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San Juan, 23 jul (INS).- El representante José Enrique “Quiquito” Meléndez presentó un proyecto de ley para establecer como política pública del gobierno de Puerto Rico el repudio de todo tipo de relación comercial con empresas que mantengan vínculos de negocios con el Poder Público Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
Esto, como parte de la condena a recientes acciones tomadas por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el Tribunal Supremo de Justicia que han violentado la Constitución del país y los derechos democráticos del pueblo al violentar el poder legislativo de la Asamblea Nacional y conceder poderes adicionales al presidente.
“El pueblo de Venezuela está viviendo un infierno provocado por las acciones unilaterales y anti-democráticas del presidente Maduro. Su apetito por mantener un control totalitario sobre el país hermano ha violentado la Constitución, limitado la democracia y violado los derechos humanos de su gente”, resaltó el político del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Agregó que “Puerto Rico, como un pueblo que atesora la democracia, no puede hacerse eco de esas acciones y mucho menos mantener negocios con personas o empresas que apoyen o toleren, a través de relaciones comerciales, al gobierno de Maduro”.
Meléndez Ortiz explicó que la legislación propone que ninguna empresa que desee hacer negocios con el gobierno de Puerto Rico, incluyendo su compañía matriz, subsidiaria o afiliada, ni sus correspondientes oficiales, directores y accionistas, podrán tener vínculos de negocio con el Poder Público Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
A tales efectos, se enmendarían la Ley de Alianzas Público Privadas y el Plan de Reorganización de la Administración de Servicios Generales de 2011 para que reflejen la política pública.
Las acciones tomadas por el Poder Público Nacional de la República Bolivariana de Venezuela han sido censuradas por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la inmensa mayoría de los países latinoamericanos.
Catorce países americanos han exigido al gobierno de Nicolás Maduro un calendario electoral y la liberación de “presos políticos” en una declaración conjunta. Además, la mayoría de los miembros de la OEA han solicitado a Venezuela un plan para restablecer el funcionamiento democrático lo antes posible.
El proyecto de ley presentado apoyaría las posiciones de los países miembros de la OEA al repudiar todo tipo de relación comercial con empresas locales, nacionales o internacionales que mantengan vínculos de negocios con el gobierno de Nicolás Maduro.
El estado de Florida también anunció su intención de prohibir hacer negocios con organizaciones que apoyen el régimen de Maduro.
“La crisis que viven nuestros hermanos venezolanos es una de las tragedias más grandes del siglo XXI. Es imperativo que se restablezca la democracia para que los venezolanos puedan vivir en armonía y prosperar. Puerto Rico siempre defenderá los derechos humanos en toda América”, concluyó el representante. INS
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