Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el lunes 21 de agosto de 2017
P. Rico-Senadora López León anuncia candidatura a la junta de gobierno del PPD
San Juan, 21 ago (INS).- La senadora del Partido Popular Democrático (PPD) Rossana López León anunció hoy que estará aspirando a una posición por acumulación en la junta de gobierno de la colectividad, que se apresta a llenar varias vacantes durante su convención anual.
El PPD celebrará un Congreso de Ideas, en donde además de discutir la situación fiscal del país y encaminar nuevas propuestas, llevarán un proceso de votación para llenar varias vacantes en la junta de gobierno de la colectividad. El congreso popular se efectuará en el Hotel El Conquistador el fin de semana del viernes 29 al domingo 1 de octubre.
“Luego de escuchar el reclamo y el apoyo de los alcaldes, delegados, líderes de barrio y comunitarios de todo Puerto Rico, he tomado la decisión de aspirar a la junta de gobierno del PPD por acumulación”, adelantó.
Señaló que busca “impulsar, desde allí, una agenda prioritaria en defensa de nuestros pensionados, nuestros estudiantes, trabajadores y, muy particularmente, a la mujer puertorriqueña. Quiero ser voz de unidad y de trabajo como exige el momento histórico en que vivimos”.
López León indicó además que desde esa posición procurará la apertura de la colectividad y el inicio de talleres de capacitación política para los jóvenes.
“Nuestra juventud es la fuerza del futuro. Nuestra responsabilidad es abrirles las puertas de oportunidades en la educación y la fuerza laboral y el PPD tiene que moverse en esa dirección con ideas innovadoras y realistas. Es hora de movernos a los retos que enfrentamos los puertorriqueños en la actualidad”, sostuvo.
La legisladora tiene una destacada hoja de servicio, que incluye haber sido procuradora de las personas de edad avanzada, portavoz alterna de la delegación del Senado de Puerto Rico, presidenta de la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social también en la Cámara Alta y miembro del consejo general del PPD. INS
P. Rico-Pretenden evaluar nueva implementación de las foto multas para que sea uniforme y confiable
San Juan, 21 ago (INS).- El senador Abel Nazario Quiñones presentó el Proyecto del Senado 452, que regularía un nuevo sistema automático de control de tránsito y permitiría su implementación nuevamente en las vías de alto riesgo de la isla. Este podría ser visto en la próxima sesión ordinaria, que comenzará mañana.
Sin embargo, según Nazario esta nueva versión contaría con “un proceso de revisión uniforme y confiable”, pues el proceso para impugnar las multas sería idéntico al que se realiza para cualquier otra multa de tránsito. Esto, para evitar confusión y garantizar a los ciudadanos su derecho a un debido proceso de ley.
El proceso de vistas públicas comenzará antes de octubre, dejó saber la Comisión Senatorial de Innovación e Infraestructura, a la cual fue referida la pieza legislativa.
“Uno de los problemas principales del pasado sistema de foto multas fue el proceso de revisión administrativa para impugnar las multas, porque los conductores no sabían cuál era el proceso para revisar y someter quejas sobre las multas expedidas”, argumentó.
Agregó que “no se estableció qué entidad estaría a cargo de ese proceso, si el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) o la compañía privada que instaló el sistema. Con esta nueva versión se garantiza a cada ciudadano el derecho a un debido proceso de ley y elimina cualquier confusión. Además, se hace una nueva distribución de los recaudos”.
Explicó Nazario Quiñones que la distribución de los fondos que se recauden sería 25% para el Sistema de Retiro de los Policías afectados por la ley 3-2013 de Puerto Rico, 5% para el Centro Molecular de Puerto Rico; otro porcentaje igual para el pago de las horas extras de la Policía de Puerto Rico y para el cumplimiento con la deuda existente a los policías del país.
Además, un 15% para la infraestructura y compra de equipo para el Centro Médico de Puerto Rico, 25% para el pago de la deuda de Puerto Rico y el 25% restante se distribuirá entre los municipios donde estén ubicados los sistemas de foto multas de manera proporcional.
Del mismo modo, la pieza, que enmendaría la Ley de Tránsito, atendería la calibración de las cámaras y radares que detectan las infracciones.
Según la exposición de motivos de la medida, esto generó gran incertidumbre entre los conductores, pues ante un posible proceso de revisión de las multas, se desconocía si el equipo estaba debidamente calibrado al momento de detectar las infracciones.
El secretario del DTOP establecería, mediante reglamento, el Sistema de Revisión y Calibración de los Equipos Electrónicos utilizados para detectar infracciones de tránsito, así como implantar el sistema mediante Alianzas Público Privadas Participativas (APPP).
