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Resumen de noticias para el lunes 29 de enero de 2018
P. Rico-Firma gobernador Rosselló Nevares nueva ley para agilizar los procesos de adopciones
San Juan, 29 ene (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó ayer en La Fortaleza, en presencia del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, la nueva Ley de Adopción de Puerto Rico, que tiene como propósito agilizar, uniformar y flexibilizar ese procedimiento en el país.
Mediante esta ley se crea un sistema de refugio seguro, el cual promueve que una madre biológica pueda entregar a su recién nacido en una institución hospitalaria sin que tenga el temor de ser procesada por el delito de abandono.
“Esta medida la trabajamos de la mano del presidente cameral, siguiendo las guías de lo que prometimos en el Plan para Puerto Rico. No puedo pensar en una persona más idónea que el compañero ‘Johnny’ Méndez para manejar este importante tema con la sensibilidad que le caracteriza”, expresó el primer mandatario.
El proyecto de la Cámara 29 integrar en un solo estatuto las disposiciones que rigen la adopción por familias puertorriqueñas, al tiempo que se incorporan las agencias de adopción como entidades permitidas para servir de refugio seguro de estar acogidas al programa de entregas voluntarias.
La ley, además, flexibiliza el proceso de adopción al enmendar el Código Civil para permitir que personas no casadas puedan hacerlo de forma conjunta, de modo tal que aumenten las posibilidades de adoptar una mayor cantidad de menores en custodia del Estado, al ampliar el universo de adoptantes disponibles.
La nueva ley también crea el Registro Estatal Voluntario de Adopción, en el cual se podrán identificar a tiempo cuántas personas están interesadas y calificadas para acoger a un menor y qué menores están sujetos a ser adoptados.
Este estatuto aclara y uniforma el proceso en los tribunales ante la privación de la patria potestad cuando se trabajan casos de adopción donde los menores se encuentren bajo la custodia legal del Departamento de la Familia por la existencia de un caso judicial de maltrato.
Además, se puede privar a un padre con patria potestad en un caso de maltrato, cuando sea parte interventora o se haya sometido a la jurisdicción del tribunal durante el proceso, sea o no parte promovida.
El gobernador Rosselló Nevares expuso que, “aunque se han hecho avances significativos luego de la Ley de Adopción de 2009, este proceso aún es tedioso, burocrático y no toma como prioridad el bienestar del menor”.
“La adopción brinda una segunda oportunidad de vida a la niñez para que pueda crecer en un ambiente familiar. Mi aprecio y respeto particular al presidente de la Cámara, quien vivió este proceso personalmente y es vivo ejemplo de la necesidad de los cambios que convertimos hoy en ley”, indicó Rosselló Nevares.
El presidente de la Cámara destacó que “este es un momento histórico” porque se da “un regalo de esperanza y de protección para los cientos de niños que viven en Puerto Rico y esperan ser adoptados”.
Además, el sueño de una familia, que ha luchado contra viento y marea por dar un regalo de amor, se encuentra mucho más cerca, dijo sobre la ley, que deja clara la nueva política pública y la tramitación final de adopción en un término no mayor a 60 días.
“Esto hace que, en vez de esperar hasta años, podemos tener en tan solo dos meses la creación de una nueva familia, la cual es fundamental para nuestra sociedad”, agregó.
Relató que “viví en carne propia la burocracia del proceso, pues mi caso de adopción se tardó 19 años en ser completado”.
“Fueron 19 años de espera, y le doy gracias a Dios que tuve unos padres adoptantes que perseveraron”, dijo Méndez al agradecer al gobernador por dejar en el pasado “ese proceso arcaico, delineando uno verdaderamente justo, atemperado a la realidad del siglo XXI y que convertirá en realidad los anhelos de miles de niños”. INS
P. Rico-Secretario del DTOP ordena condonar deudas por multas de AutoExpreso a miles de conductores
San Juan, 29 ene (INS).- Miles de conductores se beneficiarán de varias iniciativas del secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras Aponte, que incluye la condonación de las deudas de AutoExpreso, medida que entra en vigor inmediatamente.
Se eliminarán las multas a toda persona que solicite una vista administrativa, tras haber recibido multas de AutoExpreso, producto del cambio de tarjeta de crédito o débito, con una fecha de expiración diferente sin que ellos se percataran.
