Resumen de noticias para el martes 8 de agosto de 2017
P. Rico-Gobierno acude al Supremo para no dar a conocer públicamente borrador de presupuesto enviado a la Junta de Control Fiscal
San Juan, 8 ago (INS).- El gobierno acudió al Tribunal Supremo con una petición de auxilio de jurisdicción con la idea de no dar a conocer el borrador de presupuesto que envió a la Junta de Control Fiscal, el cual es solicitado por el senador Eduardo Bhatia, quien afirmó: “Ya basta de querer esconder los datos”.
Tras el revés judicial que recibió en el Tribunal Apelativo el viernes pasado, el gobernador recurrió ayer al Supremo para insistir en no informar sobre los antecedentes del presupuesto presentado el 30 de abril a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
El caso que lleva Bhatia ante los tribunales busca lograr acceso a información pública.
Lo que exige el legislador es el documento original enviado el 30 de abril de 2017.
El Tribunal de Primera Instancia determinó que este documento oficial debía ser entregado en sobre sellado al tribunal.
Sin embargo, el gobernador determinó retar la orden ante el Tribunal Apelativo. INS
P. Rico-No entiende el gobierno a la Junta de Control Fiscal
San Juan, 8 ago (INS).- El secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, y el gobierno no entienden a la Junta de Control Fiscal cuando esta abre la posibilidad de que un gerente del tesoro atienda las finanzas del país.
En entrevista con la agencia Inter News Service (INS) a su salida de una reunión en La Fortaleza, Maldonado Gautier aseguró que la figura del gerente o administrador del tesoro del ELA, a nivel de la junta, “no está contemplado en el plan fiscal y obviamente la caja de hacienda ha hecho el trabajo. La junta fiscal ha certificado que estamos por encima en los recaudos”.
El titular de Hacienda afirmó también que está por encima de los $200 millones que le requirió ahorrar la junta en el plan fiscal del gobierno.
“Nos solicitaron, además, $200 millones extra en junio 30”, señaló. “Se depositó en una cuenta separada esos $200 millones”, agregó.
Explicó el ejecutivo que la junta no cuestiona el asunto de la liquidez, “lo que está cuestionando son unos proyectos de ahorro, para los cuales ya le hemos sometido la documentación amplia y robusta de que se llegaron a los ahorros y se certificaron”.
Indicó que el año pasado el gobierno tuvo entre 600 y 700 millones en ahorros. “O sea, que eso se logró”. Y en cuanto al plan, “la ejecución está en marcha”.
En ese sentido, “no es propio traer un síndico para esa área. En derecho no procede”, comentó.
“La junta y sus miembros han tomado esa posición, la cual es obviamente para ellos tener una ingerencia donde realmente estamos cumpliendo, no vemos la razón por la cual la pidieron. No entendemos la justificación ni económica ni en derecho”.
¿No la entienden?, reiteró INS la pregunta.
“No la entendemos. No estamos de acuerdo, creemos que se ha cumplido con todo lo que se ha solicitado. Nuestros libros están abiertos, hay transparencia. Ahora mismo hay visibilidad para la junta del 80% de todas las cuentas y en los próximos 90 días van a tener visibilidad del 98%. Así que no entendemos”, sostiene.
Con “visibilidad” Maldonado Gautier se refiere que la junta de control fiscal va a poder ver el efectivo que está en todas las agencias y la liquidez completa. “Ahora mismo son informes, pero en tiempo real se está mirando 80%”, aclaró.
Tampoco cree que la posible determinación de la junta, que podría ser tan pronto como en 15 días, sea una medida cautelar.
“No, porque hasta ahora los recaudos han estado al nivel requerido y por encima y además de eso las medidas de ahorro y hacer un gobierno mas eficiente se han implantado todas. Y se han discutido con ellos”. INS
P. Rico-Declara Utier la nulidad de decisiones de la JCF por inconstitucionales en demanda en el tribunal federal
San Juan, 8 ago (INS).- Los procesos de nombramiento por el presidente y el Congreso de Estados Unidos de los integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal (JCF) tienen un matiz inconstitucional, por lo que las determinaciones de este organismo son nulas, sostiene la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) en dos demandas presentadas el domingo en el tribunal federal.
El presidente de la Utier, Ángel Figueroa Jaramillo, anunció ayer el sometimiento de ambas demandas en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico en contra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), a funcionarios del gobierno puertorriqueño y a los miembros de la JCF, cuya designación en virtud de la ley Promesa es considerada ilegal.
