R. Dominicana-Estudio revela que este año el derroche de recursos del Estado dominicano será más de mil millones de dólares y la corrupción tiene un costo de 550 millones de dólares

Santo Domingo, 19 oct (INS).- Un estudio de la organización internacional Oxfam reveló que en el Presupuesto General del Estado dominicano existen casos concretos de malgasto de recursos públicos y calculó que para el 2017, el volumen de recursos a derrochados sobrepasa los mil millones de dólares, lo cual equivale a cerca del 13% del gasto total del gobierno central.
El informe también señala que recursos serían suficientes para financiar políticas públicas urgentes de cara a la garantía de derechos a toda la población por igual.
El estudio, que lleva por título “Se buscan recursos para garantizar derechos”, explica que el costo anual de la corrupción y el uso partidario de la nómina cuyas partidas podrían reasignarse para invertirlas en educación, vivienda o salud, sectores en los que durante años la inversión pública, ha sido insuficiente. Este volumen de recursos es 3.5 veces superior al presupuesto dedicado en este año a educación inicial y más dos veces superior a lo asignado a abastecimiento de agua potable.
Para determinar estas cifras se estudiaron cinco áreas en las que se estimó que el gobierno malgasta el 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB) al año, siendo el uso político de la nómina pública (o “botellas”), la que concentra el 53% del  volumen total del malgasto.
En un comunicado de prensa, Oxfam detalla que las otras áreas identificadas van desde corrupción, entidades que duplican funciones, consejos y comisiones que no muestran actividad, uso clientelar de instituciones y gasto desmedido en publicidad y propaganda.
De acuerdo al informe, por concepto de las denominadas “botellas” existe un espacio fiscal en el año 2017 ascendente a unos RD$39,000 millones (US $ 819, 327,731), equivalente al 1.1% del PIB.
La presentación del estudio estuvo a cargo de Rosa Cañete y Rafael Jovine, autores del mismo y los comentarios fueron realizados por Pável Isa Conteras, economista; la diputada Faride Raful, y Carlos Pimentel, abogado y especialista en transparencia y la gobernanza.
“Si el estado desarrollara una auditoría para eliminar las botellas entendemos que podrían liberarse más recursos de los que reclaman a través del programa Casa Ya para financiar una política de vivienda”, dice el escrito.
Agrega que “la corrupción tiene un costo anual estimado en unos RD$ 26,000 millones (US $550 millones) o el 0.7% del PIB en 2017. Este volumen de recursos es 3.5 veces superior al presupuesto dedicado en este año a educación inicial y más dos veces superior a lo asignado a abastecimiento de agua potable”.
Por concepto de entidades que sobran, el reporte identifica indicios de duplicidades de funciones en, al menos, 77 instituciones públicas: 34 dependencias sectoriales y 43 consejos/comisiones.
En principio se trata de un estudio exploratorio y amerita que cada caso sea estudiado a profundidad pero que abre la posibilidad de un ahorro potencial de casi RD$13,000 millones (US $ 273, 109,243) equivalente al 0.4% del Producto Interno Bruto, “lo cual es casi 11 veces superior a lo asignado a vivienda social en el mismo año, así como 9 veces superior a lo previsto para servicios hospitalarios. Representa, además, más recursos que lo contemplado para todo el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología”.
En cuanto a los gastos con alto potencial de ser dispuestos para uso clientelar, como la publicidad, los viáticos o los fondos para uso discrecional del Presidente de la República se proponen medidas que tendrían un ahorro potencial de más de RD$5,000 millones (US $ 105, 042,016).
“Si este malgasto se reorientara hacia políticas públicas que garanticen derechos, el déficit que actualmente enfrenta el presupuesto público para cumplir con los objetivos que se planteó la Estrategia Nacional de Desarrollo fuera significativamente inferior”, sostiene el estudio.
Estima que de eliminarse el malgasto, se podría financiar con los recursos del presupuesto nacional el 45% de lo necesario para educación, salud, vivienda y seguridad social en el año 2020, plantea la organización. INS
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