Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el martes 16 de enero de 2018
P. Rico-Plan fiscal de la UPR contempla aumento de 105% en la matrícula y la reducción a cuatro recintos; Junta de Control Fiscal pide más acción a la institución para eliminar, cortar y reducir
San Juan, 16 ene (INS).- El pasado plan fiscal de la Universidad de Puerto Rico (UPR) sometido a un subcomité de la Junta de Control Fiscal (JCF) el 28 de julio, y devuelto con graves cuestionamientos, contempla en su borrador de revisión hasta un 105% de aumento de la matrícula y la reducción de las actuales 11 unidades académicas a los de ordinario cuatro recintos principales.
La UPR debe someter su plan el 8 de febrero. El plan es actualmente revisado, sin embargo, no ha sido divulgado entre toda la alta gerencia del sistema de la UPR.
Algunos rectores, sin embargo, han manifestado su total oposición y argumentan que el borrador del plan no les fue consultado. El plan en revisión se realizó bajo la administración de la expresidenta interina Nívea Fernández.
Igualmente, la UPR se verá obligada a reducir la nómina de profesores, que es la que pesa más en el renglón salarial de la UPR, y en vez de incorporar nuevos profesores al sistema regular, posiblemente tenga que aumentar los contratos por servicios, una anomalía laboral criticada por algunas agencias acreditadoras.
En estos momentos la UPR tiene alrededor de 4,887 docentes con plaza.
Mientras, la UPR le está dando vueltas a integrar siete colegios a tres recintos principales. Esto es, a la UPR en Río Piedras se le adscribiría los recintos de Bayamón y Carolina. A la UPR en Mayagüez se le adjuntan los colegios de Aguadilla, Utuado y Arecibo. Y a la UPR en Cayey se le adscribe los colegios de Humacao y Ponce. El Recinto de Ciencias Médicas continuaría solitario.
No se ha determinado aun la forma en que se haría la integración, y si sus rectores devendrían directores-decanos de esas unidades y perderían su autonomía y autoridad. Una fuente de la agencia Inter News Service (INS) supo que al menos uno de estos rectores, Héctor Ríos Maury, de Humacao, ya puso el grito en el cielo.
Mientras el de Carolina, Javier Valentín, sostuvo en reuniones que si le dan la oportunidad, podría hacer autosuficiente su Colegio en apenas par de años, según la fuente de INS. Valentín propuso una UPR de cuatrimestres, como en su recinto, en vez de semestres. Los cuatrimestres permiten a los estudiantes graduarse en menos tiempo y aumentar los ingresos por matrícula. La UPR analiza la propuesta.
La consolidación de unidades implicará la relocalización de profesores y la consolidación de facultades y departamentos.
El sistema de la UPR confiere 38 distintos grados asociados, 239 bachilleratos, 200 otros programas interuniversitarios, 6 grados profesionales, 15 certificaciones graduadas, 119 maestrías, 34 Ph. D.’s y doctorados profesionales, y tiene 41 programas de residencia en medicina y medicina dental.
La UPR se vería forzada a eliminar la redundancia de sus ofrecimientos, esto es, recortar programas que se repiten a través de todo su sistema. También tendría que eliminar programas obsoletos o que no tienen demanda suficiente. La fuente de INS indicó que al igual que se recortan programas académicos obsoletos, así mismo surgen nuevos programas atemperados a esta época. Ya hay programas académicos en la UPR que no aceptan más estudiantes.
De 271 programas subgraduados evaluados, solo el 38% (103) está en cumplimiento con los estándares de graduación y retención; 35% (96) lo está parcialmente y el 27% (72) no cumple. Son los colegios pequeños los que proporcionalmente tienen el mayor nivel de incumplimiento.
La conversión de los colegios pequeños en campus satélites de los tres principales recintos tomaría hasta el 2022.
Igualmente, la extensa y compleja estructura universitaria tendría que ser modificada y reducida para su eficiente manejo. Con toda probabilidad se necesitará también en las diversas unidades reducir empleados no docentes, en estos momentos representados por la Hermandad de Empleados No Docentes, y el Sindicato de Trabajadores, dos organizaciones que en muchas ocasiones han mostrado la capacidad para paralizar largamente a la UPR.
