Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el martes 29 de agosto de 2017
P. Rico-JSF somete demanda para que gobierno cumpla con el plan fiscal
San Juan, 29 ago (INS).- La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sometió ayer en la corte federal del distrito de Puerto Rico una demanda de sentencia declaratoria e interdicto para hacer cumplir el plan fiscal certificado.
En el recurso, la Junta le pide al tribunal que declare que el plan fiscal, tal cual fue certificado por el organismo bajo la Ley Promesa, incluye sus enmiendas, un programa de reducción parcial de jornada si ciertas metas no se cumplen y una reforma de pensiones.
Para la Junta, las enmiendas son disposiciones “mandatorias y obligatorias del plan fiscal del gobierno y el gobernador tiene que cumplir con y hacer cumplir el plan fiscal para Puerto Rico en su totalidad, incluyendo sus enmiendas”.
El organismo también le pide al tribunal un interdicto prohibiéndole al gobernador rehusarse a cumplir con el plan fiscal (incluyendo sus enmiendas).
“La reforma fiscal es un proceso difícil pero necesario para Puerto Rico y la credibilidad del plan radica en su cumplimiento. Aunque hubiéramos preferido evitar este paso, creemos que es una medida necesaria para mantener a Puerto Rico en curso con sus compromisos de reducir el gasto y establecer una base estable para su futuro económico”, dijo Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JSF.
Agregó que “el pasado 13 de marzo, la Junta certificó el plan fiscal para Puerto Rico para alcanzar casi 40,000 millones en reducción del déficit a largo plazo mediante aumentos en ingresos y medidas de ajuste al sector público, al tiempo que se comienza el difícil trabajo de reestructurar la insostenible deuda de 74,000 millones que la Isla le adeuda a sus acreedores”. INS
P. Rico-JSF hace primera recomendación bajo sección 205 de la Ley Promesa, sobre independencia de las juntas de corporaciones públicas
San Juan, 29 ago (INS).- La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) envió ayer una carta al gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la Legislatura de Puerto Rico para hacerles su primera recomendación bajo la sección 205 de la Ley Promesa.
La recomendación concierne a la importancia de que las juntas de las corporaciones públicas sean independientes y aseguren el cumplimiento con los planes fiscales de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).
“La independencia de una junta libre de control e influencia políticas propenderá la responsabilidad gerencial y la eficiencia en las corporaciones públicas e instrumentalidades. Juntas verdaderamente independientes también fortalecerán la gobernanza, aumentarán la credibilidad y atraerán la inversión tan necesaria y crítica para la transformación de la economía de la Isla”, dijo Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta.
Añadió que “miembros de juntas y cuerpos rectores deben establecer las políticas y tomar las acciones que ellos determinen, en su juicio experto, son las que mejor sirven los intereses de sus respectivas instituciones. Al mismo tiempo, con la implantación de nuestra recomendación las juntas y cuerpos rectores aún tendrían que rendir cuentas, pues sus miembros podrían ser removidos por el Gobernador por causa”. INS
P. Rico-Jefe del FBI en el país: “Nivel de corrupción en la isla es muy alto”
San Juan, 29 ago (INS).- El jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Douglas Leff, afirmó ayer que el nivel de corrupción que exhibe Puerto Rico “es muy alto”.
Leff hizo las expresiones durante una reunión en La Fortaleza del Grupo Interagencial Anticorrupción en la que se discutieron iniciativas para adelantar la colaboración en la investigación y el procesamiento de delitos de este tipo.
El grupo tiene la misión de velar por la ética gubernamental, el buen uso de los fondos públicos y procesar a cualquier persona que se aparte de su deber.
En la reunión participaron, entre otros jefes de agencia, la superintendente de la Policía, Michelle Hernández, e Ismael Colón Birriel, miembro del Panel del Fiscal Especial Independiente.
Tras el encuentro, se anunció que el gobierno elevará a rango de ley la iniciativa de trabajo en equipo del Grupo Interagencial en un Comité para la Prevención y Erradicación de la Corrupción, que estará compuesto por los actuales miembros del Grupo Interagencial y otros. INS
P. Rico-Miembro Junta de Gobierno del Sistema 9-1-1 pide explicaciones al director ejecutivo sobre aumento salarial en nómina de confianza
San Juan, 29 ago (INS).- El ingeniero Manuel Rolón Marrero, representante del interés público en la Junta de Gobierno del Sistema de Emergencias 9-1-1, exigió ayer explicaciones al director ejecutivo sobre el aumento de $11,000 mensuales a la nómina de confianza.
La agencia Inter News Service (INS) publicó este domingo que Héctor Torres Calderón elevó la nómina del personal de confianza, además de que mantiene una serie de fricciones con la junta y con el personal.
