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San Juan, 14 sep (INS).- La investigación de la firma de abogados Kobre & Kim, contratada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no tiene la intención de realizar una auditoría integral de la deuda pública, como se ha exigido, afirmó hoy el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda.
“El Frente se reafirma en la urgencia de una auditoría integral de la deuda pública, (pero) queremos dejar claro que lo que propone hacer la junta de control fiscal con la firma Kobre & Kim no es una auditoría de la deuda”, manifestó Eva Prados Rodríguez.
El martes la JSF anunció la contratación del abogado John Couriel y el bufete Kobre & Kim, de Miami, con el objetivo de investigar la deuda pública de Puerto Rico, que asciende a sobre 70 mil millones de dólares.
La portavoz del colectivo señaló que de la propia moción presentada por la junta en el tribunal federal de quiebras surge que el alcance de la investigación propuesta no implica una auditoría real, como la que han reclamado los ciudadanos.
“No sólo no se menciona la palabra auditoría por ninguna parte, sino que no se propone un análisis detallado y riguroso de cada una de las emisiones”, expuso al considerar que esto se confirma, a su vez, por la moción presentada por el Comité de Acreedores no Asegurados, donde también le dan poca credibilidad y sustancia a lo que propone el organismo establecido mediante la legislación federal Promesa.
Prados Rodríguez explicó que incluso los acreedores no asegurados afirman que la JSF sigue dilatando el proceso investigativo y de descubrimiento de prueba sobre el rol de instituciones financieras como Banco Popular y Santander.
Cuestionó la independencia y credibilidad de la firma Kobre & Kim, para llevar una investigación independiente y seria de la deuda.
“John Couriel y Kobre & Kim no son auditores ni analistas financieros; son un bufete de abogados reconocido por su amplia trayectoria defendiendo fondos de cobertura y personas sospechosas de fraude y otros crímenes de cuello blanco”, alertó Prados Rodríguez.
La portavoz señaló como una contradicción que, en lugar de contratar auditores que ayuden a fiscalía a identificar casos de fraude, la JSF prefiere contratar a los abogados que defienden a las personas acusadas de fraude.
Destacó que el Comité de Acreedores no Asegurados indicó que John Couriel admitió conocer a Carlos García, levantando ya preocupación sobre su independencia e imparcialidad.
“Exigimos se haga público los términos de la contratación de esta firma y cuánto costará al pueblo de Puerto Rico”, añadió Justo Méndez, también portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda.
Agregó que la JSF, a través de su presidente José B. Carrión III, ha sido consistente en no dar paso a una auditoría integral de la deuda pública, al punto de que han dicho que es una pérdida de tiempo y no es relevante para los propósitos de la legislación Promesa, cuál es el pago de la deuda.
“Como dice el Comité de Acreedores no Garantizados en su moción, parecería que buscan evitar a toda costa que se lleve cualquier pesquisa independiente que pueda dar luz sobre ilegalidades en las emisiones, en particular, sobre fraude por parte de las instituciones financieras que ganaron millones de dólares con nuestra crisis fiscal”, expresó Méndez.
Además del Frente de Ciudadanos, la auditoría de la deuda ha logrado el apoyo de más de 150,000 personas a través de la petición de firmas en www.auditoriaya.org y reunir el respaldo público de distintas organizaciones públicas, entre las que destacan la Asociación de Economistas de Puerto Rico, la Asociación de Economía Política, el Colegio de Abogados y Abogadas, la Sociedad Puertorriqueña de Planificación y Liga de Cooperativas.
También, Empresarios por Puerto Rico, el Movimiento Amplio de Mujeres, la Asociación de Maestros de Puerto Rico, el Instituto Caribeño de Derechos Humanos, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, la organización Vamos, Espacios Abiertos, entre otras. INS
nrm