Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el jueves 18 de enero de 2018
P. Rico-Aafaf y decisión de la FEMA de negar préstamo a la isla: “Hemos cumplido con todas las exigencias de las agencias federales”
San Juan, 18 ene (INS).- El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Gerardo Portela Franco, informó ayer, ante la decisión de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) de negar por ahora un préstamo a la Isla, que las “negociaciones siguen encaminadas para establecer términos y condiciones para que se active acceso a préstamos federales”.
Portela Franco explicó que, desde el pasado mes de octubre, la Aafaf ha estado en negociaciones con el gobierno federal para conseguir que los fondos asignados por el Congreso, bajo el Programa de Préstamos a Comunidades Afectadas por desastres (CDL, siglas del programa en inglés) se desembolsen lo antes posible.
“No es cierto que el Tesoro Federal haya solicitado la intervención de la Junta de Supervisión Fiscal en el manejo de los fondos de CDL. Las negociaciones siguen encaminadas para establecer los términos y condiciones para que se active el acceso a los préstamos federales”, sentenció.
El funcionario expuso que “como parte de las negociaciones, la Aafaf ha cumplido con todas las exigencias de las agencias federales. No obstante, a pesar de los continuos esfuerzos de la AAFAF, al día de hoy, el Departamento del Tesoro federal y FEMA no han provisto los términos y condiciones finales bajo los cuales desembolsarán los fondos asignados por el Congreso federal”.
En respuesta al Departamento del Tesoro federal y a la FEMA, la Aafaf, en representación del gobierno de Puerto Rico, urgió a las agencias federales a finalizar las negociaciones, permitiendo acceso a los préstamos bajo el programa CDL, según la voluntad del Congreso de EEUU.
El jefe de Aafaf señaló que este retraso ha provocado que el gobierno de Puerto Rico iniciara trámites para permitir al gobierno central prestarle fondos estatales a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
“Según previamente publicado, estas corporaciones públicas enfrentan problemas severos de liquidez que amenazan los servicios esenciales al Pueblo de Puerto Rico al interrumpir sus operaciones si no se toma acción inmediata”, advirtió.
La FEMA y el Departamento del Tesoro de EEUU tomaron la decisión de no efectuar el desembolso del préstamo que pidió el gobierno de Puerto Rico, que bordearía los cinco mil millones de dólares.
La determinación fue informada el pasado 9 de enero al director de la Aafaf.
Dentro de una carta enviada por la agencia federal a la Aafaf, se señala que la medida se dará hasta que el gobierno de la Isla no establezca una política de balance de efectivo.
En la misiva, además, se consigna la situación con los seis mil millones de dólares que posee el gobierno de Puerto Rico en cerca de 800 cuentas.
Al respecto, el pasado 18 de diciembre, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) anunció que realizaría una investigación forense independiente sobre esos fondos y ya anunció para el viernes una vista.
La comunicación insiste a la Aafaf que se debe alcanzar un “balance de efectivo” y que las futuras determinaciones que se tomen serán en consulta con la JSF.INS
P. Rico-UPR pagará este verano los ascensos que hiciera en los pasados años y para los cuales no tenía dinero, mientras su Junta de Gobierno rechaza reducción de sus 11 unidades
San Juan, 18 ene (INS).- La Universidad de Puerto Rico (UPR) comenzará a pagar desde este verano los ascensos que hiciera en estos años sin poder retribuírselos, sostuvo una fuente de la agencia Inter News Service (INS).
Aunque no aportó los detalles, la fuente indicó que la UPR ha continuado ascendiendo a profesores con el compromiso de pagarles su nueva retribución cuando generara el dinero.
Al parecer, ese momento llegará este próximo verano. Los ascensos a catedrático, máximo puesto al que puede aspirar un profesor en el salón de clases, implican desiguales retribuciones, según las facultades y unidades a los que estén adscritos. Hay 8 listas en la UPR-Rio Piedras para ascensos.
Por otro lado, a través de un comunicado de prensa conjunto del presidente interino de la UPR Darrel Hillman Barrera y el presidente de la Junta de Gobierno de institución, Walter Alomar Jiménez, enviado este martes, negaron, como había divulgado INS el pasado lunes, que se propongan consolidar las 11 unidades del sistema universitario público en cuatro.
También rechazaron que vayan “a reducir la nómina de profesores”.
Hillman Barrera señaló que presentará el plan fiscal de la institución a la comunidad universitaria antes de que la Junta de Gobierno de la UPR someta la versión final a la Junta de Control Fiscal.
