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Santo Domingo, 6 jul (INS).- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, advirtió que sería un obstáculo para la continuación y profundización de las investigaciones dejar en libertad o sin ninguna medida de coerción a los 10 imputados en los casos de sobornos que la empresa brasileña Odebrecht admitió que pagó para lograr contratos de obras públicas en el país.
Rodríguez destacó que este riesgo fue entendido por el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, mediante la sentencia de medidas de coerción que dictó el pasado 7 de junio.
“A tal punto, que a los 13 imputados presentes, sin excepción, les impuso algún tipo de medida coercitiva, incluida la prisión preventiva para ocho, el arresto domiciliario para dos, así como también garantía económica e impedimento de salida para los tres legisladores involucrados”.
Explicó, además, que esa sentencia de medidas coerción dictada por el juez Ortega Polanco “es una prueba irrefutable del buen trabajo realizado por el Ministerio Público en este caso de los sobornos pagados por Odebrecht”.
Dijo que ahora está en manos de los jueces que integran la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, decidir si protegen la investigación o dejan que la misma corra el grave riesgo de verse afectada por maniobras que puedan realizar los imputados.
Rodríguez reveló que a partir de importantes hallazgos primarios obtenidos durante las pesquisas locales, la Procuraduría se ha enfocado en profundizar y ampliar más las investigaciones en el plano internacional, indicando que para ello cuenta con apoyo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Ministerio Público Federal de Brasil, así como también de autoridades de otras naciones europeas y latinoamericanas.
Manifestó que a través de estas diligencias investigativas ampliadas, en el país y en el extranjero, “el Ministerio Público dominicano logrará pruebas adicionales a las que ya posee en contra de los 14 imputados hasta el momento, evidencias que hará valer al momento de presentar formal acusación en su contra”.
El funcionario indicó que mediante la ampliación y profundización de la investigación también se persigue establecer con precisión si otras personas comprometieron su responsabilidad penal en el entramado de sobornos que la multinacional desarrolló en el país, garantizando que quien sea que resulte involucrado, tal como se ha hecho y corresponde, también será puesto a disposición de la justicia.
Reiteró que espera que los jueces que integran la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, entiendan que para proteger las pesquisas del caso “resulta indispensable mantener en prisión a los imputados que han apelado la sentencia judicial mediante la cual se les impuso medidas de coerción”.
Los imputados en el soborno de 92 millones de dólares son Ángel Rondón Rijo, César Sánchez, Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez Hernández, Juan Temístocles Montás, Máximo De Oleo, Andrés Bautista, Radhamés Segura, Ruddy González y Víctor Díaz Rúa, presos en el Centro de Reclusión y Rehabilitación Najayo Hombres, cumpliendo medidas de coerción de tres meses a un año de prisión.
También se notificó a la Interpol la solicitud de arresto de Bernardo Castellanos de Moya, quien se encuentra prófugo en Panamá.
Además se dictó orden de arresto contra los senadores oficialistas Julio César Valentín y Tommy Galán y el diputado opositor Alfredo Pacheco, quienes están protegidos por la inmunidad parlamentaria. INS
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