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San Juan, 8 ene (INS).- El representante José Luis Rivera Guerra dio “por terminado” el feo asunto captado en vídeo cuando golpeaba a un manifestante en una entrada lateral del Capitolio. El manifestante parecía tranquilo.
En esa fecha de 27 de abril de 2017 los trabajadores se manifestaban contra las leyes aprobadas que le disminuían sus beneficios y hacen más fáciles los despidos.
«Luego de la determinación anunciada hoy por el Departamento de Justicia sobre el caso, doy por terminado el asunto. Sigo enfocado en atender a mis constituyentes y trabajando con otros asuntos que afectan a los puertorriqueños, desde la Comisión de Transportación e Infraestructura en la Cámara de Representantes”, dijo el controversial político.
Rivera Guerra ya ha enfrentado la justicia antes, cuando se benefició de una conexión eléctrica en su casa en Aguadilla que fue declarada ilegal por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
La AEE había tolerado el arrimo de la casa del representante novoprogresista porque la conexión indebida no representaba un peligro para la seguridad del cliente de la corporación pública ni para los residentes en la vivienda del legislador, surgió en vistas públicas.
Rivera Guerra se enfrascó en el incidente de agresión , al que respondieron los manifestantes. Las partes involucradas presentaron las correspondientes querellas ante la Policía.
Uno de los manifestantes, Julio Vargas Cruz, se querelló contra Rivera Guerra, mientras que éste presentó una denuncia contra los también manifestantes Leopoldo Negrón Arroyo y Feliciano Tollens Quiñones.
La Oficina de la Jefa de Fiscales informó que las partes comenzaron un proceso de diálogo con miras a transar el asunto extrajudicialmente, según se le informó a los fiscales investigadores. Estos procedieron citar a las partes, dado a que las negociaciones afectaban la investigación de ambas querellas criminales.
A finales de diciembre pasado se dio la reunión de los fiscales con los abogados de Rivera Guerra y con los de Vargas Cruz, que presentaron declaraciones escritas de sus clientes, en las que manifestaban que no tienen interés en seguir el caso criminal.
La jefa de los fiscales, Olga Castellón, y la fiscal Ileana Espada entrevistaron a Vargas Cruz, y este reafirmó su deseo contenido en su declaración jurada de no continuar con su querella contra Rivera Guerra. Indicó querer terminar con el asunto, ya que también involucraba la posible radicación de cargos y procesamiento contra Negrón Arroyo y Tollens Quiñones, que son sus compañeros de organizaciones sindicales, informó hoy el Departamento de Justicia.
Por su parte, Rivera Guerra, por conducto de su abogado, manifestó que tampoco tenía interés en seguir la causa criminal contra los querellados.
“Luego de escuchar a las partes y examinar las declaraciones juradas presentadas, se determinó proceder a archivar la denuncia y la contradenuncia, y ordenar el cierre de ambas investigaciones”, reiteró Castellón.
Rivera Guerra dijo que estas serían sus únicas declaraciones sobre este asunto. No obstante, el representante tampoco ha sido muy vocal en otros asuntos, como la crisis fiscal y política en el país y las controversias éticas en el seno de la Cámara de Representantes, donde otros dos compañeros suyos han sido imputados de conducta inapropiada, incompatible con ser representante.
El gobernador Ricardo Rosselló Nevares había dicho más temprano que este caso es “totalmente diferente” al del representante Ramón Ruiz Rodríguez.
Rosselló Nevares, en una conferencia de prensa en la que anunció la entrega de vehículos para varios municipios, dijo que “son casos totalmente diferentes, ya que el de Rivera Guerra fue evaluado por Justicia y su equipo de trabajo”, tras lo cual la agencia determinó archivar el caso.
Rivera Guerra, en abril pasado, agredió al sindicalista Julio Vargas Cruz en una protesta en el Capitolio.
El mandatario aclaró que en los casos de Ramón Ruiz Rodríguez y del exalcalde de Guaynabo (Héctor O’Neill) “yo hice peticiones particulares, de que si habían hecho o no (lo que se les imputaba), de exponer sus puntos de vista. En uno se hizo, en el otro no, pero se llegaron a algunos hallazgos”.
Según el mandatario, en estos casos hizo “lo que está dentro de mi poder: solicitar la renuncia, quitar posiciones de liderato”, pero en el caso de Rivera Guerra “aquí hubo una evaluación de Justicia de manera clara y eso debe ser suficiente”.
Otro caso que investiga la Cámara es el de su exvicepresidente José “Pichy” Torres Zamora, que es señalado como un hostigador sexual que solicitó sexo a cambio de dar un empleo. INS
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