Las subastas se llevarán a cabo mediante el procedimiento contemplado para ello en la Ley de Alianzas Público Privadas Participativas (Ley 29-2009). Así, se garantiza una mayor transparencia en el otorgamiento de dicho contrato y permite que se evalúen propuestas de diferentes compañías para escoger aquella que sea más eficiente y con un costo menor al erario.
“En el pasado, el sistema automático de control de tránsito fue instaurado por una compañía privada. Esta contratación generó mucha controversia, toda vez que se llevó a cabo sin una subasta formal o pública, a pesar de representar un gasto gubernamental de aproximadamente seis millones de dólares”, recordó el legislador.
Añadió que “según se conoce, este contrato fue cancelado debido a las faltas que presentaba el sistema, reembolsándose así el dinero pagado a los conductores multados”.
De igual forma, se contemplaría darle la potestad a los municipios de adoptar sus propios sistemas automáticos de control de tránsito, operarlos y realizar el envío de las multas.
La actual Ley de Vehículos y Tránsito le permite al secretario delegar solo a funcionarios, empleados del DTOP, agencias gubernamentales y empresas privadas la operación de los sistemas automáticos de control de tránsito. Sin embargo, dicha autoridad le sería conferida a los municipios si la medida fuera convertida en ley.
Según estudios realizados en Estados Unidos, el uso de los sistemas automáticos de control de tránsito reduce el número de accidentes en las vías de alto riesgo e igualmente la velocidad en la que los conductores conducen. A su vez, al no ser necesaria la presencia de agentes del orden público en estas vías, permite que se concentren sus esfuerzos en combatir la criminalidad. INS
P. Rico-Representantes del PPD cuestionan contrato millonario con Aeromed
San Juan, 21 ago (INS).- Tras la contratación “de emergencia” de la empresa Aeromed por parte del gobierno para la prestación de servicios de ambulancia aérea, los representantes del Partido Popular Democrático (PPD) José “Conny” Varela y Carlos Bianchi cuestionaron “las verdaderas razones para tomar esta decisión cuando el país ya cuenta con una unidad de ambulancia aérea”.
“Optaron por contratar a la compañía Aeromed por 3.3 millones por un año, a razón de 274 mil dólares mensuales garantizados por un máximo de 45 vuelos al mes. Esto significa que se pagará el monto estipulado en el contrato, se atienda o no esa cantidad de vuelos”, expresó Varela.
Explicó que “resulta curioso que se haya hecho una contratación de emergencia cuando la actual administración ha cuestionado la misma acción de la pasada administración a pesar de que en aquel entonces, sí se carecía del servicio a causa de una decisión de la propia empresa Aeromed”.
Mientras, Bianchi sostuvo que el discurso de la administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) en cuanto al tema no es compatible con lo que esbozaban durante el pasado cuatrienio.
“Este gobierno cuestionó la emergencia declarada el pasado año a pesar de que en aquel entonces la empresa Aeromed había suspendido el servicio por casi siete semanas. Sin embargo, ahora vemos que aun teniendo una nave del gobierno para esos propósitos y sin tener una amenaza de suspensión por parte de la empresa privada, deciden contratar a Aeromed”, subrayó Bianchi.
A su juicio, “esto levanta muchas interrogantes y destapa la verdadera intención del espectáculo que han tratado de armar estos últimos meses”.
Los legisladores añadieron que la manera en que fue redactado el contrato induce a error, y que la información provista en el portal de la Oficina del Contralor es incorrecta.
Asimismo, los legisladores indicaron que el contrato también dispone que se pagarán 6,100 dólares por el exceso de los 45 vuelos, pagaderos en un término de 30 días, por la vigencia del mismo, que vence el 30 de junio de 2018. “Esto implicaría que esta compañía estaría supuesta a efectuar 540 vuelos al año, o sea, un vuelo y medio al día”, manifestó Varela.
“Crea suspicacia que este gobierno no haya realizado las gestiones necesarias para acondicionar el helicóptero que ya tenemos disponible ni haya destinado los recursos para los adiestramientos de los pilotos de la Policía que realizarían los vuelos; y los debidos permisos para poner en función una unidad aérea que le ahorraría dinero al pueblo”, destacó el legislador.
Varela dijo que “no existen garantías de que esta compañía realice la cantidad de vuelos mensuales y que no hay certezas de que, verdaderamente, surjan las emergencias médicas que justifiquen 540 vuelos al año”.
