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San Juan, 13 jul (INS).- Los legisladores Juan Dalmau Ramírez y Denis Márquez Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), anunciaron hoy la introducción de sendas medidas en el Senado y la Cámara “ante el atropello que se perpetra” desde la madrugada del miércoles con el reinicio de la disposición de cenizas tóxicas en Peñuelas por parte de la compañía AES en contubernio de la Policía de Puerto Rico por orden de La Fortaleza.
El representante Denis Márquez Lebrón y el senador Juan Dalmau Ramírez persiguen detener el depósito de cenizas de AES. Inter News Service
La decisión de presentar los proyectos de ley del Senado 600 y de la Cámara 1160 la tomaron Dalmau Ramírez y Márquez Lebrón para restituir el lenguaje eliminado de la medida original para remediar la ineficacia de la Ley 40 de 2017 al considerar que “no es más que una porquería al servicio de esta empresa carbonera”.
“Ha quedado constatado lo que anticipamos, la Ley 40 fue una ley a la medida de los intereses económicos de la empresa carbonera y no de la protección a la salud y calidad de vida de los residentes de la zona sur, en particular los de Peñuelas”, manifestó Dalmau Ramírez en rueda de prensa.
El senador del PIP emplazó, junto a su correligionario, al gobernado Ricardo Rosselló Nevares a que incluya la medida en su convocatoria a la sesión extraordinaria que ya ha anticipado.
“Si para el gobernador, que es científico y dice creer en el derecho a la salud como uno del más alto rango, que lo demuestre con acciones”, reclamó Dalmau Ramírez al reiterar que la Ley 40 de 2017 no logra el propósito de prohibir el depósito y disposición de cenizas de carbón o residuos de combustión de carbón en el país.
Los portavoces del PIP en la Asamblea Legislativa anunciaron en ambos cuerpos de una resolución (RS 366 y RC 494) para ordenar una investigación en torno a la manera en que se deposita y dispone de las cenizas de carbón o residuos de combustión de carbón en Puerto Rico, luego de aprobada la Ley 40-2017.
El representante Márquez Lebrón anunció, por su parte, el envío de una carta a la Junta de Calidad Ambiental (JCA) para requerirle que provea toda la información pertinente ante la irregularidad del horario en el que se depositaron las cenizas en la madrugada del miércoles.
“Estamos requiriendo el permiso de operación del vertedero y su horario de operación, cualquier permiso especial vigente de cambios a dicho horario y la justificación para el otorgamiento del permiso especial de existir alguno”, dijo.
También ha solicitado la cantidad de cenizas depositadas la noche del 11 de julio, la forma en que fueron depositadas o utilizadas para solidificar los desperdicios líquidos industriales, si la JCA inspeccionó esos depósitos y cualquier otro documento relacionado.
Márquez Lebrón dirigió otra misiva a la Comisión de Derechos Civiles “para que tome conocimiento público de que en la noche del 11 de julio y la madrugada del 12 de julio de 2017, agentes de la Policía de Puerto Rico utilizaron cámaras fotográficas y de video para capturar las manifestaciones espontáneas suscitadas en Peñuelas” contra el depósito de cenizas.
Esto tiene el propósito, dijo, de robustecer la querella que, junto al senador Dalmau Ramírez, presentó el 28 de abril pasado ante ese organismo por el “carpeteo cibernético”.
El senador del PIP reveló que también cursó una comunicación a la superintendente de la Policía, Michelle Hernández de Fraley, emplazándola para que brinde toda la información sobre el costo que implicó la movilización de sobre 300 agentes, escolta de motoras y patrullas a los camiones hacia y desde la planta de carbón en Guayama.
Además, uso de helicópteros, división canina, grúas de plataforma del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Fuerza de Choque y Unidad de Arrestos Especiales, entre otros, para el operativo realizado durante estos últimos tres días y los subsiguientes.
“La Superintendente tiene que explicar la justificación para la realización de un operativo sin precedentes como el que hasta el momento se continúa realizando y si en efecto se estará llevando a cabo este tipo de acciones cada vez que la carbonera AES decida enviar sus camiones a Peñuelas y Humacao, o cualquier otra parte de Puerto Rico”, plateó.
El portavoz del PIP en el Senado reclamó a Hernández de Fraley “aclarar además si la Policía continuará sirviendo de alcahuete y guarda espaldas privado de esta millonaria empresa carbonera”. INS
ndc