El plan fiscal se expondrá ante la Junta Universitaria para que lo comenten profesores y estudiantes y otros sectores, explicó. El documento será presentado en la próxima reunión de ese organismo, aunque no se informó la fecha, y luego, con las revisiones, si alguna, a la Junta de Gobierno, que lo evaluará y someterá a la junta de control fiscal.
Mientras, Alomar Jiménez, según sus declaraciones escritas, “rechazó versiones que apuntan a la eliminación de recintos y a la reducción de la nómina de profesores”.
Indicó que “el proceso de análisis y consulta aún continúa. Ya los rectores han preparado propuestas que se están evaluando. Estamos buscando alternativas que no afecten el ofrecimiento académico que brindamos a nuestros estudiantes. Lo que sí se ha considerado es la consolidación de funciones administrativas”.
No obstante esa negación, el plan fiscal de la UPR enviado el 28 de julio y evaluado por el subcomité especializado de educación de la JCF, propone claramente la reducción las 11 unidades a cuatro. Ese plan fue devuelto a la UPR para que sus insuficiencias fueran corregidas, y es el que se está revisando actualmente.
El subcomité, a través de una carta de la directora ejecutiva de esta entidad Natalie Jaresko del 21 de agosto de 2017, encomió a la UPR “la ambición de re-pensar” la estructura universitaria. El elogio se ubicó en la sección que Jaresko tituló “consolidación de campus”, un asunto que el plan fiscal original de la UPR trabajó extensamente, inclusive con gráficas. La agencia Inter News Service (INS) analizó la propuesta universitaria, de la que tiene copia.
Solo que la JCF le indicó a la UPR que debe explicar cómo esa medida ayudará a cerrar el déficit universitario contemplado para el 2026, pues no se indica en el plan sometido.
Por otro lado, en la carta de Jaresko al director ejecutivo de la Autoridad de asesoría financiera y agencia fiscal (Aafaf), Gerardo Portela, quien sometió el plan, la ejecutiva de reducción fiscal del gobierno reconoce en el subcapítulo de la carta que dice “atrición”, que el problema que puede causar eliminar las posiciones de los empleados no docentes (con la atrición) puede ser resuelto redefiniendo las tareas de los otros empleados.
Agregó de inmediato Jaresko que “el decrecimiento en la inscripción (de estudiantes) requiere menos profesores”.
En el comunicado en que Hillman Barrera y Alomar Jiménez rechazan la consolidación de recintos y la reducción en la nómina de profesores, no se rechaza el aumento de 105% en el costo de los créditos universitarios.
Tampoco comentaron los altos funcionarios sobre la reducción de empleados no docentes, aunque sí aseguran que deben simplificar y reducir la extensa y compleja estructura universitaria, como les exigió la JCF.
Otros detalles en la información de INS, como la vacuidad y las generalizaciones del plan fiscal de la UPR en aspectos medulares financieros, tampoco fueron comentados en el comunicado de prensa de Alomar y Hillman Barrera.
Tampoco rechazaron la eliminación de programas académicos.
“Alentamos a la Junta de la UPR a considerar esta única oportunidad para articular una renovada estrategia para la Universidad y reenfocar en áreas de fuerza para el sistema como un todo”, les conminó Jaresko en la carta.
La compañía McKinsey, de Boston, junto a Aafaf, confeccionan el plan en colaboración con la UPR. INS
EEUU-Mantiene su lucha por la salud la comisionada residente
Washington, 18 ene (INS).- La comisionada residente, Jenniffer González Colón, dirigió este martes su ofensiva por la salud en la capital federal junto a representantes del sector de la Salud en Puerto Rico, de cara a la nueva sesión en el Congreso.
En el cónclave en el Congreso, se discutieron las necesidades de la salud de la Isla, vista desde las organizaciones privadas, las proyecciones y necesidades del gobierno insular y el estatus actual de los asuntos de salud en el Congreso.
La comisionada expuso los proyectos presentados y las expectativas en el Congreso, así como la agenda legislativa de esta sesión, que tiene como prioridad trabajar una resolución continua de presupuesto para evitar este viernes el cierre del gobierno federal, lo que alteraría los trabajos y servicios ofrecidos en Puerto Rico.
González Colón explicó que se prevé una resolución que no contenga asuntos controversiales para poder asegurar su aprobación.
El Comité de Apropiaciones radicó el martes en la noche la medida que allegaría fondos para mantener abierto el gobierno federal, al menos hasta el 16 de febrero.
