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El caso reciente que ha removido con fuerza el sistema judicial: la desaparición del condenado por homicidio Pedro Alejandro Paniagua, alias “Quirinito”. / Inter News Service
Por Manuel Vólquez
Santo Domingo, 11 oct (INS).- En la República Dominicana no han cesado los escándalos en el sistema judicial por decisiones de jueces y por dictámenes de los fiscales en casos de narcotráfico, sicariato, lavado de activos, corrupción y crímenes horrendos, lo que se ha convertido en un tema de denuncias de primer orden para los analistas, las iglesias, medios de comunicación y representantes de organizaciones de la sociedad civil.
Los fallos más cuestionados han sido los que han dispuesto la libertad de personas sometidas por actos de corrupción (como el caso más reciente de sobornos de la constructora brasileña Odebrechet), cuando le disminuyen la pena o le cambian el régimen de ejecución, ya sea a solicitud de los acusados de los delitos penales o de los representantes del ministerio público, que son los responsables de dirigir la investigación y presentar la acusación ante el tribunal.
Esas decisiones han provocado no sólo la suspensión de jueces y fiscales, sino también sometimientos penales y disciplinarios que han terminado con condenas, cancelaciones y suspensiones, tanto de magistrados como de procuradores fiscales.
El tema es analizado por la periodista dominicana Wanda Méndez en un trabajo publicado en el periódico Listín Diario, donde hace la salvedad de que no todas las acusaciones contra jueces y fiscales han prosperado en razón de que algunos han sido liberados de responsabilidades, luego de las investigaciones y de juicios disciplinarios.
El más reciente escándalo ocurrió a raíz de la desaparición del condenado por homicidio Pedro Alejandro “Quirinito” Castillo Paniagua, después de que una jueza le varió la cárcel por prisión domiciliaria al fingir tener una enfermedad terminal, de la que presuntamente falleció, conforme a reporte falso de un médico legista.
La sociedad quisqueyana todavía está impactada por el hecho, luego de que la Procuraduría General de la República informó en un comunicado emitido el martes 3 que “Quirinito” no había fallecido, lo que ha desatado una investigación del caso. Su captura fue solicitada de inmediato a la Policía Internacional (Interpol) bajo la sospecha de que el presidiario fue sacado del país.
Dice que por las irregularidades detectadas en ese caso fueron suspendidos dos jueces de ejecución de la pena, dos procuradores de corte de apelación, un médico legista y un supervisor de vigilancia penitenciaria del Consejo del Poder Judicial, tras varios meses suspendida en funciones.
Estas suspensiones sin disfrute de salarios e indefinidas fueron rechazadas por los jueces de todo el país en una manifestación ayer, en la que exigieron respeto por la independencia de la Justicia y dijeron que desde el Consejo del Poder Judicial se ha desarrollado durante este año “un atentado sistemático” contra ese poder del Estado.
“Exigimos la existencia de un proceso disciplinario acorde con el debido proceso de ley, en que se respeten los derechos y garantías de las personas sometidas, donde primen los criterios de dignidad, igual y justicia”, indicaron en un comunicado de prensa.
La comunicadora Méndez hace un recuento de los hechos más escandalosos que han ocurrido y que colocan en el terreno del descrédito a la justicia dominicana por las irregularidades supuestamente cometidas por algunos magistrados y otros servidores de este poder del Estado:
El 11 de mayo de 2017 fue suspendido el presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Rafael Pacheco, y sometido a juicio disciplinario, atribuido a un fallo que dispuso la libertad del ciudadano ítalo-canadiense Antonio Carbone, acusado de intento de homicidio a Fernando Báez Guerrero.
El 23 de marzo del 2017 fueron suspendidos los jueces de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, Manuel del Socorro Pérez García, presidente, Saulo Ysabel Díaz, y Rosaly Yovianka Stefani Brito.
La sentencia que generó a esa suspensión y sometimiento a juicio disciplinario anuló la condena de 10 años de prisión al acusado de narcotráfico y lavado de activos Winston Rizik Rodríguez, disponiendo la celebración de un nuevo juicio al imputado.
El 11 de septiembre de 2016 fue destituida la jueza Aristilda Mercedes Rodríguez, contra quien se inició una investigación luego de ordenar la libertad “pura y simple” (esta es una nueva figura jurídica) de cinco venezolanos que fueron apresados cuando se les ocupó un cargamento de 359 kilos de droga en el interior de una avioneta, en el Aeropuerto Internacional de La Romana, a 122 kilómetros (76 millas) de Santo Domingo.
Destaca que en noviembre del 2015 fueron sometidos a la Justicia la jueza Awilda Reyes Beltré, y el exconsejero del Poder Judicial Francisco Arias Valera, quienes fueron acusados por la Procuraduría de integrar una presunta red que se dedicaba a negociar con decisiones en sus respectivos tribunales para favorecer a personas vinculadas al sicariato y al narcotráfico.
El fallo que provocó el sometimiento fue el que dispuso la libertad, mediante un habeas corpus, del exregidor por Pedro Brand, Erickson de los Santo Solís, acusado de sicariato.
El 17 de diciembre de ese año, el presidente de la Corte de apelación del Distrito Nacional, Ramón Horacio González Pérez, le impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción tanto a Beltré como a Arias Valera, la cual le fue variada posteriormente, por prisión domiciliaria, por el juez de la primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Antonio Sánchez Mejía.
El tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aún conoce el juicio preliminar que se le sigue a Beltré y Arias Valeria. Reyes Beltré fue cancelada por el Consejo del Poder Judicial, luego de permanecer varios meses suspendida, y Arias Valera renunció antes de ser sometido a la Justicia.
En julio de 2016, el Consejo del Poder Judicial (CPJ) también canceló a los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, Víctor Mejía Lebrón, Rosó Vallejo Espinosa, y al magistrado de la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo de esa jurisdicción, José Dionisio Duvergé Mejía, quienes estaban siendo investigados también por presuntamente negociar con sentencias.
Esos jueces estaban suspendidos y sometidos a juicio disciplinario desde noviembre de 2015, pero no fueron sometidos a la justicia penal, como ocurrió con Reyes Beltré y Arias Valera.
El 21 de septiembre de 2016, el Primer Tribunal Colegiado de la Provincia Santo Domingo condenó a 10 años de prisión a dos fiscales involucrados en el caso del robo de 950 kilogramos de cocaína en la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía Nacional (Dican).
Según la investigación de Wanda Méndez, los fiscales fueron sometidos junto con otras personas, incluyendo al exdirector de la Dican, excoronel Carlos Fernández Valerio, quien fue condenado a 20 años.
Ese proceso se inició en enero de 2015.
Más reciente, en marzo del 2017, fueron suspendidos los fiscales Sigfredo Alcántara Ramírez y Daniel Aquino Familia, quienes prestaban servicios en los municipios Las Matas de Farfán y El Cercado, acusados de haber recibido RD$100,000 (2,115 dólares) cada uno como soborno para favorecer a un joven preso por tráfico de marihuana. INS
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