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Resumen de noticias para el miércoles 12 de julio de 201
P. Rico-Gobierno empieza a notificar a acreedores sobre el Título III
San Juan, 12 jul (INS).- La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf) informó ayer que en días recientes inició el proceso de notificación formal a los acreedores del Gobierno de Puerto Rico y de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).
Las notificaciones se basan en la lista de acreedores (“creditor matrix”) que presentó la Junta de Supervisión Fiscal ante el tribunal federal el pasado 30 de junio de 2017. Dicho documento se compone de más de 10,000 páginas e incluye a más de 600,000 potenciales acreedores, entre los que se encuentran individuos, corporaciones y otras entidades.
Indicó Gerardo José Portela Franco, director ejecutivo de la AAFAF, que “durante los próximos días, todos los acreedores incluidos en el listado (sic) estarán recibiendo por correo la notificación oficial de que el gobierno y Cofina han iniciado un procedimiento de reestructuración de sus deudas conforme al Título III de Promesa”.
Esa notificación, agregó, incluye una breve explicación, en inglés y español, de los procedimientos judiciales en curso, así como otra información pertinente.
El funcionario dijo que de esa forma “se cumple con los requisitos del debido procedimiento de ley, lo que permite que los procedimientos de reestructuración ante el tribunal continúen su curso”.
A finales del mes de agosto se someterá una lista revisada, la cual, además, incluirá las cantidades que el gobierno y Cofina le deben a cada uno de los acreedores. Esa información también se le estará notificando eventualmente a cada uno de los acreedores.
Aafaf exhortó a las personas que reciban la notificación y deseen obtener información adicional, así como todos los documentos presentados hasta el momento en los procedimientos judiciales, a que visiten el portal electrónico https://cases.primeclerk.com/puertorico o comunicarse vía telefónica a los siguientes números: (844) 822-9231 (llamadas gratuitas en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico) o (646) 486-7944 (llamadas internacionales). INS
P. Rico-Defenderá en los tribunales el alcalde de Caguas nuevo impuesto contra los comerciantes, quienes se quejan
Caguas, 12 jul (INS).- El alcalde de Caguas William Miranda Torres afirmó hoy que aunque no ventilará en los medios de comunicación los aspectos legales de la Aportación Empresarial Municipal (AEM), implantada por el municipio de Caguas, la defenderá en los tribunales porque es una medida temporera que cumple con la ley, y necesaria tras los recortes millonarios del gobierno central.
“(Esta medida) nos brindará las herramientas necesarias para proteger el ambiente para la inversión y el progreso en Caguas y nos colocará en mejor posición para mantener la infraestructura y los servicios esenciales a los ciudadanos, especialmente a los más necesitados”, dijo Miranda Torres.
El alcalde explicó que el gobierno central en su plan fiscal cortó a Caguas 8.5 millones de dólares, de un día para otro, y le tiene secuestrados, a través del Banco Gubernamental de Fomento, otros 26 millones de dólares.
“Todos los que conocen de administración saben que una reducción como esta, de 34.5 millones, representa un disloque que afecta dramáticamente las operaciones municipales”, aseguró.
El alcalde Miranda Torres aclaró que “cuando pido la cooperación de todos los sectores, lo hago convencido de que estamos haciendo nuestra parte, haciendo los ajustes correspondientes, bajando el gasto y poniendo en marcha medidas de austeridad”.
El alcalde Miranda Torres hizo un llamado a la compañía Caguas Expressway Motors, así como al resto de los empresarios de Caguas a unirse a su reclamo para que la Legislatura estatal y el gobierno central le devuelvan a los ayuntamientos los fondos que le han quitado injustamente y así superar la crisis lo antes posible.
La empresa automotriz impugnó el nuevo impuesto. INS
P. Rico-Secretaria de Educación le advierte a alcalde que “vivimos en un país de ley y orden”, y debe respetar determinación de cierre de escuela
Aguas Buenas, 12 jul (INS).- Mientras el alcalde de Aguas Buenas, Javier García, permanecía ayer atrincherado frente a los portones de una escuela que debe ser consolidada, y a donde trasladó sus nuevas oficinas, la secretaria de Educación Julia Keleher le advirtió que Puerto Rico es un país “de ley y orden”.
García no acepta que se cierre la escuela sin que antes la secretaria de Educación mantenga un diálogo con él.
Keleher dijo en declaraciones escritas que “es importante tener claro que vivimos en un país de ley y orden donde debemos respetar las determinaciones tomadas. Igualmente, dejo saber que he atendido el asunto como corresponde, tanto con el alcalde, como a diversas personas de la comunidad escolar que me han llamado, escrito y visto. Siempre hay y habrá espacio para escuchar sus preocupaciones, teniendo siempre como prioridad el bienestar de los estudiantes”.