El Senado federal ha aguantado legislación que podría otorgar los mil millones de dólares para el Medicaid en Puerto Rico que la comisionada residente logró insertar en el State Children’s Health Insurance Program (SCHIP), sin embargo la expectativa es que las enmiendas que la comisionada trabaja junto al senador Marco Rubio le den a la isla dos años de 100% FMAP, lo que significaría que el gobierno local no tendría que parear los fondos federales y recibiría el cien por ciento de los fondos por dos años.
Esto podría representar más de 6 billones de dólares, pero se encuentra a la espera de la aprobación de la medida de desastre suplementaria que está estancada en el Senado y de la que la comisionada hablaría hoy.
Los temas que más preocuparon a los presentes fueron la permanencia de los médicos en Puerto Rico, siendo el pago y costo de servicios un asunto muy influyente, los fondos para Medicaid, cuyo llamado “cliff” sería para marzo, y el programa de Medicare Advantage, entre otros asuntos presentados.
Sobre la permanencia de los médicos en la isla, la presidenta de la Asociación de Dentistas alertó que se supone que haya un dentista por cada 1,500 pacientes y antes del impacto del huracán María se computó que había un dentista por cada 4,000 y más preocupante, es que 60 dentistas se fueron de la isla luego María.
Discutieron la legislación que ha presentado la comisionada sobre la salud, en específico el Low Income Subsidy, que provee asistencia a ciudadanos bajo el nivel de la pobreza y del que los territorios están excluidos; medida que presentó junto a los congresistas de Florida Carlos Curbelo y Stephanie Murphy para dar un alivio del Health Insurance Tax (HIT) a los puertorriqueños como herramienta de recuperación de los huracanes Irma y María.
También se discutió el Disproportionate Share Hospital (DSH) que le ha costado a los hospitales cerca de $100 millones por que no se incluye a la isla en los cálculos, a raíz de esto la comisionada logró extender por un año incentivos adicionales bajo este programa en la propuesta del SCHIP que tiene el Senado.
González Colón lideró gestiones para buscar igualdad con el programa de Medicare Advantage que incluye el envío de una carta, junto a otros 15 congresistas, a la administradora del Center for Medicare and Medicaid Services (CMS) del Departamento de Salud Federal, Seema Verma, solicitando un trato más equitativo para Puerto Rico en las tarifas de proveedores de salud del programa federal Medicare Advantage.
En la carta de los congresistas, de ambos partidos naciones, solicitan que CMS ejerza su autoridad administrativa para fortalecer el programaMedicare Advantage (MA) en Puerto Rico luego del paso de los huracanes Irma y María. Puerto Rico recibe menos que cualquier estado e incluso que las islas Vírgenes en este renglón.
Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico, Víctor Ramos, destacó como un gran logro del trabajo realizado por el sector de salud, privado y público, que a pesar de las proporciones de la emergencia provocada por los huracanes en Puerto Rico, se pudo evitar una epidemia.
González Colón abogó ante los presidente de capítulos locales de asociaciones de salud a que apelen a las sedes a nivel nacional de sus organizaciones para llevar con más fuerzas los reclamos a favor de mejores servicios y fondos para Puerto Rico.
Los presentes agradecieron las gestiones de la comisionada en torno a mejorar los servicios de salud en Puerto Rico e incluso reconocieron su compromiso constatado en que la mayoría de su legislación presentada es en torno a temas de salud.
En mesa redonda, estuvieron representantes de ACODESE, MMAPA, Cámara de Comercio y el Comité de Salud, Consejo Multisectorial del Sistema de Salud de Puerto Rico, Asociación de Quiroprácticos de Puerto Rico, Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, Colegio de Optómetras de Puerto Rico, Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, hospitales, y por vía telefónica desde Puerto Rico, ASES y el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado. INS
P. Rico-Portavoces del PPD en la Cámara y el Senado acusan otorgamiento de contrato en Vivienda a compañía que no cumple con los requisitos y que salpica a allegado de Trump
San Juan, 18 ene (INS).- Los portavoces del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara y el Senado, Rafael Hernández y Eduardo Bhatia, respectivamente, anunciaron ayer que someterán resoluciones en ambos cuerpos para que se investigue las razones por las cuales el Departamento de la Vivienda otorgó un contrato “a la medida” a la empresa Adjuster’s International, a pesar de que no cumplía con los requisitos correspondientes.
“Este contrato otorgado a la compañía Adjuster’s International por parte del Departamento de la Vivienda tiene elementos muy parecidos al escándalo de Whitefish que puso a Puerto Rico en vergüenza internacional. Según la información que nos ha llegado, existe evidencia de un patrón por parte del Departamento de la Vivienda de ajustar los requisitos del Gobierno a la medida de esa compañía (Adjuster’s International). Por tal motivo, la legislatura no debe perder ni un segundo para investigar este caso”, manifestó Hernández Montañez.
