R. Dominicana-Jueza dice que el Ministerio Público tiene dificultades para probar la acusación contra los imputados del caso de corrupción Odebrecht

Santo Domingo, 9 jul (INS).- La jueza presidenta de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Miriam Germán Brito, afirmó que hay evidencias de que el Ministerio Público tiene dificultades para probar la acusación contra los imputados del caso de corrupción Odebrecht, y advirtió de que si no mejora en eso, “no tendrá éxito en un posible juicio de fondo”.

Sostiene que en el estado actual del proceso, y con lo aportado para la medida de coerción, “se aprecia una dificultad probatoria que, de no ser subsanada en el curso de la investigación”, no augura un futuro esperanzador, por el momento, del juicio a fondo.

La magistrada ofreció estos planteamientos anoche, al testimoniar sobre su voto disidente luego de que los jueces de este tribunal dispusieron la libertad de seis de los 10 implicados en el hecho, y confirmaron la prisión preventiva por un año y nueve meses al empresario Ángel Rondón Rijo y del exministro Víctor Díaz Rúa, tras conocer recursos de apelación a una sentencia anterior que ordenó la reclusión del grupo de tres meses a un año.

Se ordenó la libertad del exministro Juan Temístocles Montás, el expresidente del Senado, Andrés Bautista, Radhamés Segura, Máximo D’Oleo, el exdiputado Ruddy González y César Sánchez, y les impuso el pago de garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica por ante el Ministerio Público, como medida de coerción.

La magistrada Germán Brito dijo que su decisión le puede generar “un montón” de descalificaciones, rumores, insultos y un tuitear alevoso, “por iniciativa propia o por encargo”, pero expresó que mal juez sería ella si dejara de actuar conforme a la Constitución y las leyes y, lo que es más grave, respecto a su conciencia frente a una sentencia que considera “vulnera derechos fundamentales”.

“En mi ejercicio como juez tengo mi prenda más preciosa: un pequeño espacio en el cual soy mi propia dueña, que no se lo cedo a nadie”, indicó. Justificó la variación de la medida de coerción a los imputados por considerar que los procesados no intentaron sustraerse a las actuaciones judiciales y comparecieron, incluso, cuando fueron requeridos.

Indicó que ese argumento la obliga a examinar aspectos probatorios que no son parte de lo ordinario de una medida de coerción y que a cualquier persona mínimamente preocupada por la suerte de este proceso le atormenta el aspecto probatorio.

Dijo que la mayor parte de las pruebas que dice tener el Ministerio Público es “fruto de delaciones premiadas que se han vertido en Brasil, pero una por una no contienen afirmaciones tajantes y precisas sobre actividades de los imputados”.

Germán Brito considera que en la solicitud de medida de coerción del juez de la Instrucción de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, del 7 de junio pasado, se incluye a personas que salieron de la función pública hace 13 años, otros que no lo estaban al momento de los hechos y los hay a quienes se les atribuyen participación cuando ya no eran funcionarios.

Indicó que la decisión recurrida “desaprovecha una magnífica oportunidad para censurar la práctica de ciertas agencias ejecutivas, policiales y ministerio público, proscrita a pena de nulidad por el artículo 95, numeral 8, del Código Procesal Penal, consistente en presentar a la persona imputada en forma que lo dañe en su dignidad, que lo coloque en riesgo o daño”.

En cuanto a los señalamientos la Procuraría General de la República sobre las delaciones hechas por ejecutivos de Odebrecht, la jurista dice que “bien podría haber aportado un documento con mayor rigor, donde no se vieran situaciones como presentar un bien específico, como una vivienda como producto del lavado; lo que consta es que esa vivienda le fue incautada al propietario hace años, porque la adquirió con un préstamo y no pagó la cuota”.

Y añadió: “Hay aspectos como, por ejemplo, los aumentos patrimoniales y, en cuanto a la posible licitación de esos bienes, es un temor justificado y ante ese temor justificado debieron haberse tomado las medidas precautorias que fueran de lugar”.

“En diversos escenarios, conferencias, voto disidente, he insistido en que la teoría del ministerio público no es una prueba; es su concesión de los hechos frente a los cuales debe aportar las correspondientes pruebas y no sólo aportarlas de manera pura y simple, sino hacerlo bajo condiciones que permitan que las mismas sean controvertidas”, dijo. INS

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