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Mayagüez, 10 jul (INS).- La Asociación de Profesoras y Profesores del Recinto Universitario de Mayagüez (Aprum) demandó en el tribunal federal bajo el Título III de Promesa a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, por considerar ilegales los recortes a la Universidad de Puerto Rico (UPR) consignados en el presupuesto impuesto al país y la validez del Plan Fiscal certificado.
“La Universidad de Puerto Rico es uno de los servicios esenciales que ofrece el gobierno de Puerto Rico a la población y constituye, además, un instrumento de inversión indispensable para promover el crecimiento económico del país”, expresó el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, quien junto a Yasmin Colón Colón representa a la Aprum en el pleito.
En la acción judicial, sometida el domingo, se identifica como demandados por la JSF a su directora ejecutiva, Natalie Jaresko, y por el gobierno se incluye al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), Gerardo Portela Franco; al secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, y al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), José Marrero Rosado.
Los licenciados Emmanuelli Jiménez y Colón Colón argumentan en el procedimiento adversativo presentado ayer ante el Tribunal Federal de Distrito en San Juan, bajo el Título III de Promesa, que el presupuesto impuesto para el año fiscal 2017-2018 y el plan fiscal certificado por la JSF viola varias de las disposiciones de la ley Promesa.
“Así lo reconocieron recientemente el Presidente de la JSF, José B. Carrión III, y otros funcionarios del gobierno”, añadió el letrado.
Además, el secretario de Comercio y Exportación, Manuel Laboy, incluyó a la UPR, en particular al Recinto de Mayagüez, como un socio indispensable en diversas iniciativas de desarrollo económico para el país.
La demanda radicada por la Aprum se sustenta en estudios de reconocidos economistas del país, especialmente Alfredo González y José Alameda, cuyas expertas investigaciones demuestran que la recuperación económica del país y la capacidad de recaudos del gobierno puertorriqueño dependen directamente de una sostenida y adecuada inversión en la UPR.
Los propuestos recortes a la UPR tendrán, según los estudios, graves consecuencias para la población y para la capacidad de pago de la deuda pública de más de 70 mil millones de dólares que exigen los acreedores.
El presidente de la Aprum, Marcel Castro Sitiriche, añadió que “la UPR es un servicio esencial y, como tal, está protegido, bajo la ley Promesa”.
“Es esencial para aquellos que dependen de su oferta educativa de calidad, de los que se benefician de sus múltiples programas de extensión, de los que se atienden en hospitales donde labora su facultad médica y de los que cuentan con servicios como la Red Sísmica para su seguridad”, expuso Castro Sitiriche.
La UPR es, además, imprescindible para poner en marcha la economía del país, por lo que “a los acreedores, les debe preocupar tanto como a nosotros la defensa de la Universidad”, afirmó el presidente de la Asociación de Profesoras y Profesores del RUM.
La demanda exige que se proteja a la UPR como un servicio esencial al país, que se invalide el plan fiscal por amenazar su estabilidad fiscal y que se enmiende el presupuesto aprobado para el año fiscal en curso para que se garantice la continuidad de los servicios educativos y su impacto como motor de vitalidad económica y movilidad social de las clases desventajadas del país. INS
ndc