“Como ha ocurrido desde el 2009, estamos velando por los mejores intereses del sistema 9-1-1 y lo servicios al pueblo de Puerto Rico y en este momento no será la excepción; cuando se ha señalado por parte de esta administración que debe haber en la misma una reducción mínima del 20%, en un momento tan crucial no podemos aceptar que haya un aumento de nómina en empleados de confianza cuando precisamente la ley del gobierno es contraria a este señalamiento”, reaccionó Rolón en declaraciones solicitadas por INS.
Este manifestó que esos asuntos serán llevados a la próxima reunión de la Junta de Gobierno del sistema 9-1-1 “para atenderlos con la urgencia y seriedad que merecen”.
Las tensiones entre el director ejecutivo, el ex representante Torres Calderón, y la junta de gobierno que rige la agencia ha ido aumentando a lo largo de estos meses, particularmente luego que el funcionario otorgara aumentos a sus empleados de confianza, que suman $11,007 mensuales.
La Junta decidió revisar el presupuesto que le presentó Torres Calderón a base de las directrices emitidas por La Fortaleza. En el presupuesto del director ejecutivo, se destinaba un 77% de los fondos a gastos operacionales, un exceso que la junta descartó porque reducía los gastos de otras partidas, como la de equipo.
También ese presupuesto perfilaba un aumento en gastos de publicidad, según supo INS de fuentes internas en el 9-1-1.
La junta de gobierno igualmente descartó la partida para el subdirector, un puesto que el gobierno ha decidido eliminar en todas las agencias. Sin embargo, contrario a lo dispuesto por la junta del 9-1-1, el puesto fue llenado y con aumento salarial.
El aumento en la nómina para el círculo íntimo del director ejecutivo tiene un impacto de $132,084 al año y, asumiendo que se mantenga todo el cuatrienio, sumaría $528,336, justo en el instante en que el gobernador Ricardo Rosselló defiende ante la junta de supervisión fiscal (JSF) no tener que imponer a lo largo de todo el gobierno la reducción de jornada laboral.
Aumentos salariales en los puestos de confianza en las agencias debilitaría esa posición de política pública del Gobernador ante la JSF, que intenta limitar los gastos de gobierno.
La posición del director ejecutivo de no implantar el presupuesto revisado de la junta lo ubica en insubordinación frente a esta, se alertó.
Pero ese no es el único motivo de fricción de Torres Calderón y la junta que gobierna al 9-1-1. La agencia INS supo que luego que la junta repusiera a la auditora de carrera Verónica Muñoz al mando de la oficina de auditoría, Torres Calderón no ha querido procesar el trámite administrativo que se requiere para que ocupe el cargo.
Cuando Muñoz ocupaba ese cargo durante la pasada administración, la auditora presentó a la junta de gobierno de entonces un borrador de auditoría que evidenciaba crasa negligencia fiscal del entonces director ejecutivo Juangy Morales Vargas, quien finalmente renunció al cargo poco antes de las elecciones de 2016, malversación y uso festinado de los recursos de gobierno y preferencias en aumentos salariales a su personal de confianza, nepotismo y tensión con los empleados, un contrato de casi un millón de dólares para nueva tecnología que hasta la directora de informática de entonces se opuso, y otras irregularidades.
La junta de gobierno de entonces, encabezada por el superintendente de la Policía José Luis Caldero, la expulsó del cargo y la regresó a su puesto de carrera, sin tomar acción sobre los señalamientos, a pesar de algunas voces internas en la junta que lo pedían.
La nueva junta decidió otorgarle nuevamente el cargo de jefa de auditoría a la funcionaria, no solo en desagravio por haber sido penalizada por el hecho de ejercer con celo sus funciones, sino para que continuara manteniendo los estrictos controles fiscales.
Por otro lado, una fuente indicó que los tiempos de respuesta de la agencia han comenzado a elevarse nuevamente, mientras Torres Calderón asiste con regularidad a actividades en municipios y escuelas que le correspondería a otros funcionarios del 9-1-1. La fuente afirmó que Torres Calderón alberga posibilidades de lograr un escaño senatorial para las elecciones de 2020 y quiere mantenerse en contacto directo con los pueblos.
No obstante, ya ha tenido varios encuentros de tensión con algunos funcionarios y exfuncionarios. Entre ellos el alcalde de Cidra Javier Carrasquillo, quien no pudo asistir a una actividad del 9-1-1 en ese municipio, y Torres Calderón se molestó y criticó que se le “dejara plantado” y se enviase un funcionario de menos categoría.
Carrasquillo es también el presidente rotativo del Centro de Recaudación de
Ingresos Municipales (Crim), una agencia que está a manos llenas con el problema que resulta de la reducción en los subsidios a los municipios.
Mientras, hay un incidente en Vieques con Torres Calderón que aun no está aclarado públicamente, aunque el mismo fue discutido a nivel del secretario de la gobernación William Villafañe.
