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Santo Domingo, 6 jul (INS).- La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia inició la audiencia en materia de apelación seguida a los imputados por aceptar alegados sobornos promovidos en la nación dominicana por la constructora brasileña Odebrecht entre funcionarios gubernamentales y legisladores.
El proceso empezó con la presentación de las conclusiones de la defensa de Andrés Bautista, expresidente del Senado y presidente del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), que pidió que se acoja el recurso, se declare la nulidad del arresto de su cliente y sea puesto en libertad.
También solicitó que sea dejada sin efecto la medida de coerción en su contra, por haber sido presentado el recurrente a los medios de comunicación al momento de su arresto y luego en el traslado a la cárcel.
De manera alternativa, en caso que lo anterior no sea acogido, los abogados de Bautista pidieron que sea revocada la prisión preventiva y que se otorgue libertad de forma pura y simple.
Luego de la intervención, la presidenta del tribunal, Mirian Germán Brito, informó que el proceso se iba a estar conociendo hoy hasta la 7:00 de la noche y que continuaría mañana de 9:30 de la mañana hasta la 7:00 de la noche, y que si fuera necesario seguir el sábado continuaría con el mismo horario.
El tribunal, además de Miriam Germán Brito, está conformado por los magistrados Esther Elisa Agelán Casasnovas, Juan Hirohito Reyes Cruz, Fran Euclides Soto Sánchez y Alejandro Adolfo Moscoso Segarra.
El recurso de apelación fue invocado por 10 de los 14 imputados en el caso Odebrecht. Ellos son Juan Temístocles Montás, Andrés Bautista, Máximo D’Oleo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Ruddy González, Ángel Rondón, el diputado Alfredo Pacheco, Radhamés Segura y César Sánchez, quienes objetaron la decisión del juez de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, que les dictó medidas de coerción de tres mes a un año de cárcel a solicitud del Ministerio Público que había pedido un año y 18 meses de reclusión.
Cada una de estas personas fue sometida a la Justicia por supuestamente haber cometido los delitos de soborno, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Se recuerda que el 20 de enero del 2017 la compañía carioca se comprometió en un acuerdo a indemnizar al Estado dominicano con un monto de 184 millones de dólares, correspondiente al duplo de los 92 millones de dólares que la empresa admitió haber entregado en el país en soborno para conseguir contratos para la construcción de obras públicas entre el 2001 y el 2014. INS
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