Esas, señaló, serán las únicas declaraciones que emita relacionadas con la determinación del alcalde de trasladar sus oficinas frente a la escuela Luis Santaella de ese pueblo reclamando que dicho plantel permanezca abierto.
La escuela Luis Santaella de Aguas Buenas forma parte de las escuelas consolidadas para el semestre 2017-18. Sus estudiantes serán ubicados en las escuelas receptoras Alfonso López O’Neill y la Pedro Albizu Campos de ese municipio, reiteró la secretaria.
No obstante, el alcalde García, quien pertenece al Partido Nuevo Progresista (PNP), en el poder, no aceptó la posición del Departamento de Educación.
“Apoyo que la escuela se mantenga abierta. No hemos recibido notificación oficial sobre el futuro de la escuela. En mayo me reuní con la secretaria Julia Keleher y ella se comprometió a evaluar nuestra propuesta para evitar el cierre de esta escuela. También en junio me reuní con el gobernador, Ricardo Rosselló quien ordenó reevaluar el cierre de la escuela”, sostuvo.
García Pérez aseguró que “los estudiantes de la escuela Luis Santaella pasarían a la escuela Alfonso López Oneill. Pero al presente de 146 estudiantes, solo 6 se han matriculado en la escuela receptora”.
“Se le consiguieron fondos para mantenimiento y utilidades. Tenemos programado ofrecimiento de tutorías ‘after school’ y actividades educativas con el apoyo de la comunidad y la empresa privada”, aseguró el alcalde.
Con el alcalde se solidarizaron y estuvieron presentes hoy los senadores del distrito de San Juan (al que pertenece Aguas Buenas), Henry Neumann y Miguel Romero, del PNP, asó como padres de los estudiantes del plantel en plan de cierre. INS
P. Rico-Aumentan los asesinatos, las violaciones, las agresiones y el hurto de autos
San Juan, 12 jul (INS).- Los delitos de violencia en Puerto Rico y los robos de vehículos se incrementaron en los primeros seis meses de este año comparado con la misma fecha para 2016, según estadísticas de la Policía, suministradas por el Instituto de Estadísticas.
Hubo incrementos en asesinatos y homicidios, violaciones, trata humana, y agresiones agravadas.
Para el 30 de junio de 2016 se cometieron 3,880 delitos de violencia, mientras a esa fecha en el 2017 se habían cometido 4,049, para un aumento de 169.
Hubo un aumento de cuatro asesinatos en el 2017, de 329 aumentó a 333, para un promedio mensual de 55.5, o 1.85 diario.
Mientras, las violaciones aumentaron dramáticamente, de 79 en los primeros seis meses de 2016, a 102, que arroja un promedio de 17 agresiones sexuales forzadas y no deseadas mensuales. Este es un aumento de 29.1% respecto al año pasado.
Un caso de trata humana ocurrió este año, mientras en ese mismo período el año pasado no hubo alguno, y las agresiones agravadas aumentaron en 177, de 1,774 el año pasado a 1,951.
En esta clasificación de delitos tipo I de violencia solo descendieron las cifras de robo. El año pasado, durante los primeros seis meses (enero a junio) se cometieron 1,698 robos, mientras este año se contabilizaron 1,662, una disminución de 36 delitos.
En los que sí hubo una disminución estadística apreciable fue en la clasificación de delitos tipo I contra la propiedad, y aunque no en las tres categorías, sí en dos de ellas -escalamientos, apropiaciones ilegales- aunque no en hurto de autos.
En cuanto a los escalamientos, las estadísticas señalan una baja apreciable de 971 sucesos, de 4,150 actos cometidos el año pasado a 3,179 en este 2017.
Igualmente en las apropiaciones ilegales se redujo de 12,077 (en el 2016) a 10,854 en estos primeros seis meses. No obstante, la cifra actual refleja un promedio mensual de 1,809 apropiaciones ilegales mensuales, o 60.3 diarias, que no deja de ser una cifra alta para una sociedad desarrollada.
En esta clasificación de delitos tipo I contra la propiedad reina como un problema irresuelto el hurto de vehículos.
Este año se robaron 87 vehículos más que el año pasado para ese mismo período de tiempo, es decir, 1919 versus 1,832.
La cifra arroja que, mensualmente, en la Isla los cacos se roban un promedio de 319.8 vehículos. Esto es, un promedio de 10.6 diarios.