Según explicó Contreras Aponte, “miles de personas han estado recibiendo un cambio de tarjeta de crédito por parte de su banco, principalmente por la integración de la nueva tecnología de chip, pero estas están llegando con una fecha de expiración diferente a la que registraron originalmente en AutoExpreso”.
Señaló que a estas personas, que se estiman son 1,360 en 2017 y 1,264 en lo que va de 2018 yque ya han solicitado vista administrativa, se les eliminarán las multas. Aquellas que tengan la misma situación y no hayan solicitado vista administrativa aún, sólo tienen que elevar esa solicitud por correo o en persona, y también se les aplicará la eliminación de las multas.
La orden emitida por el secretario de DTOP entra en vigor de forma retroactiva.
Una segunda iniciativa establece que a toda persona que haya solicitado una vista administrativa para impugnar sus multas de AutoExpreso, y pasados 180 días aún no se le haya otorgado o resuelto, se le eliminarán todas las multas recibidas antes de esa solicitud.
La directriz se ampara en la sección 3.13 (g) de la Ley 38 de 2017, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, que establece que todo caso sometido a un procedimiento adjudicativo ante una agencia, deberá ser resuelto dentro de un término de seis meses desde su radicación, salvo en circunstancias excepcionales.
“Con esta medida, según las estadísticas de AutoExpreso, se podrán beneficiar más de seis mil personas. Cuando llegamos, en enero de 2017, nos encontramos con miles de solicitudes de vistas administrativas por multas de AutoExpreso, que venían arrastrándose desde el año 2014”, aseveró el funcionario.
Al día de hoy, informó que todavía quedan pendientes de vistas y/o resolución 40 de 2014; 4,162 de 2015; 863 de 2016; y 2,975 de 2017. “Aunque de esta última cifra tenemos 1,360 que son por el cambio de tarjeta de crédito o débito con chip”, aclaró el ingeniero.
Aparte, Contreras Aponte anunció que envió una comunicación a Metropistas como a GILA (compañía que administra el sistema de AutoExpreso), indicándoles que tomó la decisión de detener ciertos pagos que emite la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).
Esto, hasta tanto cumplan con ciertas medidas de control de calidad, precisión y confiabilidad de los sistemas que detectan los sellos de AutoExpreso cuando se pasa por los peajes.
De acuerdo con la sección 3.16 (b) (ii) y 3.16 (c) del contrato entre la ACT y Metropistas, la segunda tiene derecho a recibir el pago por parte de la primera, por concepto de los vehículos que pasen sin sellos o sin fondos suficientes, en los primeros 30 días luego de emitido el informe sobre la cantidad de casos, confeccionado por GILA. Este pago no está sujeto a que la ACT cobre el dinero.
Recientemente, Metropistas realizó cambios en el sistema de lectura de sellos y ciertos componentes de las cámaras, entre otros equipos, con la finalidad de establecer los pórticos y el cobro en ambas direcciones.
Desde entonces, las estadísticas demuestran que las multas por pasar sin sellos o con fondos insuficientes se han disparado dramáticamente. Pruebas y auditorías recientes han demostrado, además, que las fallas registradas en estos nuevos equipos instalados por Metropistas son muchísimo mayor que las registradas en los equipos de la ACT.
Por lo tanto, la ACT detendrá los pagos de ciertas partidas a Metropistas por concepto de los vehículos que su sistema detectó como que no tenían sello o fondos suficientes, hasta tanto se aclare, audite y corrija el sistema instalado.
“Resulta inaceptable que Metropistas no pueda garantizar el nivel de precisión del sistema de lectura, mientras la ACT les paga, independientemente de si fue un conductor que pasó sin fondos o si fue una falla de su sistema”, concluye la misiva.
En la comunicación dirigida a Jason Schmer, representante de GILA, el secretario le informa su intención de suspender también unos pagos que, según el contrato entre estos y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), estaban sujetos a que GILA realizara una serie de mejoras en los sistemas que, al día de hoy, no ha hecho o ha demorado demasiado.
