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Mayagüez, 31 jul (INS).- Un grupo de investigadores en energía eléctrica presentó ayer a la jueza Laura Taylor Swain y a la Junta de Control Fiscal su visión para transformar la infraestructura eléctrica de Puerto Rico con la finalidad de maximizar el uso de los recursos energéticos locales: conservación, eficiencia y energía renovable.
La propuesta rechaza la estructura centralizada actual de los sistemas de generación, transmisión y distribución, así como su dependencia de plantas fósiles grandes. En su lugar, los investigadores proponen un modelo de planificación, diseño, construcción y operación del sistema eléctrico en el que los usuarios dejarían de ser consumidores pasivos y se convertirían en protagonistas.
Esto, a través de generación solar fotovoltaica en techos, comunidades solares y micro redes, programas de gerencia de la demanda y almacenamiento de energía distribuido.
“Por décadas el modelo dominante de energía eléctrica ha tenido como base las plantas grandes. Hoy la realidad mundial son otras, y en Puerto Rico, siendo un sistema aislado que no posee recursos fósiles, la viabilidad de otros modelos ocurre mucho antes que en lugares que cuentan con recursos fósiles”, explicó el doctor Eduardo Ortiz Rivera.
Los investigadores entienden que durante el período de transición del sistema actual a uno más distribuido que permita, además, el acceso a los sistemas de almacenamiento de energía a todo tipo de cliente, será necesario mantener plantas que quemen gas natural.
No obstante, proponen que dichas plantas gradualmente pasen a ocupar un rol secundario para maximizar los recursos energéticos locales; y que se usen generadores nuevos, más pequeños, eficientes y de operación flexible, pero localizados en los mismos terrenos donde están ubicadas las plantas existentes, para no impactar lugares nuevos.
Según expresan los investigadores, mantener el sistema eléctrico existente y simplemente trasladar la generación eléctrica al sector privado no constituye una solución a los problemas energéticos que enfrenta el país.
“Las colaboraciones con el sector privado tienen que ser de beneficio mutuo; no puede ser solo beneficioso para el inversionista. No hacen falta plantas nuevas en lugares nuevos. Lo mejor para Puerto Rico es usar el espacio en plantas existentes al reemplazar generadores grandes con nuevos generadores más pequeños y flexibles”, añadió.
Esto facilitaría los procesos de permisos, así como la construcción y puesta en marcha de la nueva generación. “Y, más importante, le permitirá a Puerto Rico tener una herramienta de negociación con el sector privado y lograr los mejores acuerdos posibles luego de evaluaciones transparentes de posibles propuestas privadas”, indicó el doctor Efraín O’Neill.
“Hoy tenemos una infraestructura que fue planificada y construida bajo presunciones de un modelo centralizado. Por lo tanto, es necesario replantearnos qué infraestructura eléctrica necesita Puerto Rico para maximizar el desarrollo económico y social mientras protegemos nuestro ambiente isleño”, dijo a su vez el doctor Lionel Orama.
Según explican los investigadores, al igual que en los años 1930 el ingeniero Antonio Lucchetti propuso interconectar y electrificar a todo Puerto Rico en pro del desarrollo socio-económico; ahora hace falta una revolución de escala similar pero dirigida a usar recursos energéticos distribuidos con un mercado de potencia a nivel de usuarios en la red de distribución.
Los recursos energéticos distribuidos permiten a usuarios residenciales, comerciales e industriales participar activamente en la satisfacción de sus necesidades energéticas dentro del sistema socio-técnico que es la red eléctrica.
Esto no solo implica generar electricidad renovable, sino también cambiar la forma que se usa energía eléctrica. “Si simplemente buscamos otras formas de generar electricidad, pero seguimos comportándonos igual, no alcanzaremos el nivel de madurez que requiere un sistema que maximice los recursos locales”, explicó el doctor Marcel Castro Sitiriche.
“Es vital que cada usuario asuma un uso responsable, razonable y flexible de modo tal que la red eléctrica pueda operarse con un nivel alto de recursos renovables conectados y que el servicio eléctrico tenga el menor costo posible”, añadió.
Para los científicos, Puerto Rico debió comenzar la transición al modelo distribuido al menos hace 10 años.
“En el 2007, cuando se aprueba la Ley 114 de medición neta, la AEE perdió una oportunidad de reinventarse y facilitar la adquisición de sistemas fotovoltaicos para techos de sus clientes. Puerto Rico perdió esa oportunidad, y hoy hay empresas privadas haciendo eso mismo, alquilando sistemas solares en los techos de los ciudadanos”, comentó el doctor Agustín Irizarry.
Como comparación, Hawaii, con sistemas eléctricos más débiles que el nuestro, tiene como meta lograr 100% de energía limpia para 2045. La meta en Puerto Rico sigue siendo sólo 20% (establecida en 2010).
Además de presentar su visión a la jueza Taylor Swain y a la Junta, el colectivo de investigadores insta a todos los usuarios, especialmente a las comunidades, a involucrarse en los procesos que se avecinan, incluyendo períodos de comentario público, y exigir que estas opciones distribuidas, que les benefician directamente, sean prioridad para la Junta de Control Fiscal y las considere “proyectos críticos” según definidos en la ley Promesa.
Como mínimo, los proyectos energéticos seleccionados no pueden ser impedimento sino complemento para lograr una generación distribuida basada en paneles fotovoltaicos en techos.
“Es importante que en el contexto de la quiebra del gobierno y de la AEE se puedan establecer estrategias de revitalización social y económica a largo plazo. Sin visión a largo plazo, se afectarían los servicios esenciales para el pueblo de Puerto Rico, se reduciría la cantidad que se puede destinar para pagar la deuda y se limitaría por más tiempo el acceso a los mercados de inversión de capital”, concluyeron los investigadores. INS
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