Todas estas estadísticas, más allá de ser un problema meramente policíaco, reflejan los problemas de desigualdad social, anomia, problemas de educación, objetivos sociales, solidaridad y la carencia de oportunidades que puedan ser una alternativa al crimen y la violencia.
En estos días otras cifras indicaron el grave deterioro en la salud mental, las adicciones a sustancias controladas, legales e ilegales, y el deambulismo, asociado con problemas de adicción, salud mental y problemas financieros.
No obstante, aun con la crisis fiscal de gobierno y económica, el peso y el dólar de la política pública continúa poniéndose en los sectores punitivos -policíacos y carcelarios- y no en los aspectos de salud mental y socio-económicos donde germinan estos males sociales.
Las estadísticas para todo el país reflejan, en términos generales para los delitos tipo I, una reducción de 8.8%.
No obstante, cuando se desglosa en delitos tipo I, violencia o contra la propiedad, se revela otro estado de situación. Hubo un aumento de 4.4% en los delitos de violencia, y una reducción de 11.7% en los de propiedad, excepto en el hurto de vehículos, renglón en el que aumentó su incidencia 4.7%, como ya se indicara. INS
P. Rico-Firma el gobernador tres medidas para incentivar la economía
San Juan, 12 jul (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó ayer tres medidas legislativas con el propósito de incentivar la economía y crear nuevos empleos, con especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas (Pymes).
“En el Plan para Puerto Rico nos comprometimos con incentivar a las Pymes y a impulsar la innovación y la tecnología, (por lo que) con la firma de estas medidas seguimos fortaleciendo a Puerto Rico como un destino de inversión y fomentamos la exportación de servicios”, expresó el primer mandatario al firmar los proyecto de la Cámara 878, que enmienda la Ley 20 de 2012, y del Senado 369 y 284, que enmiendan la Ley 22 de 2012, y la Ley 73 de 2008, respectivamente.
Las enmiendas a la Ley 20-2012 permiten que más personas puedan invertir en Puerto Rico al flexibilizar los requisitos para obtener decretos, se explicó.
También se elimina el requisito de un mínimo de cinco empleados para exportar servicios desde Puerto Rico con empresas locales, lo que permite que puedan calificar las pequeñas y medianas empresas.
Faculta, además, que los médicos puedan utilizar los incentivos para ofrecer servicios de telemedicina y turismo médico, lo que hace más atractivo para ese sector ejercer su profesión en la Isla.
En la conferencia estuvieron presentes el arquitecto Ricardo Álvarez-Díaz y Cristina Villalón, propietarios de una empresa en la industria de la construcción, el diseño y la arquitectura que mediante la Ley 20 ha podido exportar servicios a Medio Oriente, Panamá y Nueva York, entre otros lugares, además de aumentar su plantilla de empleados de 7 a 15.
Las enmiendas a la Ley 22-2012 buscan que individuos residentes inversionistas aporten 5,000 anuales a organizaciones sin fines de lucro que operen en Puerto Rico, aparte de que eliminan requisitos burocráticos que entorpecían la solicitud de los incentivos que ofrece la ley, adujo el mandatario.
Por su parte, Yadira Valdivia, portavoz de los Centros Sor Isolina Ferré, resaltó que las enmiendas a la Ley 22 establecen un mecanismo formal para que este grupo pueda canalizar su sentido de responsabilidad social y contribuir al desarrollo socioeconómico de Puerto Rico mediante el fortalecimiento de las organizaciones sin fines de lucro.
Las enmiendas a la Ley 73-2008, finalmente, fomentan la inversión económica en el área de investigación y desarrollo (R&D, siglas en inglés) al permitir que empresas que operan con propuestas de fondos federales –especialmente las Pymes startups– puedan obtener los créditos contributivos que ofrece la ley.
Además, la Ley 73-2008 faculta para que el 10 por ciento del dinero que ingrese al Fondo Especial para el Desarrollo Económico (FEDE) sea utilizado para proveer incentivos especiales en el establecimiento de programas para incentivar y promover inversión en innovación, ciencia, tecnología; exportación de bienes y servicios relacionados a la innovación, ciencia y tecnología, y capacitación de pequeñas y medianas empresas.
El gobernador añadió que estas medidas se unen a otras que ya han sido aprobadas, como las enmiendas a la Ley de las Alianzas Público Privadas, el Destination Marketing Organization (DMO), Enterprise PR, la Reforma Laboral y la Reforma de Permisos, entre otras.