Desde el 2012 hasta el 2017 la cantidad de estudiantes en la UPR aumentó de 55,912 hasta 62,182, mientras se redujo un 10% en las universidades privadas.
Mientras, la participación en la asistencia económica (Pell Grant) se fue elevando desde el comienzo de la crisis económica de 2007 -62.8%- hasta un climax de 75.1% en el 2012 y en el 2016 se redujo a 69.6%.
El costo de matrícula se ha estabilizado en $2,113 en la UPR a nivel de bachillerato, mientras es de $5,427 en la Interamericana, $5,780 en la Universidad del Sagrado Corazón, $5,820 en el Sistema Universitario Ana G. Méndez y $8,040 en la Universidad Politécnica. El tope que otorga la ayuda Pell Grant es de $5,920.
Si bien la Pell Grant cubriría el aumento en el costo de la matrícula de la UPR, a estos no les restaría dinero alguno para otras necesidades, como hospedaje, alimentos, libros, etc. Esta es la situación actual de los estudiantes en las universidades privadas.
Por otro lado, con la obligada reducción en el fisco del gobierno, la UPR vería aumentado su déficit de $106 millones en el 2017 a $354 millones en el 2022 y $519 millones para el 2026. Este es precisamente el problema que debe enfrentar el plan fiscal revisado.
La UPR recibe la mayor parte de sus ingresos del Fondo General del gobierno según la Ley 1 de 1966 (enmendada), que mediante una formula automática le otorga el 9.6% de los ingresos del Fondo.
Otros ingresos son recibidos por matrícula, diversas cuotas, subsidios federales, servicios, ingresos de intereses y otras fuentes. La JCF les ha requerido cortar la alta dependencia de los ingresos gubernamentales.
El aumento escalonado de 105% en la matrícula estudiantil sería dramático porque de otra manera el dinero no alcanzaría para las operaciones de la UPR hasta el 2026, señaló la fuente. El actual costo por crédito de $56, a nivel subgraduado, aumentaría a $115, es decir, un incremento de $59 por crédito. De $2,113 el costo de matrícula aumentaría a $3,765.
Otro problema sería los costos a nivel graduado, para los cuales hay apenas ayudas. El crédito a nivel graduado terminaría costando $270, de los actuales $140. Un aumento de $130. El aumento en la matrícula comenzará en el primer semestre del próximo inicio de clases de este año (año fiscal 2019).
Se contempla un aumento de matrícula de 20% en 2023 si la UPR no logra sus metas fiscales a ese momento.
En una respuesta a las solicitudes de la JCF, Valentín advirtió sobre un posible incremento de parte de los estudiantes en la solicitud de préstamos, o un posible problema de retención estudiantil por la falta de recursos para terminar la carrera. Algunas familias que ahora no pagan tendrían que contribuir con hasta $3,000 al año.
La UPR espera aumentar los fondos federales recibidos por estudiante, los subsidios federales e ingresos por contrataciones. Los estacionamientos de la UPR-serían privatizados, así como el bono de Navidad reducido a $600 y se eliminaría el pago por uniforme.
Pero hay serios tropiezos con algunas de esas ideas, según se desprende de comunicaciones internas entre la JCF y la gerencia universitaria, a las que INS tuvo acceso.
La directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, le tuvo reparos al plan sometido en julio y obligó su revisión. Sostuvo que el plan sometido utiliza supuestos no sustentables, o son muy generales y no hay forma de darle certeza a lo que se pretende lograr.
Jaresko solicitó detalles. Por ejemplo, el plan de atrición resultó genérico y solicita que se indique cómo enfrentará la UPR los problemas que puede producir la atrición pues, al final del día, el gobierno podría incurrir en lo que siempre hace, volver a contratar más personas. La UPR planifica reducir en 20% los 872 puestos de confianza, y eliminar el 50% de los 332 puestos transitorios. La atrición a través de todo el sistema la UPR lo estima en 2%. Luego aumentará a 4%, cuando comience la transformación.
La JCF le llamó la atención a la UPR que coloque como “ingresos” los $10 millones que el gobierno separó para contratar servicios de talleres y otros servicios que buscará comprarle a la UPR, según el acuerdo Rosselló-Fernández. Además de ser una contabilidad errónea, la JCF solicitó a la UPR que sea específica sobre los renglones a contratar y costos, no quiere estimados.