Finalmente, el funcionario indicó que próximamente hará otros anuncios importantes sobre cambios en AutoExpreso, dirigidos a resolver de una vez la mayoría de los problemas que se han registrado por los últimos años en este sistema de cobro de peajes. INS
P. Rico-Senador del PNP cataloga de “asunto de derechos humanos” la falta de energía eléctrica y servicio de agua en la montaña
San Juan, 29 ene (INS).- El senador Axel “Chino” Roque Gracia, del Partido Nuevo Progresista (PNP), urgió la intervención de las autoridades pertinentes para atender un asunto que catalogó como de “derechos humanos en la montaña” tras cuatro meses sin el servicio de energía eléctrica ni agua potable.
“La gente está desesperada. Tenemos que entender la condición geográfica de la zona. Estas familias no tienen los accesos que tiene la gente en San Juan. Están pasando hambre, porque comen solo dos veces al día. No pueden salir y encontrar un fast food, porque viven distanciados de la ciudad. Si no hacemos algo pronto, vamos a tener una crisis humanitaria” advirtió.
Sobre casos específicos, narró que “Zaida Maldonado Rivera (mamá) y Luis A. López González (papá) están sin servicio eléctrico desde el paso del huracán María. Tampoco tienen agua, porque su sistema de acueducto es un sistema comunal que depende de la energía eléctrica. Se han gastado más de 2,000 dólares en gasolina. Su situación económica se ha agravado, porque la madre está desempleada y el papá tiene un trabajo a medio tiempo”.
Añadió que “hay que ir a la calle para saber lo que están sufriendo las familias. Estoy cansado de referir casos que realmente tienen urgencia y que el director regional de la AEE haga caso omiso. Ni siquiera dicen para cuándo podrán tener luz esas personas o las razones por las que no tienen servicio”.
Roque mencionó, por ejemplo, el caso de una familia que tiene a uno de sus miembros encamados en el sector Gallera de Barranquitas, “que lo que les falta es levantar una línea del suelo”.
Asimismo, habló de otro caso en las parcelas de Palo Hincado que por no tener luz, tampoco cuentan con el servicio de agua potable. Mientras en el sector Las Villas del sector Barranca, en donde también hay ancianos y encamados, los vecinos esperan a la AEE con un poste que es lo que aparentemente hace falta instalar para que se restablezca el servicio en esa comunidad.
Aseguró que hay comunidades organizadas dispuestas a colaborar, como la comunidad Lomas Valles de Naranjito, las Villas de Barrancas y la Loma de Barranquitas.
“Parte de los constituyentes que han conseguido tener servicio de luz es gracias a que por su propia cuenta compraron materiales y pagaron a compañías privadas para adelantar los trabajos. Pero no todos los ciudadanos tienen una situación económica que les permita hacer ese tipo de inversiones. O sea, estamos dejando desprovistos a los más vulnerables”, insistió.
También denunció que por la falta de luz y agua potable, los pequeños y medianos comerciantes se han visto obligados a detener sus operaciones en una zona que apenas despuntaba económicamente por el turismo interno.
“El Cuerpo de Ingenieros no provee información concreta. Se pasan la papa caliente entre la AEE y el Cuerpo de Ingenieros. Unos dicen que no tienen materiales, otros que están dispuestos a colaborar, pero la realidad es que no están trabajando de manera coordinada ninguna misión en la montaña”, criticó.
El legislador dijo que estará disponible para apoyar a los ciudadanos que quieran manifestar su insatisfacción ante la precaria situación que enfrentan por la falta de electricidad. “Iré a donde sea para llevar la voz de mi gente y que se les resuelva el problema cuanto antes”, sentenció. INS
P. Rico-Senador Carmelo Ríos solicita a aerolíneas información sobre sus vuelos ante supuesto discrimen a viajeros puertorriqueños
San Juan, 29 ene (INS).- El senador Carmelo Ríos solicitó a las aerolíneas comerciales que dan servicio en Puerto Rico un informe detallado sobre sus planes de trabajo, como parte de una investigación para detectar un supuesto patrón de discrimen contra viajeros puertorriqueños.
El legislador envió una misiva a las aerolíneas Alaska, American, Delta, Frontier, Jet Blue, Southwest, Spirit y United en la que destacó la odisea que, a cuatro meses del fenómeno atmosférico, aún viven miles de puertorriqueños que intentan viajar fuera de la isla.
