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San Juan, 27 feb (INS).- Las proyecciones del «US Census Bureau» para el año 2050 apuntan a que el 39 por ciento de la población en la Isla será de edad avanzada, lo que aumentará grandemente la demanda en servicios dirigidos a dicha población específica, que suele tener costos más altos y cuidados más especliazados.
La proyección se brindó durante el inicio de la evaluación del Proyecto del Senado 640, que eximiría del requisito de instalar sistemas de rociadores automáticos contra incendios a los lugares de uso residencial o institucional que comprenden las facilidades dedicadas al cuido de larga duración, tanto para adultos como para personas de edad avanzada.
La medida recomienda en su alternativa instalar un panel de alarma digital interconectada, creación de certificados de brigadas de control de incendios incipiente o establecer un plan de acción para casos de emergencias con un enfoque multi-riesgos, ya que resulta oneroso la instalación de rociadores automáticos.
Se estima que estos tienen un costo de entre 70 mil a 130 mil dólares.
En Puerto Rico hay registrados unos 983 hogares de personas de edad avanzada licenciados por el DF y aproximadamente 235 de adultos y personas de edad avanzada licenciados por el DS.
La cifra indica que habrían unas 28 mil personas recibiendo servicios asistenciales en estas instalaciones. De este total, 3,611 son costeados por el DF y 1,078 son ubicados por el DS bajo ASSMCA.
Debido a los altos costos de los rociadores automáticos, las organizaciones que representan dicho sector entienden que alrededor del 85 por ciento de los hogares tendrían que cesar operaciones, lo que redundaría en un aumento en la tasa de desempleo.
A la vista pública de la Comisión de Gobierno, que preside Jorge Navarro Suárez, asistió la administradora de ASSMCA, Suzanne Roig Fuentes, quien respaldó la pieza legislativa por entender que «es sumamente oneroso para estas entidades. Es por tal razón, que el imponerle la instalación de un sistema contra incendios tan costoso es totalmente inaccesible». Añadió que existen métodos alternativos con función similar e igualmente útiles.
Por su parte, la secretaria de Familia, Glorimar Andújar, reconoció que tras el paso del huracán María podría resultar oneroso requerir, de manera inmediata, a los centros de cuido prolongado la instalación de rociadores automáticos como medida de seguridad.
Ante ello recomendó «que se le otorgue un plazo razonable para el cumplimiento. El mismo debe de ser por lo menos de dos años. Sin embargo, otorgamos deferencia al Cuerpo de Bomberos quienes tienen el expertise para indicar cuál es el tiempo razonable y los requisitos que debe cumplir con el Gobierno a la luz de las disposiciones federales en la materia objeto de estudio por la Comisión».
A la audiencia también asistió representación del Departamento de Seguridad Pública, de la Oficina del Procurador de Edad Avanzada, de la Oficina de Gerencia de Permisos y de la Asociación de Constructores, quienes mostraron reservas con la aprobación de la pieza en discusión.
Emilio Colón Zavala, presidente de la Asociación de Constructores, recomendó que se aborde el tema en «el foro técnico y administrativo especializado que ya tiene un proceso activo de revisión de dichos códigos».
Argumentó, que se debe tener cautela con cambios a los códigos de construcción, sobre todo aquellos que están directamente vinculados con la seguridad o protección frente a incendios.
La pieza de los senadores Abel Nazario, Rossana López, José Vargas Vidot, Nayda Venegas, Luis Berdiel, Migdalia Padilla y Miguel Romero, intenta garantizar la seguridad de los residentes, así como la garantía del ofrecimiento de servicios de cuidado de larga duración y su concordancia con los requisitos de prevención de incendio de manera óptima pero sin menoscabar la viabilidad de la actual industria que provee los servicios de establecimientos de larga duración. INS
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