Además, la JCF reconoce que al impartir talleres y otros servicios la UPR no ingresará los $10 millones enteros, pues una buena cantidad de estos deben dirigirse al costo de dar los talleres y servicios, pues la experiencia dicta que a veces se va entre 40 y 60% en gastos, según la fuente de INS. Por eso no pueden poner $10 millones en “ingresos”, pues ni siquiera serían netos. Según un correo electrónico de septiembre, a esa fecha la UR no tenía idea de los costos.
En la carta del 21 de agosto al director ejecutivo de la Autoridad de asesoría financiera y agencia fiscal (Aafaf), Gerardo Portela, Jaresko le da las gracias “por los esfuerzos” en someter el plan fiscal de la UPR, pero le pide que antes de que el subcomité especializado de la JCF en educación superior someta el plan a la JCF para que lo certifique, se debe incluir los aspectos señalados, entre ellos, el primero y destacadamente, el detalle de los servicios que contratarán el Departamento de Educación, el gobierno central y los municipios, de entrenamiento y servicios. Los $10 millones han sido separados en el presupuesto 2018 del Fondo General.
Por supuesto, no se le pasó por alto a Jaresko la “angustia” fiscal del gobierno central, y sus posibles repercusiones en esas contrataciones. Ahora, luego del huracán María, los municipios deben estar más angustiados fiscalmente que nunca.
El gobierno acordó otorgar $100 millones a la UPR en los años que dure el plan fiscal para reducir el deficit universitario. Pero ya hay problemas con los primeros $10, particularmente, al subcomité le preocuparía que se eleven esos $10 millones anuales, en vista de la delicada posición fiscal del gobierno central, que necesita continuar reduciendo sus gastos según su propio plan fiscal.
También, dado el deterioro económico de los municipios, el subcomité exhortó a la UPR a excluir los ingresos que provengan de estos.
Mientras, el subcomité no aceptó que el gobierno desembolse fondos para mejoras capitales para desarrollos futuros críticos a la UPR ($15 millones) sin que el plan especifique cómo los proyectos se utilizarán, y tampoco permitirá incrementos de ahorros para subsidiar esos gastos. La UPR debe aún preparar el documento.
También se contempla una reducción en gastos y reestructuración del Sistema de Retiro de la UPR.
En cuanto a los subsidios federales que la UPR dice aumentará, el subcomité exigió que se le indique la lista exacta de esos subsidios u otros fondos, las cantidades, incluyendo los “deadlines” que tiene la UPR para solicitarlos, las fechas de desembolsos de cada uno de esos fondos, y un resumen de elegibilidad de la UPR, si son competitivos, y cómo los adquirirá en este año fiscal 2018.
En cuanto a la atrición, Jaresko les recuerda que este mecanismo, cuando es natural, suele ser temporal si no va acompañado de la eliminación permanente de esos puestos. Para que sea viable y sustentable esta medida de reducción de gastos, y no solo un ajuste transitorio, cualquier ahorro derivado de la medida debe incluir una descripción sobre cómo es habilitada la consolidación de tareas en cada campus y las medidas de optimización. El subcomité no recomendará a la JCF que reconozca los estimados en la atrición si no van acompañados con un racional aceptable.
Jaresko requirió más especificidad en las medidas que tomará la UPR para reducir los puestos para poder validar los verdaderos gastos de potencial reducción. La solicitud de información que se pide incluye las tareas de los puestos, por unidad, y le recomienda a la institución que utilice el mecanismo para reflejar de una vez todas las medidas de ahorro posibles relacionadas con los empleados.
Sobre el aumento en matrícula, Jaresko reconoce las disparidades de los costos entre las universidades estatales en el continente y en la Isla, y recomendó que se articule una política que permita el ajuste (aumento), mientras se asegure de que los continuos aumentos se puedan sostener de tal manera que sea previsible y entendible para los estudiantes.
El subcomité, a través de la carta de Jaresko, “alienta” a la UPR a considerar cómo puede emplear todas sus herramientas disponibles para sufragar el costo de la asistencia para los estudiantes financieramente necesitados, incluyendo la maximización de la beca Pell para matrícula y el costo de vida, de tal manera que se evite la privación a los estudiantes necesitados.