“Habría que saber si, en medio de la crisis económica que atraviesa el país, el gobierno esté dispuesto a correr el riesgo de alcanzar los casi cuatro millones de dólares por esta contratación, teniendo disponible un helicóptero, cuyos gastos serían más costo-eficientes para el pueblo”, concluyó. INS
P. Rico-El gobierno buscará alianza público privada para operar helicóptero adquirido por la pasada administración
San Juan, 21 ago (INS).- El secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario Cortés, y el secretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, anunciaron la búsqueda de una alianza público privada para poder utilizar el helicóptero que fue adquirido por la pasada administración “sin subasta y sin los permisos de operación requeridos para ambulancias aéreas”.
Rosario Cortés recordó que “el gobernador Ricardo Rosselló Nevares hace unas semanas le dio la encomienda al secretario de Salud de buscar alternativas para operar este helicóptero adquirido por cerca de ocho millones de fondos públicos”.
Y añadió: “Una investigación del representante Juan Oscar Morales y las vistas de transición sacaron a relucir que desde La Fortaleza el año pasado se dieron instrucciones para adquirir este helicóptero de manera expedita a un suplidor en particular, sin subasta pública ni un proceso competitivo”.
A su juicio, “no podemos permitir que esta negligencia del pasado impida resolver el problema, por lo que el secretario de Salud ha estado dando pasos concretos para buscarle uso a esta inversión millonaria”.
El secretario Rodríguez Mercado señaló que “la adquisición del helicóptero ya es objeto de investigaciones a nivel federal y local. A nivel administrativo, hemos estado trabajando para buscar la operación del helicóptero que se adquirió sin las licencias necesarias para operar como ambulancia aérea ni con el equipo necesario para ser certificada”.
Agregó que “el gobierno no puede usar el helicóptero como ambulancia aérea por falta de permisos y esa es la realidad. La inversión de recursos y tiempo para los permisos no son una opción viable y lo mejor es buscar alianzas con el sector privado para darles los servicios a nuestros pacientes de inmediato”.
Opinó que “esta inversión nunca se debió haber hecho, pero trabajaremos para aminorar el impacto negativo de la adquisición”.
Ambos funcionarios informaron que cinco entidades privadas han expresado interés en realizar una alianza público privada para operar la nave como ambulancia aérea.
El secretario de Asuntos Públicos informó que el director de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas, Omar Marrero, abrirá el proceso competitivo para que una entidad privada pueda utilizar el helicóptero y asumir el costo de equiparlo y así poder rendir servicios como ambulancia aérea.
De igual forma, destacó que esta entidad tendrá que prestar servicios al gobierno para transportar pacientes y generará ahorros sustanciales al Departamento de Salud.
“Lograremos recuperar la inversión original de la compra del helicóptero que es sustancial. A diferencia del pasado, este proceso será abierto y competitivo para asegurar que sirve a los mejores intereses de Puerto Rico”, sostuvo Rosario Cortés.
El secretario de Salud, en tanto, dijo que “cuando llegamos al Departamento, la empresa que le brindaba servicios a la pasada administración había expresado que no darían más servicios por falta de pagos. Aeromed fue contratada por la pasada administración por un costo de 6,100 dólares cada viaje”.
Sin embargo, “la empresa reclamaba que no le pagaban por los servicios y que no darían más servicios al gobierno por lo que hicimos un proceso competitivo de solicitud de propuestas a las dos empresas que ofrecen estos servicios en Puerto Rico y sólo Aeromed tenía los permisos requeridos”.
“A pesar de que tenían una reclamación millonaria contra la pasada administración, pudimos mantener este servicio esencial al mismo costo que la pasada administración, es decir, 6,100 dólares por vuelo. Establecer una alianza pública privada permitirá lograr ahorros en esta partida y recuperar parte de la inversión que hicieron en el 2016 sin subasta ni permisos”.
El funcionario de Salud agregó que en un documento del 17 de agosto de 2016 de la Oficina de Compras y Subastas del Departamento de Salud establece cómo la pasada administración detalló la necesidad de vuelos y la tarifa.
De acuerdo al documento dirigido con “atención especial” a la entonces secretaria de Salud, Ana Ríus, “las estadísticas demuestran que estas agencias hacen alrededor de 50 levantamientos mensuales, para un gasto total de 3.6 millones de dólares”, por lo que las críticas a la cantidad de vuelos estimados que pudiera hacer Aeromed mientras que se acuerda una alianza público privada para el helicóptero son infundadas y carecen de seriedad. INS
P. Rico-Comisionada residente presenta junto al Concilio Minoritario modelo de inversión que representaría más de medio billón de dólares en compras
San Juan, 21 ago (INS).- La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, y miembros del Concilio para el Desarrollo del Suplidor Minoritario de Puerto Rico presentaron un nuevo modelo económico enfocado en las compras a suplidores minoritarios certificados, por parte de multinacionales, en áreas de desventaja económica.