Sobre el caso, abundó que “según la información que tenemos, esa empresa no cumple con el requisito de capacidad financiera, y aun así el Departamento de la Vivienda adjudicó una subasta de 132 millones de dólares para manejar el proyecto ‘Tu Hogar Renace’. Existe una relación de hechos de cómo el gobierno ha cambiado las reglas del juego para favorecer a esa compañía en particular. A esos efectos, estamos radicando resoluciones de investigación en ambos cuerpos legislativos, e invitamos a la mayoría legislativa a que, fuera de líneas partidistas, se unan a nuestra petición e investiguen con seriedad y premura los señalamientos de falta de transparencia en el Departamento de la Vivienda”.
Mientras, Bhatia instó a los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) a tener “la valentía de investigar y destapar este escándalo aquí en Puerto Rico, y no esperar a que sea el Congreso de los Estados Unidos quien tenga que intervenir, tal y como ocurrió en el caso de Whitefish. Del mismo modo, subrayó que este escándalo salpica hasta a un allegado del presidente, Donald Trump”.
“La persona que firmó la propuesta de Adjuster’s International ante el Departamento de Vivienda es Daniel Craig, exdesignado por el presidente de los Estados Unidos para ser segundo al mando en FEMA. Pero este mismo exfuncionario federal tuvo que retirar su nombramiento, precisamente en septiembre pasado, tras salir a relucir que una investigación federal había detectado mal manejo de fondos federales mientras él era empleado de FEMA durante los trabajos de recuperación, tras el paso del huracán Katrina”, sostuvo Bhatia.
Recordó que “existe una ley (458 de 2000) que exige que ninguno de los funcionarios principales de una empresa licitante sea convicto o esté bajo investigación por delitos contra cualquier gobierno. Sin embargo, el señor Craig es el que certifica los costos de la propuesta como Vicepresidente Senior de Adjuster’s International. Así que aquí hay un sinnúmero de señalamientos que el Departamento de la Vivienda tiene que explicar, y que la legislatura tiene que investigar”.
Los legisladores del PPD presentaron a la prensa una radiografía que demuestra cómo el Departamento de la Vivienda tuvo razones más que suficientes para no otorgar ese contrato, ya que no cumplían con múltiples requisitos.
“No obstante, optaron por hacerle caso omiso a las leyes”, dijo Bhatia.
De acuerdo con los legisladores, Vivienda otorgó a Adjusters International la subasta como manejador del proyecto “Tu Hogar Renace” a pesar de que la empresa no cumplió con el requisito principal en la solicitud de propuesta (RFP, siglas en inglés) de poseer una línea de crédito no comprometida de 35 millones de dólares.
A su vez, consignaron que el l 15 de noviembre de 2017, Adjuster’s International recibió una carta de su banco (NBT Bank) que demuestra que no cumplía con el requisito mínimo financiero para el proyecto: su línea de crédito era de 26 millones y no especificaba la cantidad exacta de dinero en su cuenta bancaria.
“Sin embargo, el día después de que Adjuster’s International recibió esa carta (16 de noviembre de 2017), que era también el día antes de expirar el RFP, el Departamento de la Vivienda enmendó el RFP unilateralmente y sin haber una petición a esos fines. Con dicha enmienda se permitió demostrar evidencia de capacidad financiera con la combinación de una línea de crédito disponible y un balance bancario que superara los 35 millones. Esta es la misma combinación que contenía la carta de Adjuster’s International. Sin embargo, aun con esa enmienda de última hora y en apariencia ajustada a la medida de Adjuster’s International, la carta no hace constar la capacidad financiera requerida. Aún con esa enmienda acomodaticia, Adjuster’s International no cumplía”, afirmó Hernández.
Los políticos de oposición también establecieron que la carta de ese contratista demuestra una línea de crédito de 26 millones y por tanto se necesita un balance de nueve millones para llegar al mínimo requerido de los 35 millones establecidos por el DV.
“Sin embargo, la carta del banco de Adjuster’s International dice que tiene un balance en ‘las bajas siete cifras’, o sea menos de cinco millones y por debajo del requisito estricto de 35 millones contenido en el RFP. La implicación claramente es que el Departamento de la Vivienda ajustó su RFP a lo que Adjuster’s International podía cumplir”, declaró Bhatia.