Si bien el subcomité elogió a la UPR “por su ambición de repensar la estructura de la Universidad”, también debe especificar cómo esas medidas cerrarán el déficit para el 2026.
“Alentamos a la Junta de la UPR a considerar esta única oportunidad para articular una renovada estrategia para la Universidad y reenfocar en áreas de fuerza para el sistema como un todo”, se indicó en la carta firmada por Jaresko.
De hecho, el subcomité sugirió que mejorando los resultados de los estudiantes, como reducir el tiempo para graduarse al aumentar la accesibilidad a los requerimientos de una educación general, debería ser también una meta primaria para la UPR y debe reflejarse en el plan fiscal revisado.
Ese plan revisado, ordenó el subcomité, debe reflejar además una visión del estado futuro del sistema operacional y, en una crítica velada a la Junta de la UPR, le pidió que sea más activa en la identificación de los programas a consolidar o eliminar por redundantes o inefectivos, y que debe centralizar las funciones administrativas. INS
P. Rico-Secretario de la Gobernación anuncia acuerdo de municipios con la AEE para electrificar pueblos y desmiente discriminación política con ayuntamientos del PPD en trabajos de energización
San Juan, 16 ene (INS).- El secretario de la Gobernación, William Villafañe, anunció ayer un acuerdo de varios municipios con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para electrificar pueblos y desmintió una supuesta discriminación política con los ayuntamientos del Partido Popular Democrático (PPD) en los trabajos de energización.
Villafañe criticó en una conferencia de prensa en La Fortaleza la manifestación “políticamente organizada” de la Asociación de Alcaldes ayer frente a la mansión ejecutiva, cuyos miembros protestan por la falta de un plan en la electrificación de los municipios.
“Había señalamientos de alcaldes de la Asociación de que se estaban prefiriendo a los municipios de la Federación de Alcaldes por sobre los de la Asociación. Así que procedo a investigar y es todo lo contrario: la vasta mayoría (de los municipios energizados) están adscritos a municipios de la Asociación”.
Añadió que en el proceso de energización, “cinco de los municipios que cuentan con menos servicio son de la Federación. De los 35 que tienen más del 60 por ciento de energización, 20 (ayuntamientos) son de la Asociación, entre ellos San Juan, Trujillo Alto y Humacao”.
A su vez, aseguró que San Juan y Trujillo Alto cuentan con 167 brigadas.
“Se tiene la intención de acelerar esto lo más posible, por eso el proceso de colaboración con la AEE y los municipios. Durante la tarde de hoy, tenemos un borrador de acuerdo para con los municipios”, declaró el funcionario.
El acuerdo incluye medidas de seguridad y un seguro.
Según el secretario, “fue una reunión fructífera, para que se trabaje en coordinación con la AEE. Se estableció una mayor comunicación entre la AEE y los municipios, para que alcaldes puedan conocer más detalles del proceso de energización y tareas que puedan saber de antemano dónde se está trabajando, por qué, las complejidades y si se estarán realizando reparaciones. Esto ayudará que los trabajos se hagan de forma coordinada”. INS
P. Rico-Gobernador designa a nueva secretaria del DRD a Sánchez Parés, quien jugó voleibol en la UPR y realizó internado legal en el Real Madrid
San Juan, 16 ene (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares designó ayer a la abogada Adriana Sánchez Parés secretaria de Recreación y Deportes.
“Agradezco a la licenciada Sánchez Parés por aceptar esta encomienda. Confío en que trabajará para transformar el Departamento de Recreación y Deportes en uno más efectivo a la hora de asegurar la salud física y mental de nuestro Pueblo”, sostuvo el mandatario.
Sánchez Parés posee un juris doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y un bachillerato en Contabilidad del Recinto de Río Piedras de la misma universidad.
De igual forma, posee un master en Derecho Deportivo de la Escuela Universitaria Real Madrid.
La licenciada realizó un internado en el Departamento Legal de Real Madrid Fútbol Club.
Durante el internado, evaluó y preparó contratos para el personal de entrenamiento, los jugadores y los eventos de la Fundación Real Madrid.
También, durante ese tiempo, revisó y preparó acuerdos de licencia para la imagen del club y para los jugadores.
Además, fungió como abogada en Sportia Law, donde manejó varios tipos de reclamos ante diferentes comisiones de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) y el Tribunal de Arbitraje para Deportes (CAS, siglas en ingles).
