Inter News Service Agencia de Noticias
Por Obed Betancourt
San Juan, 15 ene (INS).- El pasado plan fiscal de la Universidad de Puerto Rico (UPR) sometido a un subcomité de la Junta de Control Fiscal (JCF) el 28 de julio, y devuelto con graves cuestionamientos, contempla en su borrador de revisión hasta un 105% de aumento de la matrícula y la reducción de las actuales 11 unidades académicas a los de ordinario cuatro recintos principales.
La UPR debe someter su plan el 8 de febrero. El plan es actualmente revisado, sin embargo, no ha sido divulgado entre toda la alta gerencia del sistema de la UPR. Algunos rectores, sin embargo, han manifestado su total oposición y argumentan que el borrador del plan no les fue consultado. El plan en revisión se realizó bajo la administración de la expresidenta interina Nívea Fernández.
Igualmente, la UPR se verá obligada a reducir la nómina de profesores, que es la que pesa más en el renglón salarial de la UPR, y en vez de incorporar nuevos profesores al sistema regular, posiblemente tenga que aumentar los contratos por servicios, una anomalía laboral criticada por algunas agencias acreditadoras.
En estos momentos la UPR tiene alrededor de 4,887 docentes con plaza.
Mientras, la UPR le está dando vueltas a integrar siete colegios a tres recintos principales. Esto es, a la UPR en Río Piedras se le adscribiría los recintos de Bayamón y Carolina. A la UPR en Mayagüez se le adjuntan los colegios de Aguadilla, Utuado y Arecibo. Y a la UPR en Cayey se le adscribe los colegios de Humacao y Ponce. El Recinto de Ciencias Médicas continuaría solitario.
No se ha determinado aun la forma en que se haría la integración, y si sus rectores devendrían directores-decanos de esas unidades y perderían su autonomía y autoridad. Una fuente de la agencia Inter News Service (INS) supo que al menos uno de estos rectores, Héctor Ríos Maury, de Humacao, ya puso el grito en el cielo.
Mientras el de Carolina, Javier Valentín, sostuvo en reuniones que si le dan la oportunidad, podría hacer autosuficiente su Colegio en apenas par de años, según la fuente de INS. Valentín propuso una UPR de cuatrimestres, como en su recinto, en vez de semestres. Los cuatrimestres permiten a los estudiantes graduarse en menos tiempo y aumentar los ingresos por matrícula. La UPR analiza la propuesta.
La consolidación de unidades implicará la relocalización de profesores y la consolidación de facultades y departamentos.
El sistema de la UPR confiere 38 distintos grados asociados, 239 bachilleratos, 200 otros programas interuniversitarios, 6 grados profesionales, 15 certificaciones graduadas, 119 maestrías, 34 Ph. D.’s y doctorados profesionales, y tiene 41 programas de residencia en medicina y medicina dental.
La UPR se vería forzada a eliminar la redundancia de sus ofrecimientos, esto es, recortar programas que se repiten a través de todo su sistema. También tendría que eliminar programas obsoletos o que no tienen demanda suficiente. La fuente de INS indicó que al igual que se recortan programas académicos obsoletos, así mismo surgen nuevos programas atemperados a esta época. Ya hay programas académicos en la UPR que no aceptan más estudiantes.
De 271 programos subgraduados evaluados, solo el 38% (103) está en cumplimiento con los estándares de graduación y retención; 35% (96) lo está parcialmente y el 27% (72) no cumple. Son los colegios pequeños los que proporcionalmente tienen el mayor nivel de incumplimiento.
La conversion de los colegios pequeños en campus satélites de los tres principales recintos tomaría hasta el 2022.
Igualmente, la extensa y compleja estructura universitaria tendría que ser modificada y reducida para su eficiente manejo. Con toda probabilidad se necesitará también en las diversas unidades reducir empleados no docentes, en estos momentos representados por la Hermandad de Empleados No Docentes, y el Sindicato de Trabajadores, dos organizaciones que en muchas ocasiones han mostrado la capacidad para paralizar largamente a la UPR.
Desde el 2012 hasta el 2017 la cantidad de estudiantes en la UPR aumentó de 55,912 hasta 62,182, mientras se redujo un 10% en las universidades privadas.
Mientras, la participación en la asistencia económica (Pell Grant) se fue elevando desde el comienzo de la crisis económica de 2007 -62.8%- hasta un climax de 75.1% en el 2012 y en el 2016 se redujo a 69.6%.