El modelo podría traducirse en medio billón de dólares adicionales en compras a suplidores minoritarios certificados en Puerto Rico, 82 millones en nuevos salarios, 1,647 nuevos empleos y 15 millones en ingresos al gobierno local, sumado a un efecto multiplicador de 1.6 billón para la isla, según el estudio de viabilidad que hizo la Universidad Interamericana.
“Puerto Rico tiene que diversificar y fortalecer la oferta de productos. Con la implementación de este modelo, convertiríamos nuestra desventaja económica en una oportunidad de crecimiento que reforzaría al sector privado al impulsar la inversión a suplidores minoritarios certificados”, dijo González Colón.
A su juicio, “esto impulsaría las compras a suplidores minoritarios, aumentará empleos generados por este concepto, generaría ingresos al gobierno de 15 millones de dólares y tendría efecto multiplicador en la economía”.
La propuesta se basaría en la declaración federal de Puerto Rico como un Distressed Industrial Zones (DIZ) para, mediante incentivos, poder promover la compra corporativa a suplidores minoritarios certificados.
Los requisitos para poder ser clasificados bajo esta zona incluyen tener una tasa de desempleo de más de un 7%, estar administrado por un ente fiscal; tener dos años consecutivos sin crecimiento económico o ser víctima de algún desastre natural. Bajo estos criterios, Puerto Rico cumpliría con tres de cuatro requisitos.
Bajo la clasificación, se trataría al DIZ igual que el modelo de zona de libre comercio o FTZ, por sus siglas en inglés; el máximo en la tasa de impuesto a corporaciones sería de 4%; exención contributiva de un 85% en dividiendo pagados a dueños de corporaciones; las compañías tendrían como requisito que el 25% de sus compras sean suplidores minoritarios certificados de zonas en desventaja económica.
Se conocería a este concepto como Supplier Diversity Economic Model (SuDEM).
El presidente de la junta del concilio para el Desarrollo del Suplidor Minoritario de Puerto Rico, José Ríos Nieves, explicó que SuDEM es un modelo diferente, porque está enfocado en el desarrollo de los suplidores, para que sean las multinacionales del futuro.
SuDEM surgió tras un minucioso proceso de análisis de la organización en conjunto con la facultad de Administración de Empresas del recinto de Bayamón de la Universidad Interamericana, sobre las opciones para crear un dínamo que marcara la diferencia y que fuese replicable.
Un suplidor se certifica como minoritario, al ser un negocio con al menos un 51% de sus dueños ciudadanos americanos asiáticos, negros, hispanos o nativos americanos. INS
P. Rico-PIP anuncia que no participará de la invitación del gobernador para realizar gestiones en Washington
San Juan, 21 ago (INS).- El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) anunció hoy que no participará de la invitación del gobernador para realizar gestiones en Washington DC, acción que la colectividad catalogó como “una peregrinación a favor de la perpetuación de la dependencia y a favor de la colonia”.
Así lo informaron en conferencia de prensa los portavoces de la PIP en Senado y Cámara, Juan Dalmau Ramírez y Denis Márquez Lebrón, respectivamente, mediante una misiva dirigida al gobernador en la que también figura como firmante el presidente ejecutivo del PIP, Fernando Martín.
“No se trata de incrementar la dependencia para salir del paso ni de volver a la muleta de los privilegios contributivos sino del reclamo de los derechos y las herramientas que pongan fin al coloniaje”, expresó Dalmau Ramírez.
Otras razones para rechazar la invitación de Fortaleza, según informaron los líderes del PIP, son “la hipocresía y la manipulación de gestar este frente unido cuando en otros escenarios ha habido consenso en el país con los que el gobierno al inicio aparentó estar a favor para luego darles la espalda”.
“No hay fuerza moral cuando se reclaman acciones conjuntas por parte de un gobierno que en los grandes consensos alcanzados en el último momento se entrega a intereses ajenos al beneficio del país”, apuntó Dalmau Ramírez.
Por su parte y a manera de ejemplo, Márquez Lebrón puntualizó que la claudicación del gobierno de Puerto Rico, a instancias de Justicia federal, de impulsar un plebiscito sin alternativas coloniales, el cambio de postura ante la prohibición por ley del depósito de residuos de carbón en los vertederos de Puerto Rico por presiones del sector privado y, más recientemente, la radicación de medidas legislativas como la imposición de un 10% a las empresas foráneas.
“Esta iniciativa de Fortaleza, además, de vergonzosa -pues una vez más se pretende mendigar prebendas en Washington- es también una hipocresía porque el llamado viene de un gobierno que hasta el momento no ha estado dispuesto a hacer frentes unidos en aquellas cosas en las que sí ha habido consenso”, finalizó Márquez Lebrón. INS
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