“Agradezco al gobernador la confianza y la oportunidad de contribuir a una reforma del deporte puertorriqueño como secretaria del Departamento de Recreación y Deportes. Me siento confiada en que con una visión innovadora podremos lograr las eficiencias gubernamentales necesarias sin que se afecte el deporte, un instrumento social para la salud, bienestar y calidad de vida”, expresó Sánchez Parés.
La funcionaria jugó voleibol en la Universidad de Puerto Rico, donde, junto a su equipo, quedó campeona en el 2004.
Asimismo, fue parte de las Llaneras de Toa Baja en las categorías menores hasta segunda superior.
También jugó en Madrid, mientras realizó estudios en España.
Desde enero de 2017, la recién designada se desempeñó como subdirectora ejecutiva interina de Administración para la Autoridad de Puertos de Puerto Rico.
Durante su incumbencia, manejó operaciones administrativas para la agencia -dentro de las divisiones de Recursos Humanos, la Oficina de Oferta y Compras, y la Oficina de Servicios Generales- en las cuales logró reducción en los gastos, aseguró La Fortaleza.
También participó en proyectos especiales como colaboraciones público privadas para los aeropuertos regionales y la solicitud suplementaria de Build Back Better, documento integral para la recuperación de Puerto Rico tras el paso del huracán María.
La titular añadió que “mi experiencia como atleta me ha permitido conocer de primera mano tanto las fortalezas como las necesidades del deporte. Combinando esa experiencia, con mi preparación profesional en el ámbito deportivo, lograremos implementar la política pública de nuestra administración, de la mano de nuestros atletas y entidades deportivas de la Isla”. INS
P. Rico-Le pasan el rolo a interpretación de secretaria de Justicia y los tribunales sobre las pruebas de ADN
San Juan, 16 ene (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares respaldará las enmiendas a la Ley 246 sobre las pruebas de ADN post sentencia en el ámbito criminal, informó anoche La Fortaleza.
La posición del primer ejecutivo contrasta con la asumida por la secretaria de Justicia Wanda Vázquez, quien ha hecho una interpretación estrecha de un derecho que ha logrado excarcelar a varios inocentes de las cárceles.
El presidente de la Cámara de Representantes Carlos Méndez y el representante José Enrique Meléndez coincidieron en que el espíritu de esa ley no fue restringir el derecho otorgado. Estos votaron a favor del proyecto en la pasada administración.
Sin embargo, en vista de la confusión del Departamento de Justicia, presentaron ayer legislación aclarando que no hay caducidad en ese derecho.
Rosselló Nevares expresó también su respaldo a no limitar el término que un convicto puede solicitar el amparo de la Ley 246-2015 conocida como “Ley de Análisis de ADN Post Sentencia”.
Esta ley dispone un mecanismo jurídico para que aquellos convictos por ciertos delitos puedan solicitar que el tribunal ordene el análisis científico de ADN en aquellas piezas de evidencia que no fueron analizadas en el juicio en su contra o en evidencia nueva que haya surgido luego de la convicción.
“Como científico y ahora como funcionario público he trabajado incansablemente porque los avances en la ciencia redunden en una mejor manera de gobernar y en que tengamos una sociedad más justa. El término jurisdiccional de 12 meses para presentar dicha moción al tribunal es injusto para aquellos que podrían demostrar su inocencia con los avances de la ciencia como lo son las pruebas de ADN. Por ello, respaldaremos que se enmiende este estatuto junto al liderato legislativo”, expresó el gobernador.
Esta ley, como fue firmada por el exgobernador Alejandro García Padilla, en su Artículo 4, dispuso un término jurisdiccional de 12 meses para presentar la moción al tribunal para realizar las pruebas, según una interpretación restringida del articulado.
A tales efectos, se encuentra ante la consideración del Tribunal Supremo de Puerto Rico un caso en el que se alega que el término para solicitar un remedio post sentencia conforme a la Ley 246-2015 caducó, al no haber cumplido con el término establecido en el Artículo 4.
El director del Proyecto Inocencia de Puerto Rico de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, el catedrático Julio Fontanet, se expresó hoy “complacido” con la medida presentada Méndez y Meléndez, que busca enmendar la Ley 246 de 2015 (Ley de Análisis de ADN Post Sentencia).
