R. Dominicana-Año 2017 pasará a la historia por el despertar de los dominicanos ante los escándalos de corrupción

Santo Domingo, 15 dic (INS).- El movimiento cívico Participación Ciudadana aseguró este jueves que el año 2017 puede ser calificado como uno de los más representativos en los anales de los escándalos de corrupción y la impunidad, pero también pasará a la historia por el despertar de la ciudadanía, con renacimiento de la esperanza en que es posible edificar una sociedad mejor.
Esa es la percepción al pasar balance de los hechos que impactaron de una u otra manera a la República Dominicana durante el presente año.
Expresa que en el ámbito institucional y político las debilidades no se superan y las fortalezas no se consolidan y que el año parece haberse perdido en el intento del grupo gobernante por imponer una ley de partidos a la medida de sus intereses.
Considera que la justicia nacional “siguió siendo incapaz de renovarse a sí misma. Mientras los ayuntamientos seguían relegados cada vez con menos recursos cuando apenas se le asigna el 2.8 por ciento de los ingresos nacionales, aunque la ley indica el 10”.
Destaca que el año termina caracterizado por la reducción en el ritmo de crecimiento de la actividad económica, la continuación del incremento de la deuda pública, y por la ausencia de reformas institucionales que reduzcan los obstáculos a la movilidad socioeconómica de la ciudadanía.
El informe resalta que “a un año del tsunami provocado por los sobornos y sobrevaluaciones de la empresa brasileña Odebrecht, el sometimiento formal a la Justicia de los que fueron imputados por la Procuraduría General de la República aún está pendiente porque “todos están libres, la empresa sigue trabajando para el Estado Dominicano, y está exigiendo 708 millones de dólares adicionales para concluir las plantas eléctricas, pese a que no ha cumplido las cláusulas más importantes del convenio de delación firmado, que la obliga a entregar todos los detalles de sus operaciones ilegales en el país”, pero tampoco se lo ha exigido.
“El escándalo Odebrecht removió la conciencia de decenas de miles de dominicanos, produciendo el surgimiento de un movimiento con características y proporciones nunca visto en la República Dominicana”, agregó.
Enfatiza que el domingo 22 de enero del 2017 se escribió un nuevo capítulo en la historia de las luchas sociales, cuando decenas de miles de personas, salieron a las calles para mostrar su rechazo a la corrupción y la impunidad imperantes, iniciando una cadena de movilizaciones que se mantuvo todo el año.
Otro aspecto que detalla el reporte es el revuelo provocado por la venta en 72 millones de pesos (1,5 millones de dólares) del barrio Los Tres Brazos con sus 14 mil familias poblándolo; luego, los negocios del Consejo Estatal del Azúcar, que dejó el saldo de tres personas muertas en San Pedro de Macorís.
También, el caso del ingeniero Diandino Peña, ex director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), con contratos por más de RD$4,600 millones (95,1 millones de dólares) repartidos entre allegados y familiares; el Malecón de Nagua, una obra licitada por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. (OISOE) en el 2010 por RD$499 millones de pesos (US$ 10,3 millones)y llevada mediante adendas a RD$1,600 millones (US$ 33 millones) a favor el ingeniero Ozoria, uno de los protegidos del senador oficialista Félix Bautista; la mafia criminal de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) que cobró la vida del abogado Yunior Ramírez; y el escándalo de los equipos de la Junta Central Electoral.
Asimismo, Participación Ciudadana detalla que este año “terminó con el ruidoso fraude millonario en los precios de paridad de importación del gas licuado mediante el cual el entonces ministro de industria y comercio, José del Castillo Saviñón, facilitara desde el año 2013 ganancias superiores a los RD$10,000 millones de pesos (US$ 206, 889,417) en cinco años, a favor de varios importadores de gas licuado de petróleo”.
“El poder Ejecutivo se queda con los fondos que las leyes atribuyen a los ayuntamientos, en más de dos tercios; al Poder Judicial en la mitad; a los municipios de explotación minera, en 90 por ciento; y en gran proporción los correspondientes a la capitalización del Banco Central. Mientras el Presidente recorre el país en “visitas sorpresas”, repartiendo lo que se le niega a esas instituciones”, añadió. INS
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