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Santo Domingo, 10 jul (INS).- Estados Unidos inició el proceso para eliminar el visado a los imputados por el caso de sobornos de Odebrecht que están en libertad por disposición de los jueces de la Segunda Penal de la Suprema Corte de Justicia.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos tramitó la cancelación del visado de los imputados favorecidos con la excarcelación, publica hoy el periódico gratuito El Día.
Señala que para el despojo de ese documento quedan exceptuados el empresario Ángel Rondón Rijo y el ministro Víctor Díaz Rúa, quienes aún guardan prisión, y del senador Tommy Galán, quien tiene la doble nacionalidad (dominicana y estadounidense).
Tampoco se le retiró a Bernardo Castellanos, que se encuentra prófugo y en su contra está vigente una orden internacional de captura.
Conforme a lo que indica la publicación, que cita fuentes confiables, la decisión de las autoridades estadounidenses empezó a serles notificada a los afectados durante el fin de semana.
Precisó, asimismo, que un equipo de fiscales vendrá al país en esta semana para asistir a la Procuraduría General de la República en la instrumentación del expediente acusatorio relacionado con las investigaciones sobre los sobornos de Odebrechet, dentro del marco de cooperación internacional.
Comenta que estos son parte del equipo que trabajó en Estados Unidos el caso de las prácticas ilegales de la empresa constructora brasileña.
La multinacional suramericana erogó aproximadamente US$788 millones en sobornos en 12 países, incluidos Brasil y la República Dominicana, según documentos divulgados en diciembre pasado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Se recuerda que el pasado 20 de enero la compañía carioca se comprometió en un acuerdo a indemnizar al Estado dominicano con un monto de 184 millones de dólares, correspondiente al duplo de los 92 millones de dólares que la empresa admitió haber entregado en el país en soborno a empresario gubernamentales para conseguir contratos para la construcción de obras públicas entre 2001 y 2014.
Por otro lado, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo este domingo esperar que la decisión de los jueces de eliminar la prisión preventiva como medida de coerción a seis de los imputados en el citado escándalo de corrupción, no afecten las investigaciones locales, debido a maniobras que puedan realizar algunos de los involucrados con “la finalidad de obstruirlas e incluso para sustraerse del proceso”.
En una declaración escrita, el jefe del Ministerio Público dijo respetar la decisión de los jueces de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, pero reiteró sus temores de que la misma pueda afectar las investigaciones.
Rodríguez consideró que la misma decisión del tribunal de mantener medida de coerción contra todos los implicados, incluyendo prisión preventiva contra dos de ellos, es “un reconocimiento irrefutable a la calidad del trabajo investigativo realizado hasta el momento”.
El procurador resaltó que por esto la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia rechazó todas las objeciones presentadas por los abogados defensores de los involucrados contra las diligencias investigativas realizadas por el organismo de persecución penal que encabeza, incluyendo la improcedente solicitud de que fueran declarados ilegales los arrestos efectuados el 29 de mayo del presente año.
La alta corte dejó sin efecto la medida de coerción dictaminada por el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, enviando a la cárcel a diez de los imputados.
Sin embargo, la Sala Penal varió la medida de coerción de prisión preventiva a garantía económica y presentación periódica cada mes para Temístocles Montás, Andrés Bautista, Conrado Pittaluga, César Sánchez y Ruddy González, quienes saldrán libres tan pronto paguen la fianza de 15 millones de pesos dominicanos (316 mil 789 dólares).
Además, mantuvo la prisión preventiva de un año para el empresario Ángel Rondón y de nueve meses para Víctor Díaz Rúa y cambió la prisión domiciliaria por el pago de fianza a Radhamés Segura. Mantuvo el impedimento de salida contra el diputado opositor Alfredo Pacheco. INS
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