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El paro de los médicos podría extenderse por 15 días si el gobierno dominicano no atiende a sus demandas. Inter News Service
Santo Domingo, 11 oct (INS).- La huelga por 48 horas convocada hoy por el Colegio Médico Dominicano (CMD) en los hospitales públicos tomó un nuevo rumbo al sumarse a la protesta las enfermeras y bioanalistas en demanda de que el gobierno nacional cumpla con el acuerdo que firmó con el sector salud el pasado año.
El paro se cumple en el primer día, de dos, pese a que el gobierno intentó frustrarlo incorporando a los médicos militares y policiales, que fueron impedidos de trabajar por sus colegas civiles.
En hospitales como el traumatológico Darío Contreras, situado en el municipio Santo Domingo Este, los médicos militares trataron de dar servicio a los pacientes que asistieron a sus citas, pero fueron impedidos por sus colegas de la red pública.
En algunos casos, los galenos en huelga irrumpieron en los consultorios y se sentaban en las camillas y escritorio, para evitar que atendieran a los pacientes.
El paro es nacional por 48 horas, que concluye el viernes, en los centros de salud administrados por el gobierno es en demanda de que se incluyan a cinco mil médicos en el aumento salarial acordado el pasado año.
Al justificar el paro, el presidente del gremio, Waldo Ariel Suero, dijo que las autoridades son las responsables del disgusto que el sector salud muestra, por negarse a cumplir con el pacto que firmaron en 2016.
Afirmó que de las autoridades mantenerse renuentes a cumplir los acuerdos, extenderían la protesta por 15 días bajo amenazas de que habrá “candela”.
Suero argumenta que se violentó el acápite C, literal 4 y 5, que establece que al salario del personal médico que labora en uno o dos establecimientos de salud del sistema público recibirá un alza de un 25% en el salario base y señaló que el incremento sólo se le ha otorgado a los que trabajaban en un único centro de salud.
Las enfermeras y bioanalistas también reclaman el pago de incentivos y el nombramiento de personal para sustituir a los que fueron pensionados en 2016.
Mientras, la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, designó una comisión de abogados para que investigue el supuesto incumplimiento del acuerdo, y aseguró que el gobierno ha invertido más de 10 mil millones de pesos en el sistema (211,6 millones de dólares). INS
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