El costo de matrícula se ha estabilizado en $2,113 en la UPR a nivel de bachillerato, mientras es de $5,427 en la Interamericana, $5,780 en la Universidad del Sagrado Corazón, $5,820 en el Sistema Universitario Ana G. Méndez y $8,040 en la Universidad Politécnica. El tope que otorga la ayuda Pell Grant es de $5,920.
Si bien la Pell Grant cubriría el aumento en el costo de la matrícula de la UPR, a estos no les restaría dinero alguno para otras necesidades, como hospedaje, alimentos, libros, etc. Esta es la situación actual de los estudiantes en las universidades privadas.
Por otro lado, con la obligada reducción en el fisco del gobierno, la UPR vería aumentado su déficit de $106 millones en el 2017 a $354 millones en el 2022 y $519 millones para el 2026. Este es precisamente el problema que debe enfrentar el plan fiscal revisado.
La UPR recibe la mayor parte de sus ingresos del Fondo General del gobierno según la Ley 1 de 1966 (enmendada), que mediante una formula automática le otorga el 9.6% de los ingresos del Fondo.
Otros ingresos son recibidos por matrícula, diversas cuotas, subsidios federales, servicios, ingresos de intereses y otras fuentes. La JCF les ha requerido cortar la alta dependencia de los ingresos gubernamentales.
El aumento escalonado de 105% en la matrícula estudiantil sería dramático porque de otra manera el dinero no alcanzaría para las operaciones de la UPR hasta el 2026, señaló la fuente. El actual costo por crédito de $56, a nivel subgraduado, aumentaría a $115, es decir, un incremento de $59 por crédito. De $2,113 el costo de matrícula aumentaría a $3,765.
Otro problema sería los costos a nivel graduado, para los cuales hay apenas ayudas. El crédito a nivel graduado terminaría costando $270, de los actuales $140. Un aumento de $130. El aumento en la matrícula comenzará en el primer semestre del próximo inicio de clases de este año (año fiscal 2019).
Se contempla un aumento de matrícula de 20% en 2023 si la UPR no logra sus metas fiscales a ese momento.
En una respuesta a las solicitudes de la JCF, Valentín advirtió sobre un posible incremento de parte de los estudiantes en la solicitud de préstamos, o un posible problema de retención estudiantil por la falta de recursos para terminar la carrera. Algunas familias que ahora no pagan tendrían que contribuir con hasta $3,000 al año.
La UPR espera aumentar los fondos federales recibidos por estudiante, los subsidios federales e ingresos por contrataciones. Los estacionamientos de la UPR-serían privatizados, así como el bono de Navidad reducido a $600 y se eliminaría el pago por uniforme.
Pero hay serios tropiezos con algunas de esas ideas, según se desprende de comunicaciones internas entre la JCF y la gerencia universitaria, a las que INS tuvo acceso.
La directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, le tuvo reparos al plan sometido en julio y obligó su revisión. Sostuvo que el plan sometido utiliza supuestos no sustentables, o son muy generales y no hay forma de darle certeza a lo que se pretende lograr.
Jaresko solicitó detalles. Por ejemplo, el plan de atrición resultó genérico y solicita que se indique cómo enfrentará la UPR los problemas que puede producir la atrición pues, al final del día, el gobierno podría incurrir en lo que siempre hace, volver a contratar más personas. La UPR planifica reducir en 20% los 872 puestos de confianza, y eliminar el 50% de los 332 puestos transitorios. La atrición a través de todo el sistema la UPR lo estima en 2%. Luego aumentará a 4%, cuando comience la transformación.
La JCF le llamó la atención a la UPR que coloque como “ingresos” los $10 millones que el gobierno separó para contratar servicios de talleres y otros servicios que buscará comprarle a la UPR, según el acuerdo Rosselló-Fernández. Además de ser una contabilidad errónea, la JCF solicitó a la UPR que sea específica sobre los renglones a contratar y costos, no quiere estimados.
Además, la JCF reconoce que al impartir talleres y otros servicios la UPR no ingresará los $10 millones enteros, pues una buena cantidad de estos deben dirigirse al costo de dar los talleres y servicios, pues la experiencia dicta que a veces se va entre 40 y 60% en gastos, según la fuente de INS. Por eso no pueden poner $10 millones en “ingresos”, pues ni siquiera serían netos. Según un correo electrónico de septiembre, a esa fecha la UR no tenía idea de los costos.
