativa frente a la investigación que usted conduce sobre el escándalo en la CEE, acuda mañana mismo al tribunal para que le provean un remedio eficaz. Pídale al tribunal que lo obligue a divulgar lo que no le dijo o entregó ese senador. Esa siempre es una opción”, exhortó ayer Rivera Schatz a la secretaria de Justicia en un post en su cuenta de facebook.
Sin embargo, el presidente del Senado le advirtió que no utilice ese planteamiento para “darle vueltas” a las denuncias hechas por el senador del PPD.
“Le sugiero diligencia con eso pues podría darse la impresión de que se quiere arrastrar los pies, dilatar la investigación o hasta darle vueltas a un asunto muy serio que ya la OAT (Oficina de Administración de Tribunales) atendió sin aguajes, prensa ni excusas”, escribió Rivera Schatz.
Indicó que Justicia y el senador “deben atender sus diferencias en un Tribunal. Rapidito para que la justicia no sea tardía”.
“Ahora bien… ese esfuerzo, no es mejor emplearlo citando al Juez Ramos y preguntarle si es él quien está en ese chat y pedirle que diga quienes son los demás? Usted le puede dar inmunidad a cualquiera de los testigos, ¡Hágalo! Esa inmunidad… ¡Yo pienso que nadie la cuestionaría!”, añadió el presidente del Senado, quien preside una comisión que investigará a la CEE y ya cursó citaciones a los supuestamente involucrados.
Por otro lado, Rivera Schatz amenazó con pasarle por encima al veto del gobernador al proyecto de ley religiosa, si la Cámara así lo dispusiera. Solo que no recabaría en un caucus los votos necesarios.
“La libertad religiosa en Puerto Rico no depende del P de la C 1018. La religión al igual que las creencias, los principios y los valores son libres por su propia naturaleza. Establecer un orden social que permita una sana convivencia no es tarea fácil y requiere de hombres y mujeres capaces de lograr ese objetivo. Nuestro gobierno así lo hace y hará siempre. Ahora bien, (¿)sería correcto pretender que no se pueda obligar a un cristiano actuar contrario a su conciencia como lo disponemos el P de la C 1018 y al mismo tiempo obligar a un compañero senador o senadora a votar en contra de sus principios imponiéndoles un “acuerdo de caucus?”, se preguntó Rivera Schatz más temprano en el día en su cuenta de Facebook.
Este se respondió a si mismo con “un rotundo No”. “Sería una contradicción gigante”, indicó.
Sin embargo, agregó en clara alusión al gobernador, “también es un contrasentido comprometernos a promover la libertad religiosa en nuestro Programa de Gobierno durante la campaña y no atender correctamente el asunto para cumplir ese compromiso. Mi partido no se comprometió con la libertad religiosa por lo que haga o deje de hacer el Gobierno Federal, es un compromiso nuestro, para cumplirlo nosotros”.
Si bien dijo que Rosselló Nevares “levantó unas objeciones válidas”, el presidente del Senado concluyó que, en esta nueva versión, la que recientemente vetó, no en el primer proyecto igualmente vetado, “fueron atendidas a la saciedad. Pienso que debió firmar el P de la C 1018 como quedó enmendado y aprobado. No obstante, esa fue su decisión y esa es su facultad que se tiene que aceptar y respetar”.
“En el Senado podemos ir sobre ese veto. Esa es nuestra facultad y prerrogativa que merece el mismo respeto que la del Poder Ejecutivo. Si me lo propongo puedo conseguir los votos para ir sobre el veto. Se los aseguro. El record habla por mi. Si la Cámara va sobre el veto del P de la C 1018 procuraré hacer lo mismo en el Senado, pero no le pediré a NADIE que se aparte de sus creencias, principios y valores para conseguir los 20 votos. Eso sería promover en el Senado lo que pretendemos evitar en el Gobierno con el P de la C 1018”, explicó sobre su decisión de no cabildear votos a favor del proyecto.
“Una sola vara, una sola palabra, un compromiso genuino en cualquier circunstancia. COMO TIENE QUE SER”, sostuvo en su post Rivera Schatz. INS
P. Rico-Senador Torres tras acudir a Justicia señala que “yo no debí ser el primer citado”, porque “no soy sospechoso ni acusado”
San Juan, 14 feb (INS).- El senador del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, tras su cita ayer en el Departamento de Justicia para ser interrogado sobre su denuncia en contra del expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), dijo que “yo no debí ser el primer citado”, porque “no soy sospechoso ni acusado” y afirmó que entregó toda la información que puede compartir “en este momento”.