Según expresó el político del Partido Nuevo Progresista, “la isla sigue sufriendo a causa de la devastación causada por el huracán María. Diariamente son muchas las denuncias que recibimos en nuestra oficina donde personas aseguran no pueden salir debido a la poca disponibilidad de vuelos desde Puerto Rico a destinos en Estados Unidos”.
Agregó que si a esto “le añadimos los costos exorbitantes, hacen de esta travesía una sumamente dolorosa al bolsillo del viajero. Es inconcebible que a pesar de la indignación pública, esto todavía esté ocurriendo. Peor aún, que sigamos siendo discriminados por nuestro lugar de origen”, añadió.
Entre los datos solicitados por Ríos, las mencionadas compañías deberán presentar los planes de vuelo del 1 a 30 de septiembre de 2017. Igualmente, los itinerarios desde septiembre a enero de 2015, 2016, 2017 y 2018.
También el desglose de los aviones que tenían previsto utilizar, incluyendo la capacidad de estos e información sobre el ingreso promedio por vuelo durante los últimos dos años. INS
P. Rico-Resalta secretario de Estado fortalecimiento del intercambio comercial con República Dominicana
San Juan, 29 ene (INS).- El fortalecimiento del intercambio comercial con la República Dominicana se fortalece con los viajes de Ferries del Caribe, afirmó el secretario de Estado de Puerto Rico, Luis Rivera Marín, al resaltar que la balanza ya está en mil millones de dólares.
El funcionario manifestó a la agencia Inter News Service (INS) que el intercambio se centra principalmente en productos agrícolas y químicos, y por tratarse de una ruta corta se facilita el transporte por vía marítima, la que “utilizan nuestros agricultores o manufactureros”.
“La relación comercial que se da entre República Dominicana y Puerto Rico, viene desde las plantas gemelas que fueron parte del Caribbean Basin Initiative”, dijo en un aparte con la agencia INS al anunciar el presidente de Ferries del Caribe, Néstor González García, el establecimiento junto a Marine Express y Priority Ro Ro de un control automatizado de pasaportes entre Puerto Rico y la República Dominicana.
Añadió que “de ahí se ha desarrollado principalmente en el área de la agricultura y de los productos químicos, es una ruta corta que permite mover productos por vía marítima, como esta embarcación que entra y sale rápidamente”.
El secretario de Estado recordó que siempre se ha buscado el fortalecimiento del mercado entre los dos países, por lo que en agosto pasado “estuvimos en una misión en la República Dominicana y se firmaron unos acuerdos para continuar desarrollando y promoviendo el intercambio comercial”.
Rivera Marín confirmó que el Departamento de Agricultura de Puerto Rico ha levantado en estos momentos la posibilidad de que se importen plátanos dominicanos.
“Hay que trabajarlo estrechamente con el Departamento de Agricultura federal, pero ciertamente el puente que crea esta empresa para mover productos entre Puerto Rico y República Dominicana es fundamental para esta balanza, que ya está en un billón de dólares, mas o menos medio billón en una vía y medio billón en otra”, comentó.
Durante la actividad, Rivera Marín anunció que la empresa puertorriqueña Ferries del Caribe es la primera embarcación a nivel mundial que ofrece a bordo el servicio de Control Automatizado de Pasaporte (APC, siglas en inglés), aprobado e instalado en coordinación con Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el secretario de
De otra parte, el secretario de Desarrollo y Comercio, Manuel Laboy, reveló a la agencia INS que actualmente se evalúa la designación del director de la Oficina Comercial de Puerto Rico en la República Dominicana.
Ante el planteamiento que le hiciera Inter News Service la posibilidad de que vuelva el exjuez Juan R. Melecio, que fue su director ejecutivo entre 2009 y 2013, dijo que su nombre estaba.
Melecio comentó hace un tiempo a periodistas de la agencia INS su interés en volver a ponerse al frente de esa oficina comercial. INS
P. Rico-Por determinar el futuro del Consejo de Educación de Puerto Rico
San Juan, 29 ene (INS).- El futuro próximo del Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR) no está claro aún, pero será definitivamente reorganizado y algunos de sus programas eliminados o “externalizados”.
En este momento “se exploran” los cambios que se van a introducir en esa agencia que incide tanto en el sistema educativo público y privado K-12, como en el post-secundario y universitario, a los que licencia y acredita.