“Al dar paso al nombramiento de los miembros de la JCF, se violentó el trámite establecido en la Constitución federal y en la que el Presidente estadounidense es quien realiza los nombramientos de los funcionarios que ejercen la soberanía federal, por lo que debió nombrarlos con el consejo y consentimiento del Senado y no mediante el mecanismo irregular que ideó el Congreso”, dijo Figueroa Jaramillo en rueda de prensa acompañado de dirigentes del gremio y los abogados Alejandro Torres Rivera y Rolando Emmanuelli Jiménez, cuyo bufete tramitó las demandas.
Aclaró que la cuestión legal no sustituye la lucha que se proponen dar en la calle ante la situación de depauperación a que empujan a los trabajadores puertorriqueños.
Emmanuelli anticipó que este caso no tiene precedente por lo que terminará en el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
“Es la primera vez que se plantea que tales acciones son nulas”, expresó el letrado.
Mientras, Torres Rivera recalcó que “si esa junta ha sido nombrada violentando disposiciones constitucionales, todas sus actuaciones son nulas, incluidas las que afectan a la Universidad de Puerto Rico, a los municipios y las aportaciones en el área de salud”.
Figueroa Jaramillo estableció que el mecanismo que obligó a escoger de listas sometidas por los líderes del Congreso choca con la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de Estados Unidos, que dispone que es el Presidente que realiza los nombramientos con el consejo y consentimiento del Senado. INS
P. Rico-Maestros excedentes serán readiestrados sin estar sujetos a períodos probatorios
San Juan, 8 ago (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares convirtió en ley varias medidas que deben mejorar la educación pública, se informó ayer.
Al firmar el Proyecto del Senado 563, del senador Abel Nazario Quiñones, se viabiliza el readiestramiento y la certificación de “maestros excedentes” en áreas de alta demanda en el sistema público de educación.
Conforme a la medida, se concede al magisterio un periodo de tres años para que se culminen los requisitos de la certificación en alguna de las áreas de necesidad sin sujetarlo a un nuevo periodo probatorio.
Además, según había anunciado el gobernador en su Mensaje de Presupuesto, los maestros que se acojan a esta Ley recibirán una bonificación de $1,000 en reconocimiento a su compromiso de adquirir nuevas destrezas y colaborar con los esfuerzos del Departamento de Educación (DE).
“Esta medida abre puertas para atender la alta necesidad de maestros de educación especial, inglés, matemáticas y ciencias mientras ayuda a garantizar el empleo de los maestros excedentes”, indicó el primer ejecutivo.
Por otro lado, de la autoría del portavoz de la Cámara baja Gabriel Rodríguez Aguiló, el gobernador firmó el Proyecto de la Cámara 1089, que persigue garantizar la continuidad de ofrecimiento de servicios educativos en la Universidad de Puerto Rico asegurando que no se desembolsen fondos públicos cuando se interrumpen sin justa causa las labores de la institución universitaria.
Mientras, el Proyecto de la Cámara 477, del representante Rafael “June” Rivera Ortega, dispone para que el DE incorpore en su programa módulos dirigidos a orientar a los estudiantes sobre las condiciones de salud que afectan el aprendizaje con el propósito de sensibilizarlos y prevenir el discrimen.
Por otro lado, el Proyecto de la Cámara 522, también de Rivera Ortega, persigue integrar los conceptos de bioética, civismo, cortesía y urbanidad en los cursos que se imparten en las escuelas del sistema público de enseñanza.
En tanto, el Proyecto del Senado 45, del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, crea el “Consejo Consultivo del Programa de Tiempo Lectivo Extendido del Departamento de Educación” con el fin de mejorar y aumentar el acceso de los escolares a oportunidades de desarrollo mediante programas antes o después del horario regular de clases. Los miembros del Consejo Consultivo ejercerán sus funciones ad honorem.
De otra parte, el Proyecto del Senado 418, también de la autoría del presidente del Senado, crea la “Ley contra el hostigamiento e intimidación o ‘bullying’ del Gobierno de Puerto Rico”, y requiere que el DE, así como todas las instituciones de educación, desarrollen e implanten un protocolo institucional para el manejo del acoso escolar.
El Proyecto de la Cámara 252, viabiliza acuerdos de colaboración para que los estudiantes del DE tengan la oportunidad de visitar y estudiar el Radiotelescopio de Arecibo.
La Oficina de Prensa de La Fortaleza informó que los proyectos del Senado 34 y 445 recibieron un veto de bolsillo. El Proyecto del Senado 34 proponía un programa para promover la creación de empleos para adultos con el Síndrome de Asperger. Los fondos federales para la creación de programas similares no permiten otorgar un trato preferencial a favor de un sector particular.
Para atender los propósitos loables de la medida, el gobernador solicitó al administrador de Rehabilitación Vocacional (ARV) que lleve a cabo una campaña de orientación para que las personas diagnosticadas con el Síndrome de Asperger, y con cualquier otra condición similar.