Torres llegó en la mañana de ayer a Justicia para responder algunas preguntas en torno al caso del expresidente de la CEE, el juez Rafael Ramos Sáenz, quien renunció a su cargo debido a los señalamientos del legislador sobre supuestas violaciones al Código de Ética de la Rama Judicial.
“Se me preguntó todo de la información que hice pública sobre el documento de la conversación (chat, del juez y otros miembros del Partido Nuevo Progresista en una red social) y si era miembro del grupo”, indicó.
Sobre su comparecencia, “yo lo único que digo es que yo no debí ser la primera persona que debió citarse. Hay identificadas personas que participan en la conversación”.
Asimismo, aseguró que “entregué toda la evidencia que puedo compartir en este momento”.
Consultado sobre el porcentaje de los documentos que entregó, comentó que “ahí yo me amparo en el privilegio legislativo”, una aseveracióm que también hizo cuando se le consultó sobre la persona que le entregó la información.
A su vez, recordó que él “no es sospechoso ni acusado” en el caso.
El pasado 6 de enero, Ramos Sáenz renunció a su cargo y es investigado por Justicia.
La renuncia se dio luego de acusaciones hechas por el senador Torres, sobre las actuaciones de Ramos Sáenz cuando ejerció como juez presidente de la local de Moca.
Según ha trascendido, existen mensajes de diálogos entre el ahora expresidente de la CEE, Itza García (actual subsecretaria de la Gobernación) y Waleska Maldonado (directora de la Administración para el Sustento de Menores), en los que el exfuncionario supuestamente viola los cánones de ética judicial.
Torres ha indicado que Ramos Sáenz habría intervenido de forma activa en la campaña del Partido Nuevo Progresista (PNP) y consultado determinaciones como juez. INS
P. Rico-En 94% el restablecimiento de las radio-bases, pero el 46% opera con generadores eléctricos; la falta comunicación con la AEE retrasa la recuperación
San Juan, 14 feb (INS).- La presidenta de la Junta de Reglamentación de las Telecomunicaciones (JRT) Sandra Torres, informó ayer en una audiencia pública de la Cámara de Representantes que actualmente el 94% de las radio-bases ya están dando servicio de telecomunicaciones, pero el 46% está operando aún con generadores eléctricos.
Mientras, tres empresas de telecomunicaciones han hecho caso omiso de una orden de la JRT relacionada con los créditos emitidos a los clientes por la falta de servicio. La JRT emitió órdenes para mostrar causa por la cual no les deba cancelar la certificación si no conceden a la solicitud de información.
Al declarar ante la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, que preside el representante Víctor Parés Otero, destacó que el restablecimiento total del servicio de telecomunicaciones está directamente relacionado con el restablecimiento del servicio de energía eléctrica.
Señaló que la falta de comunicación con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ha retrasado la recuperación del servicio. Y añadió que en los pueblos del centro de la isla y áreas de difícil acceso donde están las antenas, se ha hecho más complicado restaurar los equipos o suplir el diésel para poner a funcionar los sistemas con generadores eléctricos.
La Comisión había solicitado de la JRT un informe del plan de trabajo para sustituir las antenas y torres que se cayeron con el paso del huracán María y la fecha en que sería restablecido el sistema de telecomunicaciones en su totalidad.
“Hoy (ayer) estamos dando seguimiento, a las vistas que comenzamos el pasado año, para conocer el estatus de cómo está el sistema de las telecomunicaciones, a cinco meses después de Irma y María. Como sabemos, hubo muchas antenas que se fueron al piso, otras perdieron cobertura porque no había electricidad para funcionar”, advirtió el representante.
“Es necesario aclarar que la Junta no sustituye antenas, esa labor, junto con la reparación, le corresponde a cada proveedora de servicio. La Junta como parte de sus funciones ministeriales se mantiene activa con las compañías de telecomunicaciones, asegurándose que estas cumplan con su trabajo para la restauración de los servicios en toda la isla”, explicó la funcionaria.
En relación con los créditos otorgados por la compañías de telecomunicaciones por la falta de servicio durante la emergencia, Torres indicó que en noviembre pasado se emitió una resolución para requerir información a las compañías y fueron citadas.
Hasta el momento, informó, se han otorgado $223 millones en créditos a los clientes sin servicio.