“Se está trabajando el detalle de eso. No sé si han tomado una decisión, pero al identificar que se pueden separar me parece tan fácil como establecer una oficina independiente, para operar sin ningún conflicto” con el Departamento de Educación (DE), indicó la secretaria de Educación a preguntas de la agencia Inter News Service (INS) en torno al destino de la agencia de licenciamiento y acreditación educativa del estado.
El conflicto de intereses que se le puede plantear al CEPR, si se trasladara al DE, es que estaría licenciando (y acreditando a los que voluntariamente se sometan a ese proceso) tanto a las escuelas privadas como a las públicas, siendo un organismo del DE.
Ese conflicto ya le fue planteado al antiguo Consejo de Educación Superior en la década de 1990, cuando el organismo licenciaba y acreditaba (desde su creación en la ley de reforma universitaria de 1966) a todas las instituciones post-secundarias privadas al mismo tiempo que fungía de Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, es decir, como su ente rector.
El conflicto era evidente para muchos, particularmente para el entonces presidente del Sistema Universitario Ana G. Méndez, José “Pepe” Méndez, quien cabildeó fuertemente para su separación, pues la entidad tenía la autoridad de permitir la creación de nuevos programas académicos, tanto en el sector privado como en el público, conteniendo el organismo en su interior la capacidad de obstruir las solicitudes privadas como beneficiar las de la UPR, si así se le daba, conciente o no, aunque solo se levantó el asunto del “potencial conflicto”, nunca de denuncias específicas.
Una de las primera leyes sometidas a la Legislatura en el 1993, al llegar el nuevo gobernador Pero Rosselló al poder, fue deslindar las tareas del CES como Junta de Síndicos y cuerpo rector de la UPR, y sus funciones de licenciamiento y acreditación e investigación y estadístico de todo el sistema post-secundario. De esa manera se creó un nuevo CES sin intervención regente en la UPR.
Rosselló creó por primera vez al final de esa década el Consejo General de Educación (CGE) para que asumiera las responsabilidades del sistema K-12.
En el 2010 se obligó, pese a la objeción de ambos, la fusión del CES y el CGE para crear el CEPR, organismo que ahora será reubicado, desmantelado o externalizado, según se determine.
“Es una discusión que se está teniendo, puede culminar en otra área que no sea Educación, puede culminar alguna parte de lo que es el Consejo ahora, puede ser o eliminado o externalizado, como es en otras jurisdicciones. Pero la parte que tiene que permanecer, de las escuelas secundarias, pues se está identificando hacia dónde es que se mueve para tener la independencia”, aseguró el primer ejecutivo a la agencia INS durante un conversatorio junto a la secretaria de Educación con la prensa en torno al sometido plan fiscal del DE hace unos días.
Sobre las funciones de licenciamiento y acreditación del nivel postsecundario, el gobernador ya tiene una posición.
“Es que no es necesario. Acreditar sí es necesario, eso lo hace la Middle States, pero el licenciamiento… de 50 estados, 47 no lo hacen. O sea, que lo que nosotros hemos expuesto, ‘mira, si queremos decidir que se haga ese licenciamiento, fenómeno, pero el gobierno no lo tiene que hacer, y no tiene que gastar posiblemente dos o tres veces lo que normalmente se gasta para hacerlo”.
Aun así, está abierto a cualquier posibilidad, siempre y cuando implique ahorros fiscales y eficiencia, metas que persigue ante una burocracia de gobierno que nunca se ha caracterizado por resolver de manera efectiva los asuntos y además es cara.
“Se está explorando (la forma definitiva en que se transformará al CEPR), pero definitivamente habrá un cambio de lo que era el Consejo de Educación porque, de nuevo, hay una serie de funciones que, o se pueden eliminar o se pueden sacar, entonces, las que se tienen que retener, buscar dónde” (se ubican), agregó.
En vista de que no ha terminado el análisis, no es posible conocer si el cuerpo rector de nueve consejeros, nombrados por el gobernador con el consejo y consentimiento del Senado, sobrevivirá. Las juntas de gobierno de las diversas agencias de seguridad que se integraron al Departamento de Seguridad Pública no lo lograron. Algunos de estos miembros señalaron que eso motivó el desempeño inconsistente de esas agencias durante la emergencia provocada por el huracán María.