El senador sostuvo además que la naturaleza del requisito de capacidad financiera es obligatorio.
Para el legislador, era requisito indispensable para adjudicación del contrato que la empresa demostrara capacidad financiera de al menos 35 millones.
“No obstante, Adjuster’s International no cumplió con ese requisito indispensable. Esto convertiría la adjudicación, y por tanto cualquier contrato otorgado conforme a esa adjudicación, en nulo. A pesar de ello, Vivienda le permitió seguir en la competencia, contrario a lo que dispuso en su propio RFP”, declaró.
Asimismo, manifestó que el Departamento de la Vivienda emitió ese RFP para el programa STEP en 152 millones.
“Se estima que Adjuster’s International tiene ingresos de entre 10 a 15 millones anuales. El competidor de Adjuster’s International en la subasta tenía ingresos de 20,000 millones de dólares. De esa cifra se puede constatar la falta de experiencia y peritaje de Adjuster’s International para un proyecto de esta envergadura. Ese desfase entre el tamaño del proyecto y el historial de la empresa Adjuster’s International es similar al caso Whitefish”, aseguró Bhatia.
Hernández dijo que Adjuster’s International tampoco cumplió con la certificación de la Administración de Servicios Generales Federal, como también exige el RFP.
De igual forma, señaló que la empresa tampoco cumplió con poseer una certificación de “Good Standing” en el Departamento de Estado a la fecha de presentar su propuesta, un segundo requisito indispensable para ser considerada.
Los expedientes del Departamento de Estado, según los políticos, establecen que Adjuster’s International presentó una certificación de “Good Standing” del Departamento de Estado de Delaware, emitida el 22 de noviembre de 2017, en la que se establece que la empresa se incorporó en ese estado el 1 de noviembre de ese mismo año. Con esos documentos, el Departamento de Estado de Puerto Rico los certificó para hacer negocios en Puerto Rico el 28 de noviembre de 2017.
“Esa misma fecha, Adjuster’s International también fue autorizado como corporación foránea”, manifestó el representante, quien advirtió que la propuesta de Adjuster’s International ante Vivienda se presentó el 21 de noviembre de 2017, último día para entregar documentos, “lo que implica que al momento de presentar su solicitud no cumplía con ese requisito, por lo que debió descartarse en ese momento, pero la agencia les permitió continuar en la competencia”.INS
P. Rico-Rosselló Nevares anuncia firma de medida que prohíbe a la AEE cobrar el consumo de energía que no hayan generado
San Juan, 18 ene (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó el proyecto del Senado 666, de la autoría del senador Miguel Romero, que prohíbe a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) facturar y cobrar a sus clientes el consumo de energía reflejado en contadores que ellos no hayan generado.
Es decir, la AEE no puede cobrar por electricidad producida por un generador de emergencia u otro método alterno de generación.
De acuerdo con a los procedimientos de muchos años de la AEE, cuando ocurre esta situación en un condominio los clientes tienen que pagar por el servicio no consumido y producido por generadores eléctricos privados pero que es leído por los contadores de la corporación pública.
Luego, la AEE le reconocía un crédito al condominio por un servicio pagado que no fue ofrecido.
“Ante la situación de emergencia, más residencias y edificios cuentan con un generador de emergencia. Desde el día uno dijimos que bajo mi administración ningún ciudadano pagaría por un servicio no recibido y esta política de la AEE implementada por muchos años va en contra de nuestra visión de Gobierno”, expresó el primer ejecutivo.
Asimismo, Rosselló Nevares añadió que “es injusto para el Pueblo que, además de incurrir en los gastos de funcionamiento y mantenimiento de los generadores, también tengan que pagar por un servicio eléctrico que no han utilizado para luego recibir un crédito”.
La ley prohíbe que se facture y cobre la energía producida por un generador en situaciones de emergencia; esto incluye apagones por periodos mayores de 24 horas.
De igual forma, la norma dispone que a cualquier cliente, que se le cobre por consumo producto de un generador, podrá reclamarlo ante la AEE para la correspondiente investigación.
El gobernador indicó que “ningún ciudadano pagará por energía eléctrica que no consumió durante la emergencia tras el huracán María. Lo mismo ocurrirá con aquellos que hayan producido energía eléctrica con un generador. Agradezco al senador Miguel Romero por esta iniciativa en justicia de los consumidores, que va conforme a nuestra política pública”.
La medida fue aprobada con el voto a favor de todos los legisladores con excepción de dos representantes del Partido Popular Democrático: Luis “Narmito” Ortiz Lugo y Javier Aponte Dalmau. INS
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