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El planificador José Rivera Santana considera que la gestión del gobernador Ricardo Rosselló Nevares colapsó una vez se sometió a los dictámenes de la junta de control fiscal. /Inter News Service
Por Nelson del Castillo
San Juan, 21 ene (INS).- Transcurrido un año de su mandato, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares no ha podido consolidar su administración porque el Congreso estadounidense terminó de ocupar los pocos espacios de gobierno propio que le quedaba al Estado Libre Asociado (ELA) con la junta de control fiscal y la ley Promesa.
El planificador José Tato Rivera Santana manifestó que la administración de Rosselló Nevares “apenas pudo comenzar, mucho menos pudo consolidar un equipo de gobierno”, aunque probablemente hubiera pasado igual si las elecciones las hubiera ganado el candidato del Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier, ya que se trata de administrar una estructura gubernamental sin poder para hacerlo.
“La única ruta que le quedaba al gobernador –el que fuera– para ejercer una gestión propia de gobierno era la confrontación con la junta de control fiscal y, por ende, contra el Congreso; esa opción la tuvo Rosselló Nevares muy al comienzo, cuando aparentó que retaría las imposiciones de la junta y así lo dejó consignado en la carta del 20 de enero de 2017, pero poco después se amilanó y en la práctica acogió y se sumó a (sus) exigencias”, precisó.
El activista político y social explicó en entrevista con la agencia Inter News Service (INS) que el mandatario boricua emitió órdenes ejecutivas y firmó leyes muy afines a la agenda de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y, finalmente, sometió y aprobó el Plan de Ajuste Fiscal y el presupuesto, conforme a los criterios y requisitos del organismo.
“Claramente, la gestión de la administración Rosselló Nevares colapsó una vez se sometió a los dictámenes de la JSF, (pues) son sus siete miembros quienes en la práctica gobiernan y hasta administran las agencias públicas”, adujo el otrora copresidente del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH).
Para Rivera Santana, la JSF tiene una agenda y propósitos muy claros según se recogen en la ley Promesa (Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico), de cuyo contenido se desprende la exclusión del desarrollo financiero de esta isla del Caribe; la única referencia a ese tema fue la creación del grupo de trabajo cuyo informe, sometido en diciembre de 2016, no obligaba al organismo ni al Congreso, por lo que no tuvo consecuencia.
Respecto al huracán María, el planificador explicó a la agencia INS que este fenómeno natural vino a desnudar y a profundizar la diversidad de problemas que ya existían y hervían a punto de ebullición.
“A la incapacidad institucional para responder a la urgencia de la situación se unió el desprecio y la mofa del gobierno de Estados Unidos. El principal mensaje lanzado desde Washington es que la postura imperial está inalterada”, expuso.
Rivera Santana afirmó que para los estadounidenses “Puerto Rico es otra nación, otro país al que pueden tratar como mejor les guste”.
No se trata sólo las expresiones execrables del presidente Donald J. Trump, aclaró Rivera Santana, sino también el manejo irresponsable de Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, el Congreso federal y el Departamento del Tesoro.
“Es claramente una actuación en bloque del gobierno permanente de Estados Unidos; Trump es simplemente un vulgar accidente”, expuso el activista.
Rivera Santana destacó que lo que sí es específico y claro es la intervención directa de la junta para atender el pago a los acreedores de la deuda de Puerto Rico: ese y no otra es la función de la Junta de Supervisión Fiscal.
“De ahí que sus comunicaciones a la administración Rosselló Nevares han sido consecuente en la exigencia de adoptar políticas de austeridad severas o draconianas –como las caracterizó el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz en su visita a Puerto Rico–, con el único propósito de separar el dinero para el pago a los bonitas”, estableció.
El planificador detalló que ese es el contenido principal del Plan de Ajuste Fiscal, por tanto, en ausencia de políticas de desarrollo económico y ni siquiera de un paquete de ayuda financiera, esencial e indispensable para cualquier plan de ajuste fiscal como los que propone el Fondo Monetario Internacional.
“La junta de control fiscal, lejos de ser un instrumento para lidiar con la crisis económica y financiera de Puerto Rico, se ha convertido en el principal obstáculo”, resumió Rivera Santana. INS
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