El CEPR, en todas sus variantes históricas, siempre ha sido un organismo complejo que ha pasado por debajo del radar público, sus funciones son altamente técnicas y aunque no se vea en las portadas de los diarios es una entidad que incide con fuerza en el todo proceso educativo del país.
El organismo licencia instituciones de educación básica privadas e instituciones post-secundarias privadas y públicas. Igualmente acredita las instituciones de educación básica públicas y las privadas que así lo soliciten.
Por otro lado, mediante varios programas ofrece ayudas económicas a estudiantes necesitados para que completen sus estudios.
También, es el custodio y administrador de la documentación estadística relacionada con la educación e investigaciones académicas “para procurar el desarrollo de las competencias necesarias para generar una mejor calidad de vida y mayor actividad económica para Puerto Rico”, se afirma en su página cibernética.
Una oficina del organismo emite certificaciones que validan los grados conferidos por las instituciones de educación autorizadas mediante la licencia del CEPR, y atiende las instituciones denominadas Iglesias-Escuelas (Ley 82 de 1995).
La licencia es un requisito para las instituciones de educación privadas y públicas. Mientras, la acreditación es voluntario para las instituciones de privadas y obligatorio para las públicas pertenecientes al DE.
Otro de sus programas se encarga de la evaluación, la planificación, las estadísticas y la investigación. También desarrolla indicadores para monitorear los procesos de la educación en la isla; y conduce estudios e investigaciones.
A la entidad se le requiere diseñar planes estratégicos, métricas de desempeño para medir las funciones del Consejo, adiestramientos, seminarios, conferencias sobre licenciamiento y acreditación, y otras tareas afines.
En este momento no se puede afirmar, sin embargo, que las instituciones de educación privadas o públicas atienden las recomendaciones, investigaciones o estadísticas del CEPR. Sí se someten al proceso de licenciamiento y renovación como requisito para iniciar y continuar sus operaciones.
Sin embargo, mientras el gobierno central comienza y analiza su “transformación” educativa, el Senado lleva, de manera paralela, su propia agenda de trabajo, en manos de la Comisión de Educación, que preside Abel Nazario.
Mediante los proyectos del Senado 674 y 677 se enmienda el Código de Ética para los contratistas y suplidores del DE, y se establece un programa piloto de Educación Internacional para estudiantes de excelencia académica que comenzaría en el año escolar 2018-2019 en una escuela elemental, intermedia y superior del sistema, respectivamente.
El modelo y currículo que se adoptará, será el provisto por la Cambridge Assestment International Education (CIE) y estaría disponible solamente para estudiantes de alta excelencia académica, a los cuales se les facilitarán los exámenes para su admisión a instituciones universitarias internacionales.
El proyecto sobre los suplidores y contratistas requiere que estos presenten evidencia (declaración jurada) sobre el pago de subcontratados para que el DE desembolse el dinero.
Mientras, con el el Proyecto del Senado 675 se establecería una Academia de Liderazgo para directores escolares. Actualmente el DE desarrollo una Academia de Directores.
Además, mientras la UPR está en plena evaluación de su plan fiscal, que requiere una transformación profunda de las operaciones administrativas, estructurales y docentes, Nazario lleva paralelamente su iniciativa para presentar una nueva ley universitaria.
El problema que se le presenta al senador es que una vez la junta de control fiscal certifique el plan fiscal de la UPR, es poco lo que podrá incidir en el sistema, porque la ley que prevalece es la certificación de la junta. La que apruebe la legislatura y el gobernador puede ser “anulada” por la junta.
En este momento el presidente de la UPR Darell Hillman ha remitido su plan fiscal a los distintos cuerpos universitarios para su evaluación, con la oposición frontal de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (Appu) que, al contrario, quiere que se continúe el millonario subsidio del gobierno, según reveló en una carta enviada a sus asociados.
La APPU, un organismo bona fide, como lo son también el sindicato de Trabajadores y la Hermandad de Empleados No Docentes, apenas recoge a menos de un tercio de los profesores.
La Appu pide que firmen los profesores una carta “para que se reconozca a la UPR como un servicio público esencial; y para que el gobierno salvaguarde su permanencia deteniendo los recortes a su presupuesto y asignándole los recursos necesarios para el desarrollo de proyectos que ayuden a Puerto Rico a superar la crisis”. INS
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