La medida tiene el objetivo de aclarar la interpretación que le han dado al mencionado estatuto el Departamento de Justicia y los Tribunales de Primera Instancia y Apelaciones, que han interpretado que la ley caducó.
“Le damos la bienvenida a la iniciativa presentada hoy en la Cámara de Representantes por el Presidente y por el representante Meléndez, no tan solo porque se trata de aclarar el texto de la Ley de conformidad con la intención legislativa, sino porque es un paso en la dirección correcta que resuelve los problemas de interpretación que han surgido recientemente con relación a la vigencia de la Ley original”, expresó Fontanet.
La legislación presentada por los representantes de mayoría busca enmendar el artículo 4 de la Ley 246 para establecer que el estatuto continúa vigente.
“Estamos confiados en que el proceso en el Senado fluirá sin complicaciones y que pronto el Gobernador tendrá ante sí la enmienda para su firma. Aclarados los extremos que han causado confusión, no debería existir impedimento para que la Justicia encuentre su camino en las convicciones de inocentes, porque como hemos dicho antes, la Justicia y la búsqueda de la verdad, nunca pueden caducar”, comentó Fontanet. INS
P. Rico-Controversia por los excedentes de leche continúa, un problema con sobre 40 años
San Juan, 16 ene (INS).- El problema de qué hacer con los excedentes de la industria lechera continúan, como hace 40 años. En vano parece que han sido todas las modificaciones de ley, ideas de nuevos productos para utilizar esos excedentes, como el yogurt, distintos tipos de queso, la leche UHT criolla (Indulac) y otras grandes soluciones, hoy, como ayer, hay graves cuestionamientos y desconfianza en los sectores de la industria.
Ayer, el Departamento de Agricultura (DA) y la Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera (Oril) alegaron que no pueden dejar de emitir licencias a empresas que traigan leche UHT del exterior, a pesar de que la industria local tiene excedentes suficientes de leche para que las elaboradoras aquí compren el producto de los ganaderos.
Si no se utiliza, tiene que ser decomisada, con las subsiguientes pérdidas para los ganaderos, que se han convertido en el eslabón más vulnerable de esa cadena alimenticia.
El DA y Oril la industria, en comunicado de prensa conjunto, indicaron que “debido al paso de los fenómenos Irma y María por Puerto Rico la industria lechera, como el resto de las industrias agrícolas en la Isla, han pasado por cambios y dificultades que las han llevado a tomar decisiones importantes para mantener sus operaciones”.
“Las dificultades energéticas han provocado cambios en los productos buscados por los consumidores, como es el caso de la leche fresca por leche UHT a conveniencia del almacenaje en temperatura ambiente previo a la utilización. Esto ha provocado que los importadores de leche UHT duplicarán sus importaciones tras la alta demanda del producto pese a que el Departamento de Agricultura no apoya la importación de este producto”.
Los ganaderos locales se han visto afectados con una serie de decomisos por la disminución en la retención de las plantas de leche fresca, esto debido a las dificultades energéticas por las que atraviesa la isla, según el DA-Oril.
“La producción lechera se ha recuperado en un 100% a tres meses del paso del huracán. Tanto en ORIL como el Departamento de Agricultura hemos movilizado esfuerzos para lograr que los ganaderos restablezcan su producción al mismo nivel que estaban previo a los huracanes. Lamentablemente la recuperación energética no se ha dado al mismo ritmo”, expresó el secretario de Agricultura Carlos Flores Ortega, un antiguo asesor legislativo.
Se informó además que “Indulac está operando a su máxima capacidad y aun así no puede envasar toda la leche que las plantas de leche fresca han dejado de retener. A pesar de ser la marca líder y la que los puertorriqueños prefiere”, comentó Jorge Campos, director de Oril.
El pasado mes de diciembre Indulac y Vaquería Tres Monjitas firmaron un contrato para envasar leche UHT marca Tres Monjitas, el cual da a los ganaderos puertorriqueños la oportunidad de llevar su leche a las góndolas y alcanzar los mercados que ocupó la leche de marcas extranjeras durante la emergencia, agregaron los ejecutivos.