También indicó que ya están en vías de anunciar la Reforma Contributiva y encaminar la Reforma Energética para que la Isla vuelva a ser un atractivo de inversión para los de aquí y de afuera. INS
P. Rico-Alcaldesa advierte incursión de Contraloría responde a auditorías en San Juan
San Juan, 12 jul (INS).- La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, aseguró que la presencia ayer de representantes de la Oficina del Contralor en la Torre Municipal en Hato Rey, responde a una serie de auditorías que se realizan desde el año 2013.
“Esta mañana (ayer), cuando fui enterada del proceso, reiteré las instrucciones a todos los oficiales del Municipio de San Juan sobre nuestra política pública de colaborar al cien por ciento con cualquier requerimiento de información como parte de cualquier proceso rutinario de auditoría –como es este caso”, aclaró la primera ejecutiva capitalina.
Argumentó que “si bien es cierto, que el proceso utilizado hoy interrumpió las operaciones, y ciertamente da al traste con la confidencialidad que deben tener estos procesos, quiero dejar meridianamente claro que los manejos de todos los asuntos por parte de cualquier empleado o empleada en el Municipio de San Juan tienen que conducirse de tal manera que cumplan con los más altos estándares éticos, morales y legales”.
La alcaldesa explicó en declaraciones escritas que “desde el año 2013 la Oficina de la Contralor ha llevado a cabo múltiples auditorías en el Municipio de San Juan”, por lo que en la actualidad tienen tres auditorías en proceso.
“Una de esas tiene que ver con el Programa de Transferencia de Derechos de Desarrollo. Recordará la gente de San Juan que el paradero incierto de este dinero cobrado irregularmente y arbitrariamente bajo la administración del alcalde Santini fue investigado por nuestra Legislatura Municipal que hizo los referidos correspondientes por entender que posiblemente se podrían haber cometido actos contrarios a la ley”, explicó.
Dijo que, de hecho, “la Oficina de la Contralor investiga ese asunto desde 2014 y esperamos que pronto emita un informe para que los cientos de ciudadanos que pagaron ese impuesto sepan a dónde fue a parar”. INS
P. Rico-Gobernador designa nuevos nombramientos a junta de gobierno de la UPR
San Juan, 12 jul (INS).- Los abogados Antonio Monroig y Luis O. Berríos Amadeo fueron nombrados ayer a la junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Estos comenzarán a ejercer sus funciones de inmediato debido al receso de la Asamblea Legislativa.
El lunes, la junta de Gobierno de la UPR solicitó de forma unánime y con el voto de los representantes estudiantiles y claustrales la designación de miembros faltantes.
Monroig cuenta con una trayectoria profesional en el sector público y el privado, que incluye haber fungido como subsecretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, presidente de la Junta de la Autoridad de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico, asesor general de la Administración de Fomento Cooperativo de Puerto Rico y director adjunto de los Servicios Legales de San Juan.
Además, ejerció como educador en el sistema público de 1968 a 1971 y fue profesor en el programa de la Universidad Inter Americana en Bases Militares (Fuerte Buchanan) de 1972 a 1975. De 1976 a 1981 fue miembro del Comité Educativo de la Comunidad de Fairfax County, estado de Virginia, y de 1981 a 1985 fue miembro de la Junta de Directores de la Escuela de Derecho de la Universidad de Antioch en Washington, DC.
Monroig sirvió como presidente del Grupo de Trabajo del Presidente Ronald Reagan para asuntos hispanos y otros grupos que promueven la agenda latina en los Estados Unidos.
Además, ejerció como miembro de la Comisión de los Pequeños y Desventajados Negocios del condado Fairfax, en Virginia, y ha participado como director de varias juntas de organizaciones culturales y educativas.
Por su parte, Berríos Amadeo fue presidente de la junta de Síndicos de la UPR, ha sido un profesional destacado en el derecho y es egresado de la Facultad de Administración de Empresas.
En su carrera pública trabajó en la División de Litigios Generales del Departamento de Justicia, fue presidente de la Comisión de Servicios Público, miembro de la Junta de Relaciones del Trabajo y miembro de la Junta de Directores de la Autoridad de las Alianzas Pública Privadas, entre otras posiciones públicas y privadas.
Berríos Amadeo es coronel retirado de la Reserva del Ejercito de los Estados Unidos y ha trabajado en la práctica del derecho civil por más de 45 años.
Igualmente ha tenido experiencia en asesoría gubernamental, ejecutiva y legislativa, en pasados gobiernos.
El pasado 23 de mayo, el gobernador designó al profesor Walter Alomar Jiménez y a la licenciada Zoraida Buxó Santiago, quienes fueron confirmados por el Senado de Puerto Rico.
Alomar fue seleccionado presidente interino de la Junta y Buxó vicepresidenta. INS
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