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Una patrulla realiza un recorrido durante el toque de queda. / Inter News Service/CPI
San Juan, 1 oct (INS).- Aunque el gobierno ha confirmado que hay personas encarceladas por supuestamente cometer delitos graves durante el toque de queda, ningún funcionario ha podido precisar cuántos son ni dónde están, asegura el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
La nota, firmada por la periodista Laura Moscoso, se reproduce a continuación:
“Eso no lo sé”, fue la respuesta del secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, al preguntársele cuántas personas habían sido ingresadas en las cárceles del país luego de ser procesadas por cometer algún delito grave, y no poder prestar fianza, durante el período de toque de queda decretado por el gobernador Ricardo Rosselló tras el paso del huracán María.
Otro que tampoco tiene claro cuántas personas se han encarcelado por dicha transgresión es Erik Rolón Suárez, secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación.
En conversación con el CPI sobre si ha ingresado gente en la pasada semana al sistema penal que él dirige, Rolón dijo que sí podría corroborar el número, pero cuando se le preguntó por la cifra exacta, su respuesta fue que tenía que revisar expediente por expediente de cada institución penitenciaria. “Tendría que corroborárselo”.
Algo que sí pudo confirmar el secretario de Corrección fue que los confinados no han podido hacer llamadas a sus familiares desde que María tocó tierra. Rolón Suárez indicó que el Departamento había aprobado dos llamadas gratis para antes y después del paso del huracán pero que por motivo del colapso de las comunicaciones esa segunda llamada no se había habilitado.
Según los números oficiales, hasta el viernes la Policía había intervenido con 125 personas por violación al toque de queda, de las cuales 67 han sido arrestadas. Los portavoces de prensa de las agencias no han podido explicar cuáles de estos arrestos han resultado en citaciones y cuáles en encarcelamientos.
Pesquera indicó que el protocolo de intervención “es como cualquier arresto” ordinario: se detiene a la persona, se lleva al cuartel más cercano para registrar la detención, se presenta ante un magistrado y se determina o no causa para su arresto.
En el caso de que el delito sea únicamente la violación del toque de queda, el procedimiento en vigor es una citación para juicio al arrestado. Si la acusación es de delito grave -como ocurre cuando se comete un escalamiento durante el toque de queda, por ejemplo- la acusación es de delito grave y el magistrado impone una fianza.
Si esta fianza no se puede pagar, el acusado es ingresado en prisión. El secretario de Seguridad Pública indicó que los arrestados han sido ingresados en las cárceles más cercanas al lugar donde se cometió el delito.
Sin embargo, tampoco pudo informar cuáles son estas cárceles. Aseguró que los derechos constitucionales se están garantizando porque Puerto Rico “es un país de ley y orden”.
La Policía de Puerto Rico, a nivel nacional y municipal, es el cuerpo autorizado para hacer arrestos. Junto al cuerpo castrense, trabajarán un Cuerpo de Oficiales de Paz habilitados también por Orden Ejecutiva el pasado 28 de septiembre.
Estos Peace Officers, según se les llama en la orden, son “funcionarios de orden público federal que tengan facultad en ley para efectuar arrestos y que estén en el desempeño de sus funciones”.
Un “Peace Officer es un concepto. Eso lo que hace es que por medio de una orden ejecutiva se reconoce al oficial de afuera para que pueda ejercer funciones como en su estado local. Porque un policía en Nueva York no necesariamente puede ejercer en Puerto Rico con las mismas protecciones legales del estado.
“En ese sentido, ante una emergencia se le reconoce como oficial local para ejercer las funciones que se le deleguen localmente”, fue la definición que ofreció Karixia Ortiz, oficial de prensa de Héctor Pesquera.
William Ramírez, director ejecutivo del capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés) se mostró alarmado por las intervenciones policíacas relacionadas al toque de queda y denunció que ya ha recibido llamadas y mensajes de texto de personas allegadas a arrestados denunciando la situación.
“He recibido notificaciones. Están arrestando a personas y no están notificando a dónde se las están llevando y no les están dando fianza, que es inconstitucional. Va en mal camino. Cuando hay situaciones de emergencia, (los ciudadanos) están dispuestos a ceder un montón de derechos. Una emergencia no se puede usar como una excusa para reprimir personas. Eso se puede convertir en la nueva norma y eso no lo vamos a permitir”, dijo.
También cuestionó que el toque de queda sea indefinido. Según expresó, un toque de queda “es una respuesta a una situación inmediata, inminente y es definida. Por poco tiempo. Cuando uno dice toque de queda indefinido, eso es martial law (ley marcial)”.
Por su parte, el profesor de derecho Osvaldo Burgos, actual presidente de la junta de directores del capítulo puertorriqueño de Amnistía Internacional, tronó contra el gobierno y catalogó el asunto como “peligroso”.
Para él, el toque de queda debería ser “la última alternativa del Estado y aquí fue la primera, sin ponderar otras alternativas ni sus efectos. El pueblo no lo cuestiona. Lo acoge, porque tiene miedo, y eso es peligroso”.
Otro que mostró preocupación por el procedimiento criminal que se está siguiendo es el abogado criminalista Javier Santiago Santos, quien cuestionó la transparencia del protocolo dentro de las condiciones actuales del país: comunicaciones devastadas por el azote del huracán, familiares y servicios como representación legal incomunicados por la desaparición de vías de acceso y telefonía, y un sistema de tribunales paralizado por la falta de energía eléctrica.
El letrado también alertó sobre la falta de experiencia del sistema de justicia con este asunto. “Eso está ahí a la arbitrariedad de lo que el Estado quiera hacer. ¿Qué pasa con la gente que se detiene dentro del toque de queda? No sabemos. Estamos hablando de cuestiones muy noveles. Nada de esto ha sido resuelto por el Tribunal Supremo, no hay jurisprudencia”.
Al momento la Rama Judicial está trabajando parcialmente de 10:00 AM a 4:00 PM. Los Centros Judiciales abiertos son Caguas, Mayagüez, Arecibo y Aguadilla. También hay funciones desde los cuarteles de la Policía como han notificado vía comunicado de prensa.
El toque de queda a todo el país fue decretado a 24 horas del paso del huracán María por Puerto Rico luego de varios episodios de vandalismo informados a través de las pocas emisoras de radio que continuaron al aire.
La última versión de la ordenanza fue anunciada el viernes 29 de septiembre y obliga a los ciudadanos a estar en sus casas desde las 9:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana del siguiente día.
El documento con la orden dice que el toque de queda entra en vigor “para salvar vida y proteger la propiedad, la salud y la seguridad de todos nuestros ciudadanos”. Es posible por la Ley 211 de 1999, firmada por el exgobernador Pedro Rosselló para “conceder poderes extraordinarios al Gobernador en situaciones de emergencia o desastre”.
Su hijo, el ahora gobernador Ricardo Rosselló Nevares, es el primero que la invoca para habilitar un toque de queda. En la actualidad, hay algunos municipios que contienen en sus códigos de orden público disposiciones similares. INS
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