Torres Calderón aumentó en $2,577 la remuneración mensual del subdirector ejecutivo, de $5,540 (en el 2016) a $8,117.
La agencia INS supo que la junta de gobierno del 9-1-1 no le permitió a Torres Calderón aumentarse su salario a $9,600, de los $8,235 que ahora recibe. El aumento habría sido de $1,365 mensuales, es decir, $16,380 adicionales por año.
Mientras, un puesto de ayudante recibió un aumento de $330 ($4,200 a $4,530) y a otro ayudante especial le subió $64.
Torres Calderón además nombró a dos personas a ocupar plazas de ayudante especial que se mantuvieron vacantes en el 2016, a un costo de $2,897 cada una.
A los directores de Finanzas y Recursos Humanos les aumentó $894 a cada uno, de $4,200 mensuales durante el año 2016 a $5,094, mientras que al director de comunicaciones se le aumentó $2,337 mensuales para alcanzar un salario de $4,054. Además, se creó el puesto de director de cumplimiento con sueldo de $3,831. INS
P. Rico-Senado investigará la otorgación de su cartera de seguros
San Juan, 29 ago (INS).- El Senado investigará el proceso mediante el cual el gobierno confiere sus seguros a empresas e intermediarios, una suma multimillonaria que ha sido en más de una ocasión causa para litigios porque se han concedido por conexiones con el gobierno o con parámetros inconsistentes.
La Resolución del Senado 282 del senador Eric Correa Rivera, aprobada ayer, permite una investigación sobre el protocolo utilizado para la otorgación de la cartera total de seguros del gobierno, incluyendo, pero sin limitarse a, seguros de propiedad y contingencia, seguros de salud y seguros de beneficios.
Las Comisiones de Banca, Comercio y Cooperativismo, y de Hacienda del Senado tendrán a su cargo la investigación con la que se pretende garantizar la transparencia al país sobre este proceso, al revelarle los detalles del proceso que por años se ha utilizado para repartir millones y millones de dólares del Erario.
Esta es la primera vez en la historia política del país que se aprueba una pieza legislativa a estos fines. No obstante, investigaciones anteriores similares e igual de sensitivas nunca han arrojado resultados.
“Esta administración ha sido cimentada sobre la base de la transparencia. Durante mucho tiempo y varios cuatrienios ha sido altamente cuestionado como se reparte la cartera de seguros en el gobierno. En aras de garantizar esa transparencia al pueblo es necesario que se le hable claro sobre el proceso que se ha seguido en el pasado y que se sigue actualmente”, manifestó Correa Rivera durante su turno previo a la aprobación de la Resolución.
Se anticipó que se convocará próximamente a vistas públicas como parte de la investigación que cubrirá pasados cuatrienios hasta el actual. INS
P. Rico-Tribunal desestima por académica la solicitud de información de representante sobre el vertedero de cenizas de carbón de Peñuelas
San Juan, 29 ago (INS).- El juez Anthony Cuevas Ramos desestimó ayer por falta de jurisdicción al tornarse académica la solicitud de mandamus del representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Denis Márquez Lebrón, quien solicitó de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) que le suministrara información sobre las operaciones del vertedero en Peñuelas manejado por EC Waste, en el cual se depositan las cenizas de carbón que genera AES.
Para el tribunal, “este caso perdió su carácter adversativo desde el momento en que la Junta de Calidad Ambiental cumplió con su deber ministerial de notificarle a la parte demandante la disponibilidad de la información requerida”.
La directora ejecutiva de la JCA, Tania Vázquez Rivera, sostuvo en declaraciones escritas que “este asunto jamás debió llegar a los tribunales, pues, todos los documentos públicos que solicitó el Sr. Márquez siempre estuvieron a su disposición en la agencia, y así se le dejó saber en múltiples ocasiones”.
Agregó la funcionaria, quien es igualmente secretaria de Recursos Naturales y Ambientales, que “lamentablemente, aunque el Sr. Márquez Lebrón argumentaba que necesitaba estos documentos para poder cumplir con su labor legislativa y fiscalizadora, este nunca aceptó nuestra invitación, y prefirió alargar el asunto yendo al Tribunal, con el aparente fin de obtener cobertura mediática”.
Afirmó que el juez emitió “una sentencia que confirma cada uno de nuestros planteamientos, incluyendo el hecho de que el demandante nunca hizo las gestiones para venir a revisar los documentos que, nuevamente, siempre han estado a su disposición”.
Vázquez Rivera se reafirmó en que “nuestras puertas están abiertas para que el Sr. Márquez Lebrón venga a revisar los documentos públicos, y fotocopie aquellos que estime necesarios. La política pública de esta administración ha sido de total transparencia, así como el respeto a las leyes y reglamentos aplicables, tanto a nivel federal como estatal. Hemos cumplido con esta a cabalidad, y así lo confirmó hoy el Tribunal de Primera Instancia de San Juan”. INS
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