En cuanto a las compañías que no cumplieron con la información peticionada sobre los créditos, la Junta determinó emitir tres órdenes para mostrar causa a estas compañías que no han cumplido para que expresen sus razones por las cuales no se les debe eliminar de los Registros de CMRS, o cancelarles la certificación que les autoriza a hacer negocios en Puerto Rico.
Torres reiteró que cuando la AEE culmine de energizar las áreas que faltan, ellos esperan restaurar en su totalidad el servicio de telecomunicaciones e Internet.
A preguntas de Parés Otero sobre el servicio en Vieques, la presidenta de la JRT comentó que el restablecimiento del servicio y cobertura dependerá de la reparación del cable submarino que está quebrado en las dos puntas.
“Le dieron cobertura de emergencia al CDT y a los bancos para que las personas pudieran accesar a la tarjeta de la Familia”, manifestó. INS
P. Rico-AEE prohíbe entrada a la prensa a reunión con alcaldes y empleado de seguridad empuja a primer ejecutivo municipal de Dorado
Bayamón, 14 feb (INS).- Oficiales de seguridad de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) prohibieron ayer la entrada a la prensa a una reunión con alcaldes en la oficina regional de Bayamón, mientras un empleado de seguridad empujó al primer ejecutivo de Dorado, Carlos López.
Reporteros y camarógrafos de Telenoticias Canal 2, Noticentro Canal 4, RadioIsla 1320 AM y otros medios regionales acudieron a la cita de los alcaldes de Dorado, Toa Alta (Clemente Agosto), Vega Baja (Marcos Cruz) y Vega Alta (Oscar Santiago), pero no pudieron entrar a la reunión.
Mientras, un empleado de seguridad de la AEE empujó al alcalde de Dorado Carlos López cuando iba a entrar al encuentro.
Durante las pasadas semanas, la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ha estado celebrando reuniones de orientación y seguimiento con los alcaldes de la zona norte del país, con el propósito de coordinar las labores de restauración eléctrica.
“Esta es una corporación pública y la reunión es pública por petición de los alcaldes. El pueblo quiere saber qué está pasando con el proceso de restauración de energía eléctrica y no hay razón alguna para que se prohíba el paso de la prensa”, dijo Lynette Moreno, oficial de prensa del municipio de Dorado.
Moreno cuestionó la razón por la cual en esta ocasión la corporación pública exigió hacer las reuniones de manera segmentada.
“Es información pública. Si se están haciendo el trabajo como prometido, pues les conviene que la prensa reporte eso. Pero si es lo contrario, se debe reportar también”, acotó.
Mientras, Edwin Ocasio, del municipio de Toa Alta, contó que “el pasado 23 de enero se estableció la dinámica de una reunión semanal para discutir los planes de trabajo, así como espacio para expresar el malestar que les causa el que no se les asigne más brigadas o reclamar que se supervise a las empresas privadas que han sido contratadas. La prensa estuvo presente en la cita en Vega Alta y los oficiales de la AEE no quisieron hacer expresiones públicas. Eso se respetó, pero nosotros exigimos el derecho de la prensa a reportar lo que está pasando”. INS
P. Rico-JSF designa a Citigroup para liderar la restructuración de la AEE
San Juan, 14 feb (INS).- La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) anunció ayer que enmendó su contrato con el consultor financiero Citigroup Global Markets, designandolo como principal consultor de banca de inversiones en el proceso de restructuración y privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Citi asesorará a la Junta en la privatización y restructuración de la deuda de la AEE, según el proceso de título III que se lleva a cabo en la corte federal de quiebras.
La firma guiará los esfuerzos para identificar soluciones en el sector privado que cumplan con la visión del gobierno: una concesión a largo plazo para la transmisión y distribución de la AEE y la privatización de los activos de generación de la corporación pública. Según la JSF, estos elementos vendrán a formar parte del plan de ajuste sometido en el caso de título III.
El organismo recordó que “por mucho tiempo” ha estado señalando que se necesita una transformación operacional y financiera completa de la AEE, que incluya inversión privada, para lograr un sistema eléctrico resistente, confiable y costoefectivo.
Además, la Junta dio la bienvenida al llamado del gobernador Ricardo Rosselló Nevares para llevar a cabo la privatización de la AEE y se mostró “deseosa” de trabajar con el gobierno de Puerto Rico y la corporación pública para reconstruir la infraestructura de la AEE, reestructurar su deuda y atraer soluciones de capital “innovadoras” a la Isla.
Sobre el plan fiscal revisado de la AEE, la Junta señaló que espera certificarlo antes de fin de mes. INS
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