En la carta del 21 de agosto al director ejecutivo de Afaas, Gerardo Portela, Jaresko le da las gracias “por los esfuerzos” en someter el plan fiscal de la UPR, pero le pide que antes de que el subcomité especializado de la JCF en educación superior someta el plan a la JCF para que lo certifique, se debe incluir los aspectos señalados, entre ellos, el primero y destacadamente, el detalle de los servicios que contratarán el Departamento de Educación, el gobierno central y los municipios, de entrenamiento y servicios. Los $10 millones han sido separados en el presupuesto 2018 del Fondo General.
Por supuesto, no se le pasó por alto a Jaresko la “angustia” fiscal del gobierno central, y sus posibles repercusiones en esas contrataciones. Ahora, luego del huracán María, los municipios deben estar más angustiados fiscalmente que nunca.
El gobierno acordó otorgar $100 millones a la UPR en los años que dure el plan fiscal para reducir el deficit universitario. Pero ya hay problemas con los primeros $10, particularmente, al subcomité le preocuparía que se eleven esos $10 millones anuales, en vista de la delicada posición fiscal del gobierno central, que necesita continuar reduciendo sus gastos según su propio plan fiscal.
También, dado el deterioro económico de los municipios, el subcomité exhortó a la UPR a excluir los ingresos que provengan de estos.
Mientras, el subcomité no aceptó que el gobierno desembolse fondos para mejoras capitales para desarrollos futuros críticos a la UPR ($15 millones) sin que el plan especifique cómo los proyectos se utilizarán, y tampoco permitirá incrementos de ahorros para subsidiar esos gastos. La UPR debe aun preparar el documento.
También se contempla una reducción en gastos y reestructuración del Sistema de Retiro de la UPR.
En cuanto a los subsidios federales que la UPR dice aumentará, el subcomité exigió que se le indique la lista exacta de esos subsidios u otros fondos, las cantidades, incluyendo los “deadlines” que tiene la UPR para solicitarlos, las fechas de desembolsos de cada uno de esos fondos, y un resumen de elegibilidad de la UPR, si son competitivos, y cómo los adquirirá en este año fiscal 2018.
En cuanto a la atrición, Jaresko les recuerda que este mecanismo, cuando es natural, suele ser temporal si no va acompañado de la eliminación permanente de esos puestos. Para que sea viable y sustentable esta medida de reducción de gastos, y no solo un ajuste transitorio, cualquier ahorro derivado de la medida debe incluir una descripción sobre cómo es habilitada la consolidación de tareas en cada campus y las medidas de optimización. El subcomité no recomendará a la JCF que reconozca los estimados en la atrición si no van acompañados con un racional aceptable.
Jaresko requirió más especificidad en las medidas que tomará la UPR para reducir los puestos para poder validar los verdaderos gastos de potencial reducción. La solicitud de información que se pide incluye las tareas de los puestos, por unidad, y le recomienda a la institución que utilice el mecanismo para reflejar de una vez todas las medidas de ahorro posibles relacionadas con los empleados.
Sobre el aumento en matrícula, Jaresko reconoce las disparidades de los costos entre las universidades estatales en el continente y en la Isla, y recomendó que se articule una política que permita el ajuste (aumento), mientras se asegure de que los continuos aumentos se puedan sostener de tal manera que sea previsible y entendible para los estudiantes.
El subcomité, a través de la carta de Jaresko, “alienta” a la UPR a considerar cómo puede emplear todas sus herramientas disponibles para sufragar el costo de la asistencia para los estudiantes financieramente necesitados, incluyendo la maximización de la beca Pell para matrícula y el costo de vida, de tal manera que se evite la privación a los estudiantes necesitados.
Si bien el subcomité elogió a la UPR “por su ambición de repensar la estructura de la Universidad”, también debe especificar cómo esas medidas cerrarán el déficit para el 2026.
“Alentamos a la Junta de la UPR a considerar esta única oportunidad para articular una renovada estrategia para la Universidad y reenfocar en áreas de fuerza para el sistema como un todo”, se indicó en la carta firmada por Jaresko.
De hecho, el subcomité sugirió que mejorando los resultados de los estudiantes, como reducir el tiempo para graduarse al aumentar la accesibilidad a los requerimientos de una educación general, debería ser también una meta primaria para la UPR y debe reflejarse en el plan fiscal revisado.
Ese plan revisado, ordenó el subcomité, debe reflejar además una visión del estado futuro del sistema operacional y, en una crítica velada a la Junta de la UPR, le pidió que sea más activa en la identificación de los programas a consolidar o eliminar por redundantes o inefectivos, y que debe centralizar las funciones administrativas. INS
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