Mientras, el Proyecto del Senado 445 requería incluir un curso de lenguaje de señas en el currículo en todos los niveles del sistema educativo público y privado.
Al presente, esta medida es inviable ya que el proyecto no cuenta con una asignación de los fondos necesarios para su cumplimiento lo que trastocaría el presupuesto aprobado al amparo del Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal.
A pesar de que la medida no pudo ser firmada según redactada por esta razón, el gobernador, solicitó a la secretaria de Educación Julia Keleher que identifique personal y escuelas idóneas para desarrollar e iniciar un proyecto de adiestramiento en lenguaje de señas con la visión de extenderlo paulatinamente hasta lograr que impacte a toda la comunidad escolar. INS
P. Rico-“Supercontento” con el estado de las escuelas el director ejecutivo de la AEP; otro cantar son la deuda y el recobro de alquiler
San Juan, 8 ago (INS).- El director ejecutivo de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), Amílcar González Ortiz, aseguró ayer que las escuelas estarán aptas para recibir a los cientos de miles de estudiantes que la semana próxima se reportarán a las tareas escolares.
Ayer los maestros acudieron a su primer día del año escolar 2017-18.
“Estamos supercontentos porque tenemos unas escuelas estabilizadas, unas escuelas que habían estado literalmente abandonadas. Escuelas que, personalmente pude corroborar, desde el 2012 no habían visto un brochazo de pintura. Pues, nos hemos dedicado a estabilizarlas, ponerlas al día”, dijo en entrevista con la agencia Inter News Service (INS) ayer a su salida de La Fortaleza, donde participó de la reunión semanal sobre infraestructura y minutos antes de hacer un recorrido por algunas escuelas.
Alrededor de 422 escuelas, de sobre 1,000 en el sistema educativo público, están bajo las operaciones de la AEP. No obstante, afirmó que las que están bajo la Oficina de Mejoramiento de Escuelas Públicas (Omep) están igualmente en condiciones que permiten las tareas escolares.
Para lo que no mostró tanta exaltación, aunque sí aseguró que se está trabajando con altas expectativas, fue al hablar de la condición de la deuda de sobre $3,000 millones de su corporación.
Ni para lograr el repago de la deuda de alquiler de otras agencias que ocupan los edificios de la AEP.
Sobre los $3,000 millones de emisiones de deuda de esa corporación, dijo que “este es un asunto que se está trabajando internamente. En este momento no tengo detalles”, señaló de una manera que no compara con la contentura que mostró al hablar de las condiciones de las escuelas.
“Hay un equipo de trabajo que está siendo liderado por la Aafaf (Autoridad de asesoría financiera y agencia fiscal) y en ese equipo hay componentes de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la AEP, es un trabajo gubernamental en equipo que está trabajando con esa deuda que dejó… eh, que pudimos encontrar cuando llegamos a la Autoridad”, explicó.
Sobre el pago de esa deuda dijo que “estamos en ese proceso precisamente de poder discutirlo. No puedo darte el detalle porque en este momento no lo tengo”.
En torno a la deuda que tiene el propio gobierno por el alquiler de los edificios que administra la AEP, señaló que al llegar al cargo confeccionó un grupo interno “en el que hemos estado empezando a tocar las puertas de las agencias y las corporaciones públicas y créeme, porque no te puedo dar el detalle porque no lo tengo en el momento, pero han sido sumamente alentadores los resultados”.
Mientras, la repoblación de los voluminosos centros gubernamentales es un proyecto que ya cuenta con un proyecto piloto en el Centro Gubernamental de Minillas, en Santurce.
González Ortiz señaló que allí opera un centro de servicios integrados “que está atendiendo de mil a mil quinientas personas diarias”, y en el que alrededor de 60 agencias ofrecen sus servicios.
El ejecutivo reconoció que esa autoridad antes estaba enfocada “en salir del paso, construir, ubicar agencias, no cobrar y no darle el mantenimiento”.
Otros edificios bajo la responsabilidad de la AEP, además de las 422 escuelas, son cuarteles de policía, estaciones de bomberos, CDT’s, centros de gobierno, edificios de agencias, y otros.
González Ortiz defendió, a preguntas de INS, la utilidad de la agencia para esta época al indicar que puede construir y dar mantenimiento a mejores costos que los de la empresa privado. “Es pertinente”, aseguró, por su costo-efectividad, que surge de las exoneraciones en ley de impuestos y otros, los cuales se transfieren al arrendatario.
Mientras, la política pública es que todos los servicios que ofrece el gobierno deben hacerse en edificaciones públicas y no en oficinas alquiladas a la empresa privada.
Señaló que ellos emiten una certificación de que no hay disponibilidad de espacios de gobierno para que una agencia pueda hacer un alquiler privado. Mientras haya espacios públicos disponibles, no se emite la certificación, dijo. INS
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