Vaquería Tres Monjitas tiene una licencia de importación de Leche UHT desde el 2008 la cual renueva año tras año, condicionado a que el momento en que Indulac no pueda cumplir con los pedidos, necesidades y condiciones del distribuidor. El acuerdo entre Indulac y Tres Monjitas le dará al ganadero puertorriqueño la oportunidad de tener más exposición en las góndolas con la leche producida localmente, alegaron.
“El enemigo del ganadero no es la importación. Su enemigo son los productos sustitutos que nada tienen que ver con leche. Mientras haya consumo de leche, sea fresca o UHT, el ganadero gana. Solo le queda a Indulac y Tres Monjitas ser más competitivos y acaparar más espacio en las góndolas”, asevera Campos.
De otro lado, el presidente del sector de leche de la Asociación de Agricultores, Juan Carlos Rivera Serrano, y el presidente de la Asociación de Agricultores, Héctor Iván Cordero, pidieron al gobierno que cese de otorgar licencias de importación de leche indiscriminadamente.
A su vez, hicieron un llamado a los importadores de leche a que usen leche de la isla en vez de estar importando productos de leche del exterior.
“Estamos denunciando la importación desmedida de leche y leche UHT a Puerto Rico. La Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera (Oril) ha otorgado 46 licencias de importación de leche a 11 empresas, 23 de estas para traer leche UHT como la que produce Indulac. Esto le hace daño a la industria local”, dijo Rivera Serrano.
Cordero condenó las acciones del Departamento de Agricultura, que “autorizó y estimuló nuevas importaciones de leche a Puerto Rico cuando el país tiene la capacidad de producirla localmente”.
“Rechazamos que luego del paso del huracán María, se hayan otorgado dos nuevas licencias de importación a la empresa Colomer & Suárez para su producto Natrel y a Vaquería Tres Monjitas. Le pedimos al Departamento que no de una licencia más para importar leche y que revisen esas 46 licencias que han otorgado a través del tiempo para que cancelen las que pueda cancelar. No se puede hablar de levantar la agricultura local si de verdad no se apoya al productor local”, dijo Cordero.
El mayor número de licencias de importación de leche lo tiene Suiza Dairy con 14 licencias, 10 de las cuales son para traer leche desde el Perú y luego Vaquería Tres Monjitas, con cinco licencias de importación.
El resto de las licencias son para importar leche en empaque Extended Shelf Life (ESL) con seis licencias, nueve para leche evaporada, seis para leche condensada y dos para leche en polvo.
El reclamo de los agricultores surge ante la segunda de las licencias otorgada este mes a Vaquería Tres Monjitas.
“Luego de muchos esfuerzos y negociación, llegamos a un acuerdo con Vaquería Tres Monjitas para que Indulac le envasara leche UHT bajo la marca de Tres Monjitas. Nunca nos dijeron que estaban haciendo gestiones para importar leche UHT a Puerto Rico. Nos enteramos al ver el producto en las góndolas esta semana pasada. Le pedimos a Tres Monjitas que desistan de importar leche de afuera y produzcan solo bajo el contrato con Indulac en el que se usa leche fresca del país para su leche UHT. Los ganaderos combatiremos cualquier acción de importación de leche por mejor intencionada que parezca la iniciativa,” indicó Rivera Serrano.
Desde el paso del huracán, Indulac, propiedad de la Cooperativa de los Productores de Leche de Puerto Rico (Coopple), comenzó a trabajar a todo vapor en tres turnos diarios para envasar Leche UHT de primera calidad, señalaron los portavoces.
Añadieron que desde septiembre a esta fecha, Indulac ha envasado 250% más de lo que usualmente produce.
Aseguraron que fue el único producto agrícola que pudo suplir toda la demanda de la ciudadanía luego del paso del huracán por el nivel de organización que tiene el sector con Coopple.
“Queremos lanzarle un reto a todos los comerciantes que importan cientos de millones de dólares de productos de leche y derivados lácteos a Puerto Rico. Si queremos que Puerto Rico se levante de verdad, vamos a dialogar sobre cómo envasar en Puerto Rico con leche de aquí, que fábricas locales pueden hacer sus mezclas y productos con manos puertorriqueñas. Les exhortamos a invertir en maquinarias para líneas de producción para impulsar la producción agrícola y la creación de empleos aquí”, pidió el presidente de los agricultores. INS
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